Situación General de los Derechos Humanos en el Salvador

CIDH

English version available here.

Comisionados: Tracy Robinson, Rose-Marie Antoine, Rosa Maria Ortiz

Peticionarios: Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) / Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (PROBUSQUEDA) / Asociación de Sobrevivientes de la Tortura (AST) / Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” / Centro Salvadoreño de Tecnologías Apropiadas (CESTA) / Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDI-IES) / Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (CODEFAM) / Comité de ex presos políticos de El Salvador (COPPES) / Comité de víctimas de Arcatao, Chalatenango / Comité de víctimas de Copapayo, Cuscatlán / Comité de víctimas de La Quesera, Usulután / Comité de víctimas de Nahuizalco, Sonsonate / Comité de víctimas de Suchitoto, Cuscatlán / Comité de víctimas de Tecoluca, San Vicente / Comité de víctimas de Zacatecoluca, La Paz / Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) / Fundación “Roque Dalton” / Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES) / Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” (CEMUJER) / Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES) / Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI) / Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador / Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) / Center for Justice and International Law (CEJIL)

País: El Salvador (no estuvo presente)

 

El Salvador sufre de un desarrollo estancado, pobres derechos de trabajo, el crecimiento de la violencia en padillas argumentaron los peticionarios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En la audiencia del 16 de marzo del 2013, los peticionarios de la sociedad salvadoreña  y los grupos civiles e internacionales presentaron un cuadro de problemas del Estado de América Central.

El Salvador cayó en el índice del 107th in the UNDP human development,  mientras el gobierno desarrolla programas, se continúa teniendo impactos perjudiciales en derechos humanos y ambientales. Citando el desplazamiento por proyectos de represas, carreteras y turismo, los peticionarios señalaron que el gobierno salvadoreño estaba expeditando los procedimientos de desplazamientos contra habitantes, violando la ley nacional e internacional. Proyectos de represan han causado inundaciones, desplazando a miles más.

Los peticionarios también alzaron su preocupación sobre los derechos laborales, señalando el alto índice de desempleo y la alta inequidad de género en fuerzas de trabajo. Adicionalmente, los peticionarios apuntaron a los Comisionados el hecho que muchos ciudadanos son privados de sus derechos laborales básicos como descansos personales, y regulación de horas de trabajo. A pesar de alto nivel de quejas a la oficina nacional del fiscal, los negocios han sido dejados de regular. La fuerza de la policía y militares han también derrocado vendedores informales en masa. Esto, los peticionarios alegaron, aumenta a la violaciones de derechos humanos que deben ser abordadas.

Adicionalmente, los peticionarios registraron su preocupación sobre la inseguridad ciudadana que causa además complicaciones. Por ejemplo, en el 2012, los peticionarios dijeron que las tasas de homicidio se mantuvieron altas, sobre setentas muertes por cada 100,000 personas. Porque el crimen organizado es profundamente incrustado en muchas instituciones en el Salvador, los peticionarios alegaron que los miembros de pandillas han acordado una tregua a cambio de perdones del gobierno; Este acuerdo de amnistía es en un rígido contraste y viola las reglas previas de la CIDH de los acuerdos válidos de amnistía. Luchando para combatir la violencia, el Salvador ha visto militarización de barrido con un incremento del 400% del personal militar  en el sector de seguridad civil. Por eso, los peticionarios señalaron que las instituciones de justicia penal son deficientes; Los prisioneros son a veces dejados en la oscuridad como si ellos deberían estar en un juicio, son mantenidos en detención previa a juicio o previa a sentencia, o son otra manera de servir a la sentencia. Los prisioneros también enfrentan la sobrepoblación en las instalaciones sin agua potable. Finalmente, El Salvador lucha para legitimar su constitución, con órdenes ejecutivas socavando las reglas judiciales y la separación general de poderes.

En conclusión, los peticionarios solicitaron que la Comisión visite y haga seguimiento con reportes para subrayar la urgencia de su petición.

La Comisionada Ortiz señaló su preocupación de la presentación de los peticionarios, siguiendo con algunas preguntas. Primero, si la Comisión ha declarado el decreto de amnistía para el crimen organizado nulo y sin efecto, algo ha bloqueado su implementación local? Segundo, cómo más puede el sistema responder al acuerdo de amnistía? Finalmente, cuál era el sentido de los peticionarios de la influencia de guerra de pandillas y la tregua en el sistema penitenciario?

La Comisionada Antoine preguntó si había alguna compensación por el desplazamiento de personas conjunto a las disputas de tierra, y si este problema impactó en personas indígenas. Ella también pidió si hubieron consultas o diálogos nacionales con el gobierno salvadoreño de acuerdo a los riesgos de las iniciativas del gobiernos, y si había trabajo forzoso en El Salvador, y si hay un tribunal viable donde los problemas de trabajo pueden ser llevados. Finalmente, a Comisionada Antoine preguntó si ha habido esfuerzos para traer de regreso al sector informal en el régimen legal.

Finalmente, la Comisionada Robinsón tomó nota de la ausencia del gobierno salvadoreño y pidió si había alguna transparencia en la tregua entre el gobierno y el crimen organizado.

En- respuesta, los peticionarios señalaron que las leyes de amnistía son abundantes para los ex-señores de la guerra, que el código de trabajo está quebrado y que las personas desplazadas a veces no son compensadas porque ellas no tienen títulos de propiedad.

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