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English version available here. Comisionados: Dinah Shelton, Rosa María Ortiz, José de Jesús Orozco Henríquez Estado: Peru La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró audiencia temática con el fin de discutir la implementación del nuevo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el Perú. Esta audiencia se realizó luego de un informe sobre la situación general de los derechos humanos en el Perú, realizado por la CIDH en el año 2000. El informe sugiere que el Coordinador Nacional del Perú para los Derechos Humanos (CDDHH), una entidad no gubernamental, sea apoyado. Perú aprobó la Ley 29.809 la cual regula la organización y funcionamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en diciembre del 2011. Los representantes de los Estados discutieron cómo el nuevo Ministerio y la legislación propuesta tienen por objeto promover la protección de los derechos humanos, incrementar el acceso a la justicia, y proteger a los grupos vulnerables en el Perú. Para ilustrar dichos esfuerzos, el gobierno expuso cómo un recién creado Viceministerio promueve el acceso a la justicia a través de defensores públicos, servicios legales gratuitos, y la resolución alternativa de conflictos. El vice-ministerio también explicó los avances en el Plan Nacional de Derechos Humanos, el cual estará terminado en marzo del 2013, para garantizar que la protección de derechos humanos en Perú esté acorde a normas internacionales, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el informe del año 2009 sobre seguridad ciudadana y derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos, y declaración de las Naciones Unidas de 1985, sobre los principios básicos de justicia para las victimas del crimen y de abuso de poder. El Plan Nacional tiene por objeto asegurar que las víctimas tengan acceso a la justicia y se les proporcione asistencia material, médica, social y psicológica. Además, para las víctimas de daños específicos (tales como el abuso sexual), el Plan Nacional proporcionaría programas suplementarios de asistencia jurídica diseñados de acuerdo a las necesidades particulares de dichas víctimas. La nueva ley también creó la Dirección General de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia, la cual supervisa y promueve el acceso de las victimas a defensores de oficio, a conciliación extrajudicial, y al uso de la resolución alternativa de conflictos. Esta nueva ley también implementa en numerosos distritos judiciales, la Dirección de Asistencia Jurídica donde veintinueve defensores públicos, proporcionan servicios gratuitos a las victimas que incluye además atención por parte de personal calificado y un programa de asesoría telefónica. Debido a que el programa es relativamente nuevo, el Estado señaló que espera que en el futuro el gobierno peruano esté en capacidad de ampliar el área de cobertura para servicios legales gratuitos, evitar casos de re-victimización, mejorar el tiempo de respuesta de los casos, brindar mayor atención especializada a grupos como el de mujeres y los niños, e  incrementar la confianza de la sociedad civil hacia la defensa pública evitando casos de impunidad En respuesta a la presentación realizada por el Estado, los Comisionados expresaron su preocupación acerca de la capacidad de los nuevos programas para asumir la alta carga de trabajo, así como el nivel de experticia que requería el grupo de trabajo para atender grupos como víctimas de violación, niños, niñas y adolescentes. La Comisionada Dinah Shelton indagó sobre la necesidad de equilibrio de género entre los defensores públicos como un indicador de la diversidad entre aquellos que prestan los servicios. También dijo que un número igual de mujeres y hombres defensores sería una manera adecuada de satisfacer las necesidades de los grupos, como el de las víctimas de violación. Los representantes de Perú estuvieron de acuerdo con las preocupaciones expresadas por los comisionados y aseguraron que el Estado peruano respondería a estas inquietudes una vez que tuvieran acceso a las bases de datos disponibles que demuestren la experiencia laboral y género de los defensores públicos. El Human Rights Brief agradece a Martha Mosquera por su colaboración en la traducción de este resumen.