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Comisionados: Rose-Marie Belle Antoine, José de Jesús Orozco Henríquez, Dinah Shelton

Peticionarios: Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Center for Justice and International Law (CEJIL), Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)

País: Perú

Los peticionarios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaron que un número de políticas Estatales que resultaban en violencia y supresión de las protestas sociales en Perú, cargos que son fuertemente contrarrestados por la afirmación del Estado que tiene de responsabilidad de proteger a todos los ciudadanos, no sólo los que protestan, sino aquellos a quienes no les gustan las decisiones que a menudo recurren los reclamantes de violaciones a derechos humanos.

En la audiencia del 11 de marzo, los agencias peticionarias describieron una situación donde al menos 24 personas han sido matadas y otras 149 injuriadas durante la administración del presidente Ollanta Humala junto a tácticas usadas para calmar las protestas sociales, incluyendo durante los Estados de Emergencias que el gobierno ha declarado tres veces. Representantes del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Centro de Justicia y Ley Internacional (CEJIL), and Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) además describieron las políticas del gobierno utilizadas por los militares en pueblos pequeños y oficiales de policía contratados para trabajar en empresas privadas, incluyendo corporaciones de minería acusadas de violación de los derechos de los trabajadores. El impacto de esas políticas se promueve, de acuerdo con los peticionarios, por las prácticas oficiales, que los peticionarios dijeron que fracasan en entrar a un diálogo al imponer Estados de Excepción y quienes se comprometen en actividades que fomentan la impunidad, tal como la destrucción de la evidencia penal. Adicionalmente, las sanciones por las protestas sociales pueden ser significantes, los peticionarios argumentaron, que una penalidad mayor puede ser impuesta por el bloqueo del tráfico que para muchos homicidios.

Los representantes de Perú no se enfocaron en quejas específicas, pero se opusieron vehementemente a la idea que el Estado se comprometa en la supresión fundamental de los derechos humanos alegados por los peticionarios. De particular relevancia para el Estado eran los mecanismos nacionales para abordar las quejas de los peticionarios. En lo que se refiere a la falta de dialogo, el Estado profirió una reforma del 2012 que instituía a una oficina del gobierno enfocada en el manejo del conflicto social, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Referente al uso de la fuerza por el Estado, los representantes argumentaron que la corte constitucional de la nación puede revisar esas acciones bajo la constitución nacional y los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, supervisión que previamente había mantenido a las acciones del gobierno. El Estado también dijo que aunque la situación en el país no es la misma que las invocadas las leyes de emergencia de larga duración en la década de 1980 y 1990, como pasos que son a veces necesarios en Perú, donde existe un conflicto social tradicional y confrontaciones. En este clima, los representantes argumentaron que el gobierno también tiene responsabilidad de proteger a las personas quienes son perjudicadas por el bloqueo del tráfico y otras disrupciones causadas por las protestas. Cuando el gobierno se pone de lado con los partes no-protestantes, el Estado alegó, que los demostradores también recurren a reclamos de violaciones a derechos humanos y que por lo tanto la Comisión debería de tomar una posición clara sobre las implicaciones de derechos humanos de los individuos afectados por los protestadores sociales.

Los Comisionados expresaron su preocupación de acuerdo con la acción que el gobierno facilita la oportunidad para las violaciones de derechos, específicamente solicitó más información en los procedimientos involucrados cuando los policías son contratados por empresas privadas y el entrenamiento de fuerzas de seguridad. La Comisionada Rose-Marie Antoine, sin embargo, articuló una cuestión más amplia de la desproporcionada respuesta del gobierno a la protesta social. Señalando que la cuestión de resolver solamente por el método constitucional de interpretación el uso de la fuerzo, ella dijo una cuestión apropiada para la discusión era que los pasos que el Estado ha tomado para asegurar que este alcance el objetivo establecido para una respuesta apropiada a la protesta social.