Comisionados: Dinah Shelton, José de Jesús Orozco Henríquez, Felipe González, Rose-Marie Belle Antoine.

Peticionarios: Universidad San Francisco de Quito, Norwegian Refugee Council.

Estado: Ecuador

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió el testimonio sobre las dificultades legales y vulnerabilidades de los solicitantes de asilo y refugiados en Ecuador el 2 de noviembre del 2012. Ecuador tiene la mayor concentración de refugiados en América Latina.  Los peticionarios iniciaron con una presentación a cargo de Juan Pablo Albán, profesor de derecho y director de la clínica de la Universidad San Francisco de Quito, quien declaró que esperaba abrir un diálogo con el Estado en cuanto a la necesidad de crear nuevas políticas que facilitan las solicitudes de asilo de manera oportuna.

El Sr. Alban señaló que aunque la Constitución de 2008 de Ecuador protege a los refugiados y solicitantes de asilo, las disposiciones no han sido completamente implementadas. Reconoció algunos avances (por ejemplo, que más funcionarios puedan procesar cabalmente las solicitudes de asilo), y señaló que la Constitución de Ecuador es la primera  en América Latina en incluir la protección de “personas en situación de movilidad humana.” Sin embargo, Albán llamó la atención sobre la disparidad entre la ley y su implementación, haciendo particular hincapié en el Decreto Ejecutivo 1182, que regula el derecho a la vivienda. Argumentó que el decreto es problemático debido a que su definición de “refugiado” se deriva de la Convención sobre Estatuto de los Refugiados de 1951, haciendo caso omiso de la Declaración de Cartagena, mediante la cual los países latinoamericanos establecieron una definición regional de acuerdo con el contexto migratorio de América, y las directrices de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Albán también argumentó que el proceso de solicitud de asilo en Ecuador es innecesariamente complicado y de difícil acceso, llamando la atención al plazo de 15 días después de la entrada al país para que el solicitante requiera asilo. También señaló el importante descenso en el número de solicitudes recibidas. Asimismo, indicó que incluso cuando los individuos presentan la solicitud dentro del plazo, el proceso ofrece pocas oportunidades para la apelación. Por otro lado, Albán indicó que el gobierno ecuatoriano está revocando el reconocimiento de refugiados de algunas personas “con una frecuencia cada vez mayor, con criterios que van más allá de la Convención de 1951, de la cual Ecuador es un Estado Parte además de que ha ratificado el Protocolo de 1967.”

En cuanto al efecto que el régimen jurídico tiene en la vida de las personas, Albán discutió la creciente estigmatización que los refugiados y solicitantes de asilo están viviendo dentro de la sociedad ecuatoriana. Aclaró que él no creía que este problema era responsabilidad del Estado sino que de la sociedad en su conjunto. Albán propuso al Estado responder mediante la creación de un marco de protección absoluta para las personas que lo requieran. Asimismo, solicitó formalmente a la Relatora de la CIDH sobre los Derechos de los Migrantes realizar una visita para confirmar las acusaciones.

Representando a  Ecuador, José Sandoval, Director de los Refugiados, respondió que la política del Estado para refugiados se basa en la Convención de 1951 y realizó una revisión de las definiciones de refugiados de la Convención. Señaló que la Constitución de Ecuador reconoce y garantiza los derechos de los migrantes en general-incluyendo el principio de no devolución, que protege a una persona en determinadas circunstancias de ser devueltos a su país de origen. Entre estas circunstancias se encuentran cuando la vida del individuo o su libertad peligre. Asimismo, destacó la larga historia de su país de aceptar refugiados. En respuesta a la preocupación de Albán respecto al Decreto Ejecutivo 1182, Sandoval declaró que fue diseñado para consolidar varias  disposiciones y crear un marco jurídico que responda a las nuevas realidades. Sandoval observó que el Decreto fue un factor que provocó la disminución en el número de aplicaciones, pero que dicho descenso también es atribuible a una caída en el número de personas que entran en el país. También llamó la atención a los fondos y los recursos  que Ecuador invierte en su poblaciones de refugiados y asilados.

La Comisionada Dinah Shelton preguntó a los peticionarios si se ha presentado algún recurso respecto a la constitucionalidad del Decreto 1182. También solicitó a los peticionarios sus observaciones sobre  la competencia específica de la CIDH en esta materia. Albán respondió que aún no se había presentado ningún recurso, y aclaró que la competencia de la CIDH se deriva de los artículos 1, 22, 24, 25 y 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En respuesta a una pregunta del Comisionado Shelton sobre si los problemas se deben a una falta de voluntad por parte del gobierno o a falta de capacidad, Albán respondió que los problemas eran resultado de ambos. Los Comisionados Felipe González y Rose-Marie Belle Antoine se mostraron interesados respectivamente en los temas de acceso a la justicia y el tráfico de personas, el último de los cuales Sandoval dijo que no era percibido a simple vista.

Antoine también solicitó al Estado su posición respecto a las afirmaciones hechas por los peticionarios respecto a la revocación o cancelación de la condición de refugiados, a la que Sandoval respondió citando casos de personas que habían “abusado de las solicitudes de refugio” y dio a entender que muchas personas solicitan la condición de refugiado porqué la opción más fácil.

El Human Rights Brief agradece a Isabel Erreguerena por su colaboración en la traducción de este resumen.