Demandantes: Fundación Myrna Mack / Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho (FESPAD) / Asociación de Organismos No-Gubernamentales (ASONOG) / Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) / Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) / Fundación para el Debido Proceso (DPLF) / Alianza Ciudadana Pro-Justicia de Panamá

Gobiernos: Panamá, El Salvador, Guatemala and Nicaragua

Comisionados: José de Jesús Orozco Henríquez, Dinah Shelton, y Rosa María Ortiz

Las naciones latinoamericanas han sufrido por la escasez de independencia judicial y las ONGs a lo largo de la región han comenzado a analizar los casos en éstos países con la finalidad de fortalecer el estado de derecho en Centroamérica. El primero de noviembre del 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) organizó una sesión en la que se discutió el tema de la actual situación de indepencia judicial en América Central. Los temas más comunes en los países incluyen: poca transparencia en los procesos de selección de jueces, influencia política en los nombramientos, falta de respeto básico a los derechos humanos y la necesidad de fortalecer las instituciones legales. A menudo, los representantes mencionaron que los funcionarios a cargo son incapaces de nombrar a los jueces mejores calificados, prefiriendo favoritismos políticos. Los representantes también señalaron que la falta de transparencia tiene un impacto negativo en la confianza de los ciudadanos.

La Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho (FESPAD), una ONG en El Salvador, indicó que dicho país a tenido muchos problemas para nombrar imparcialmente a jueces de la Corte Suprema debido a la tremenda presión política que el partido de gobierno impone sobre ellos. El demandante señala que el Congreso rechazó la propuesta presidencial para el nombramiento de jueces en la Corte Suprema porque determinó que el proceso de selección careció de transparencia, declarándolo inconstitucional. Como respuesta, el presidente nominó a todos los jueces y les extendió el plazo en sus cargos. De acuerdo a los representantes, ésto representa un exceso de los límites que impone la constitución sobre los poderes del presidente en cuanto a nombramientos. La FESPAD mencionó que no existe una manera efectiva de seleccionar a los mejores candidatos salvadoreños para puestos judiciales en la Corte Suprema y en el gobierno debido a la gran presión política puesta sobre los jueces para dictaminar basados en motivos políticos en vez de la interpretación imparcial de la ley.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), una ONG en Nicaragua, resaltó la falta de profesionalismo en la Corte Suprema en éste país. Los jueces son elegidos como consequencia de negociaciones políticas y a menudo votan de acuerdo a intereses partidarios, lo cual determina a los candidatos para las posiciones judiciales en el país. El CENIDH indicó que los Sandinistas, el partido social demócrata en poder en Nicaragua, elige jueces en grupo en vez de hacerlo individualmente, efectivamente violando la Constitución. Como resultado, muchos de los magistrados actualmente ya han excedido su plazo oficial para el cargo. El presidente Daniel Ortega ha sancionado este abuso que es una amenaza a la democracia. De acuerdo al CENIDH, estas influencias políticas obstruyen la capacidad de decisión de los jueces, basando sus decisiones en razones políticas en vez de cuestiones de fondo: las violaciones a los derechos humanos son una consequencia clara como resultado de ésta situación.

La Fundación Para El Debido Proceso Legal (DPLF), una ONG basada en Washington D.C. que sigue de cerca el caso en Guatemala, está de acuerdo con los problemas planteados por las otras organizaciones y añade que los jueces se encuentran con incentivos perversos para acceder a los puestos más altos. Este impedimento para nombrar a jueces calificados está basado en la politización de los nombramientos y el alto nivel de violencia que estos jueces deben de enfrentar cuando asumen posiciones de poder. La falta de transparencia impide el desarrollo del sistema legal y permite que jueces poco calificados sean aprobados por entidades políticas careciendo de los requerimientos normativos de referencia.

La Alianza Ciudadana Pro-Justicia de Panamá indicó que el sistema judicial panameño sufre de altos niveles de corrupción y de falta de profesionalismo, lo cual ha resultado en la pérdida de confianza en las autoridades por parte de la ciudadanía. Escándalos de sobornos a altos magistrados en los años 2002 y 2005 dañaron más aún la imagen de la Corte Suprema, la cual continúa teniendo problemas de opiniones parcializadas, corrupción, y falta de jueces calificados. Como resultado, la organización ha determinado que los abusos en contra de el habeas corpus, los derechos humanos, y el estado de derecho en Panamá continúan y que las deficiencias en la  Corte Suprema le impiden proteger dichos derechos.

Los estados miembros representados recomendaron un estándar de referencia para las calificaciones judiciales para todos los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA); asistencia técnica proveniente de la OEA para determinar la legitimidad del proceso de selección, y poner énfasis en la importancia del profesionalismo en los estados miembros. El CENDIH pidió a la CIDH analizar las violaciones a la constitución en Nicaragua con respecto al proceso de selección de jueces.

Los comisionados solicitaron mayor detalle con respecto a casos específicos y agradecieron a los demandantes por sus contribuciones. Los demandantes aceptaron colaborar en conjunto para determinar el método más efectivo para proceder con los esfuerzos destinados a mejorar el proceso de selección de jueces en Centroamérica.

El Human Rights Brief agradece a Javier Arana López por su colaboración en la traducción de este resumen.