Derechos de los Migrantes y Trabajadores Agrícolas en Estados Unidos

Foto cortesía de Matthew Lopas

English version available here.

Comisionados: Rosa María Ortiz, Rodrigo Escobar Gil, Tracy Robinson, Felipe González

Peticionario: Robert F. Kennedy Center for Justice & Human Rights y, Coalición de Trabajadores de Immokalee, Rural & Migrant Ministry.

Estado: Estados Unidos de América

Abogados que representan a trabajadores agrícolas migrantes en Estados Unidos y representantes del gobierno estuvieron de acuerdo sobre la necesidad de proteger los derechos humanos de esa población vulnerable en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 2 de noviembre del 2012. Sin embargo, las dos partes declararon desde diferentes perspectivas. Por su parte, el gobierno enumeró el gran número de servicios que ofrece y por otro lado las organizaciones peticionarias hablaron de la ineficacia de los programas de gobierno. Con el fin de reducir la brecha entre ambas perspectivas la delegación de EE.UU., encabezada por la Embajadora Carmen Lomellin, Representante Permanente de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, se mostró receptiva a la petición de uno de los peticionarios, el Robert F. Kennedy Center for Justice & Human Rights (RFK Center), respecto a que la Comisión lleve a cabo una visita al país para evaluar la situación.

Los peticionarios fueron convocados por el Centro RFK pero incluyeron a representantes de organizaciones que trabajan en las comunidades de migrantes en Florida y Nueva York. Wade McMullen, abogada del Centro RFK, leyó la declaración de Kerry Kennedy, Presidente del Centro RFK, quien no pudo asistir debido al Huracán Sandy. Mediante la declaración expuso la historia de maltrato que los trabajadores del campo son víctimas, como un vestigio del racismo de jure contra los negros en el Sur, y presentó un resumen de las cuestiones de derechos humanos que enfrentan los trabajadores agrícolas con y sin estatus migratorio legal. La declaración de Kennedy argumentaba que Estados Unidos no estaba cumpliendo con las obligaciones previstas en sus tratados, incluyendo las obligaciones vinculantes en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, especialmente en lo que respecta al trabajo infantil y el abuso sexual y físico de la mujer. Su declaración señaló que “cada mujer con la que hablé había sido abusada sexualmente, acosada o maltratada por su jefe.”

Respecto a la violencia contra las mujeres migrantes, Librada Paz, de Rural & Migrant Ministry de Nueva York, señaló que ella misma fue un trabajador migrante durante más de una década, ya que comenzó a los quince años de edad. La audiencia creció emocional cuando contó que ella misma fue víctima de violaciones de derechos humanos, pero que se sentía avergonzada y temerosa de denunciar esto. En su presentación, dijo que las violaciones de derechos humanos y las condiciones de trabajo, hacían que muchos trabajadores extranjeros tuvieran miedo de denunciarlas cuando se les “negaba la decencia más básica en su lugar de trabajo.” La inseguridad en el lugar de trabajo también era algo preocupante, indicó Lucas Benítez, de la Coalición de Trabajadores de Immokalee, quién habló de las condiciones peligrosas de trabajo a las que se enfrentan los trabajadores y su incapacidad para organizarse. Dijo que los trabajadores migrantes no pueden proteger sus propios derechos porque los grandes compradores corporativos bajan el precio de los productos agrícolas que trabajadores recogen y los trabajadores son incapaces de impulsar una mayor compensación por su trabajo.

En representación de Estados Unidos, la Embajadora Lomellin estuvo acompañada de un contingente de varias agencias gubernamentales. La Embajadora señaló a los Comisionados que Estados Unidos “se toma muy, muy en serio las audiencias temáticas de la Comisión”, y afirmó que “la protección de los trabajadores agrícolas migrantes es vital para los EE.UU. y su economía” y “toca los valores de nuestra sociedad “. Tras su declaración, Michael Hancock, el Administrador Auxiliar de la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo, señaló cómo varias agencias gubernamentales tratan de responder a las necesidades de los trabajadores migrantes. Estos esfuerzos incluyeron intentos de su departamento de hacer cumplir las leyes sobre el pago de salarios y otros temas laborales, independientemente de la condición migratoria de los afectados. Asimismo, informó sobre la iniciativa presentada por su departamento y la Agencia de Protección del Medio Ambiente respecto al control de plaguicidas. Señalo la labor de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en la vigilancia de la discriminación o acoso sexual. Lisa Ramírez, Directora de Programas de la Oficina de Educación Migrante del Departamento de Educación, presentó las iniciativas del gobierno para brindar educación a los niños desde primaria hasta la universidad.

A pesar de estar de acuerdo respecto a la vulnerabilidad de los individuos, los peticionarios señalaron que aunque la lista de iniciativas es impresionante, no se traducen en la protección de los derechos de los migrantes. Paz y Benítez dijeron que el miedo a las represalias o deportación lleva a los trabajadores a no decir nada o decir lo que los empleadores quieren que lo hagan. McMullen señaló que el problema se agrava porque los proveedores de servicios legales a menudo se les niega el acceso a los trabajadores. Dichos temas fueron de particular interés para los miembros de la Comisión, que expresaron su interés para realizar una visita al Estado. Felipe González, quien también es el Relator de los trabajadores migrantes, dijo que estaba especialmente preocupado por el acceso a la justicia de los trabajadores, en particular los que no tienen estatus migratorio legal, y cómo los programas sugeridos por el Estado se aplicaría a ellos.

El Human Rights Brief agradece a Isabel Erreguerena por su colaboración en la traducción de este resumen.

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