Derecho a la libertad de expresión en Venezuela

CC image courtesy of Daniel Prieto on Flickr

English version available here.

Comisionados: Tracy Robinson, Felipe González, Catalina Botero (Reportera Especial para la Libertad de Expresión)

Peticionarios: Asociación Civil Espacio Público / Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) / Colegio Nacional de Periodistas (CNP) / Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP)

Estado: República Bolivariana de Venezuela

Tanto el Estado de Venezuela como los peticionarios estuvieron de acuerdo que la libertad de expresión existe en Venezuela. Sin embargo, este fue el único hecho sobre el cual estuvieron de acuerdo las partes durante la audiencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre el Derecho a la Libertad de Expresión en Venezuela el 2 de noviembre de 2012.

Los peticionarios, representados por Silvia Allegret, la Presidenta del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Marco Ruíz, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), y Carlos Correa, Director de la organización no gubernamental (ONG) Asociación Civil Espacio Público, presentaron dos argumentos principales con respeto a la violación de la libertad de expresión en Venezuela: el Estado limita el acceso a la información pública y obstaculiza el acceso a la justicia para miembros de la prensa que han experimentado limitaciones o amenazas a sus libertades. Los peticionarios dijeron que el gobierno restringe el acceso de periodistas a información pública al ofrecer acceso sólo a periodistas con cobertura favorable al gobierno, hecho que impide la participación activa de la sociedad civil en eventos gubernamentales y acceso a funcionarios públicos. Los peticionarios hablaron de como la opresión contra periodistas empeora durante periodos de elecciones y presentaron estadísticas sobre la cantidad y los tipos de reclamaciones presentadas, notando que las reclamaciones más comunes tienen relación con la censura y la intimidación. Los peticionarios dijeron que estas violaciones se caracterizan por impunidad gubernamental, que impide el acceso a la justicia y legitima la violencia contra periodistas y los medios.

Los peticionarios dijeron que el Estado no ha respondido a los periodistas que llevaron preguntas o reclamaciones sobre la restricción de su libertad de expresión. Los peticionarios citaron el Artículo 57 de la Constitución Venezolana, que prohíbe la censura, y el Artículo 143, donde dice que los ciudadanos tienen derecho a estar informados sobre la administración pública para apoyar sus reclamaciones. Sin embargo, los peticionarios notaron que cuando los periodistas intentan llevar sus reclamaciones contra el gobierno, se rechazan sus casos por motivos de procedimiento, hecho que impide una resolución justa de sus reclamaciones sobre los méritos. Los peticionarios abogaron por una cultura de transparencia para informar adecuadamente y completamente al público y responder a peticiones para obtener información, notando que la sociedad civil ha pedido una ley sobre la información pública transparente, pero todavía no se ha hablado del proyecto de ley. Los peticionarios concluyeron su presentación con pedir que la Comisión prosiga sus reclamaciones específicas contra el Estado, así como el incumplimiento del Estado sobre los mandatos previos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión sobre la violencia contra periodistas.

El Estado fue representado por Luís Britto Garcia, un escritor venezolano y consejero del Presidente Chávez, y Germán Saltrón, el representante venezolano a la CIDH. Britto dijo que a las reclamaciones de los peticionarios les falta substancia, comentando con sarcasmo que, a pesar de que se enseña a los periodistas a dar el “quién, qué, cuándo, cómo y por qué,” los peticionaros no dieron ningún ejemplo concreto de la violación del Estado al derecho de los periodistas a la libertad de expresión. Britto dio varios ejemplos de titulares presentando a la administración de Chávez como tiránica y dictatorial como prueba de que hay libertad de expresión amplia en Venezuela. Comentó que no hay una norma de derechos humanos que exige acceso sin límite a la información gubernamental para todos los periodistas, y afirmó que el conglomerado de medios de la oposición tiene consecuencias peligrosas para la libertad de expresión en Venezuela. Britto dijo que el sector privado controla 94% de los medios de comunicación audiovisuales y radiofónicos, que representan una fuerza oposicional permanente contra el gobierno que ha sobrepasado partidos políticos actuales y que no se puede quitar de su puesto por votación.

Catalina Botero, Reportera Especial para la Libertad de Expresión, comentó que titulares anti-gubernamentales como los de Venezuela son comunes en toda la región, y que donde hay libertad, hay tanta prensa buena como prensa mala. Ella preguntó por el estatus de las investigaciones gubernamentales sobre las reclamaciones de los periodistas, el estado de los casos criminales contra periodistas, avances en acceso a la información y que quiere decir el Estado cuando se refiere a “hegemonía de comunicación.”

Los peticionarios respondieron diciendo que su afirmación nunca ha sido que no hay libertad de expresión, sino que el gobierno restringe el acceso de periodista sobre una base discriminatoria. Los peticionarios rebatieron la afirmación de Britto sobre que sus reclamaciones faltan substancia, explicando que sus propuestas escritas contienen evidencia de casos y víctimas particulares, pero su presentación oral en la audiencia fue más general. Los peticionarios reiteraron su reclamación de que no se contesta sus peticiones para documentos e información gubernamentales.

Britto felicitó a los peticionarios cáusticamente por haber “confesado” finalmente que hay libertad de expresión en Venezuela. Britto negó que el gobierno esté llevando algunos casos criminales contra la prensa, y explicó que “hegemonía de comunicación” se refiere al hecho de que el sector privado controla 94% de los medios de comunicación. A la conclusión de la audiencia, Saltrón se presentó ante los Comisionados con una pila de periódicos con titulares difamatorios contra el gobierno como prueba de la libertad de expresión en Venezuela.

El Human Rights Brief agradece a Michaela Spero y a Alejandro Díaz Blánquez por su colaboración en la traducción de este resumen.

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