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Orlando López, el fiscal principal en el juicio contra José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, preguntó a los peritos de la defensa el miércoles 10 de abril del 2013 si creían que Guatemala ha cumplido con sus obligaciones de derechos humanos en virtud del derecho internacional y de los Acuerdos de Paz del 1996, que llevaron a su fin la guerra civil del país que duró 36 años. Aunque la jueza Jazmín Barrios ha insistido reiteradamente en que los testigos den respuestas concisas y concretas a las preguntas de los abogados, este tema requiere de más consideración que un simple “sí,” como sucedió en la corte. Una respuesta completa tiene que abarcar los asuntos inmediatos y estructurales en Guatemala. En primer lugar, cualquier respuesta debe basarse en la situación particular en cuestión fundamentada en el informe producido y en su capacidad para obtener la verdad y la responsabilidad por las atrocidades cometidas. Segundo, una respuesta apropiada debe abordar de manera más amplia la capacidad del estado para fomentar la protección de los derechos humanos en el futuro. Aunque este estudio es de los primeros en usar procedimientos internos para cumplir con las obligaciones de derechos humanos, por ser el primero en usar un tribunal nacional para juzgar a un ex jefe de Estado por genocidio, un único juicio sólo puede intentar acabar con la impunidad y dar suficiente reconocimiento de los daños causados ​​a las innumerables víctimas. Por consiguente, los estándares utilizados para determinar si Guatemala está de acuerdo con estas obligaciones tienen que ser claros.

 

Las fuentes más directas de la ley vigente sobre este tema son los Acuerdos de Paz Firme y Duradera (AFLP), que son acuerdos firmados por el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), el grupo guerrillero más grande, en diciembre del 1996 que puso fin a 36 años de conflicto interno en el país. Los AFLP incorporaron siete acuerdos previos entre las partes, incluyendo el  Acuerdo Global sobre Derechos Humanos (CAHR) de marzo del 1994, el Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca de junio del 1994, y el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de Pueblos Indígenas de marzo del 1995, además de tres acuerdos de operaciones. Los AFLP, como acuerdos vinculantes, simbolizaron y requirieron el fin de las hostilidades entre el gobierno y los insurgentes. Este conjunto de acuerdos que formó los Acuerdos de Paz de Guatemala del 1996 instituyó casi 200 compromisos sustantivos en nombre del gobierno para avanzar las reformas sociales, económicas y políticas.

 

Bajo el CAHR del 1994, el gobierno guatemalteco se comprometió al pleno respeto y promoción de los derechos humanos. Esto incluyó el compromiso de actuar con firmeza contra la impunidad (Artículo 3), para proteger las libertades de asociación y de circulación (Artículo 5), para proteger a los defensores de los derechos humanos (Artículo 7), y para compensar a las víctimas de violaciones de derechos humanos (Artículo 8). Del mismo modo, los AFLP afirmaron el derecho del pueblo guatemalteco a conocer la verdad acerca de violaciones de derechos humanos (Artículo 4) y resaltaron la importancia de reconocer la identidad y los derechos de las comunidades indígenas (Artículo 5). El juicio actual, con el testimonio directo de las víctimas y las pruebas presentadas por numerosos expertos, es por lo menos un paso hacia el cumplimiento de estas disposiciones. Sin embargo, no todas las violaciones de derechos humanos resultantes de más de treinta años de conflicto armado interno pueden ser expuestas durante un solo juicio. Muchas preguntas sobre la suficiencia de un juicio en comparación con las innumerables víctimas, los años de violencia, la discriminación persistente, y los efectos negativos sentidos por los sobrevivientes, han quedado sin respuesta.

 

En cuanto a las obligaciones internacionales, Guatemala se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de las Naciones Unidas en 1992, el mismo año en que se modificó el código de procedimiento penal para incluir el respeto por los derechos humanos. El Artículo 16 del código de procedimiento penal requiere que los tribunales nacionales y otras autoridades judiciales cumplan con las obligaciones de derechos humanos consagradas en la constitución de Guatemala y los tratados internacionales. Asimismo, Guatemala se adhirió al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en abril del 2012, el mismo año en que se modificó el código penal para incluir los delitos de trascendencia internacional, por ejemplo el genocidio y los crímenes contra la humanidad, bajo el Capítulo IV. El Artículo 17 del Estatuto de Roma establece el principio de complementariedad, por el cual se les da prioridad jurisdiccional a los tribunales propios de un Estado Parte sobre el tribunal internacional si están dispuestos y son capaces de llevar a cabo la investigación y el enjuiciamiento. Sin embargo, los acontecimientos de 1982-1983 se ubican fuera de la jurisdicción de la CPI porque la corte sólo está facultada para investigar y procesar los casos que ocurrieron después de que el Estatuto de Roma entró en vigencia en Guatemala en 2012. Es así aún más notable que Guatemala se haya puesto en condiciones para investigar y enjuiciar la situación que se está examinando actualmente a través de las enmiendas pertinentes a su código penal, conforme a las obligaciones internacionales, ya que no existe otra vía para perseguir a los acusados.

 

Sin embargo, como es el caso con muchos asuntos de derechos humanas, las protecciones de jure y de facto muchas veces son dos realidades distintas. En teoría, Guatemala parece ser un país en el que los abusos cometidos contra los derechos humanos son llevados a la justicia, disuadiendo futuros abusos. Sin embargo, el verdadero cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos mencionadas aquí sólo occurrirá en un contexto de paz democrática en que la impunidad no sea posible. Además, como han señalado organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, Guatemala sigue experimentando inseguridad, y sufriendo de un sistema judicial históricamente debil. El resultado de este proceso, junto con el sentimiento público que éste genera, contribuirá en gran medida a determinar el futuro de Guatemala como un país donde los derechos humanos sean respetados. Por lo tanto, el legado de este juicio será tan importante como el veredicto actual. Si a partir de la notable hazaña judicial de este proceso, el poder judicial guatemalteco es capaz de proteger al pueblo contra violaciones futuras y juzgar a los responsables, la simple respuesta “sí” del perito de la defensa podría resultar cierta. Por otro lado, si el juicio histórico de Ríos Montt no puede establecer un precedente para el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos, los defensores de los derechos humanos en Guatemala y en todo el mundo habrán perdido una oportunidad para adjudicar la responsibilidad y alcanzar la justicia.