Comisionados: Francisco Eguiguren, James L. Cavallaro, Paulo Abrao, E. Abi-Mershed

Peticionarios: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) / Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) / Instituto Argentino para la igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI)/ Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba/ Red Nacional de Lideres Migrantes en Argentina

Estado: Argentina

En respuesta al creciente numero de crímenes relacionados a las drogas, el Presidente argentino Mauricio Macri y su gobierno de centro-derecha promulgaron un nuevo orden en enero del 2017 que restringe la inmigración proveniente, sobre todo, de países de la frontera del norte de Argentina, tal como Paraguay, Uruguay, y Bolivia. Esa orden prohíbe la entrada en Argentina de ciudadanos extranjeros con antecedentes penales y acelera la deportación de ciudadanos extranjeros acusados de haber cometido un crimen, incluso cuando no han sido condenados. Los extranjeros que cometen crimines “maliciosos” serán deportados y negados la vuelta a Argentina por ocho años. Un diputado argentino de una provincia del norte, Alfredo Olmedo, ha hecho público su acuerdo con las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump acerca de la restricción de la inmigración a los Estados Unidos, y también propuso la construcción de un muro a la frontera con Bolivia para cerrar el paso de nuevos inmigrantes. Estos desarrollos han instigado condenaciones por parte del ministerio externo de Bolivia, cual declaró que la orden es basada mas en la xenofobia que en hechos. Estos desarrollos también incitaron a que la CIDH convocara esta misma audiencia.

Los que estuvieron presentes para testificar en contra de las nuevas normativas incluyeron a representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales; de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes; del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración, Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba; y de la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina. Los representantes de estas organizaciones empezaron por subrayar su preocupación acerca de los impactos negativos de esta nueva normativa de inmigración para los inmigrantes y otros extranjeros con residencia actual en Argentina. La ley podría separar a familias, cuales son consideradas el mismo núcleo de la sociedad argentina. Además, la implementación de procedimientos más rápidos de deportación resulta en que los inmigrantes tengan menos tiempo para encontrar asistencia legal y desarrollar una defensa adecuada. Los representantes también estuvieron preocupados de que la nueva normativa afectara aún más a los extranjeros empobrecidos actualmente viviendo en Argentina. En apoyo de sus preocupaciones, mencionaron que el costo de la asistencia legal afecta el acceso a la misma, particularmente para los inmigrantes empobrecidos, y que los mismos son penalizados con más frecuencia por causa de perspectivas infundadas de la sociedad argentina.

El representante del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración fue especialmente preocupado por el efecto de la ley sobre el racismo institucional y estructural, principalmente contra los inmigrantes africanos o afrodescendientes. Señaló la violencia policial generalizada en contra de ellos, y expresó su preocupación sobre el posible aumento de los problemas actuales de elaboración de perfiles y de xenofobia por causa de la nueva normativa de inmigración.

El gobierno argentino fue representado por el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, por el Director de la Inmigración Nacional, el Sub-Director de la Inmigración Nacional, y el Director General de la Inmigración. Empezaron por contar que Argentina tiene una historia de dar la bienvenida a inmigrantes de todas partes del mundo y subrayaron el respecto nacional para la diversidad de las personas y de la cultura. Luego enumeraron las diez garantías otorgadas a los inmigrantes bajo la nueva y futuras leyes, incluso los derechos a un juez independiente e imparcial durante las audiencias, a ser notificado de las decisiones de la corte, de apelar estas decisiones, y de pedir asistencia consular. Concluyeron por repetir que Argentina promulga sus leyes basándose en las necesidades domesticas y que busca seguir los ejemplos de otros Estados.

Los Comisionados explicaron que la CIDH debe prestar atención especial al tema de la inmigración, y que necesitan más información sobre la situación de la misma en Argentina. Pidieron que el Estado explique específicamente la urgencia de extender las leyes de inmigración, y que reflexione en si los cambios recientes son demasiado amplios e innecesarios. También pidieron información sobre las personas que suelen inmigrar a Argentina y por que.

Análisis Legal por la Autora

Como miembro de las Naciones Unidas, Argentina debe cumplir con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Articulo 9 declara que “nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.” Como estado Parte de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, Argentina está vinculada por el Artículo 16, cual protege a los trabajadores migrantes y sus familiares, ambos individualmente y colectivamente, de la detención arbitraria. En poner en práctica estas normativas de inmigración, Argentina arriesga violar ambos la Declaración y la Convención antes mencionados, por que el aumento en la xenofobia probablemente resultará en la detención arbitraria, la detención, y la deportación de inmigrantes sin tener en cuenta si cometieron un crimen, de acuerdo con el orden. Además, por acelerar la deportación de los acusados de haber cometido crímenes antes de que sean condenados, es posible que la ley viola el derecho de los inmigrantes al debido proceso, cual es protegido en el Artículo XXVI de la Declaración antes mencionada. Hacer conexiones en el creciente número de crímenes y los inmigrantes solo alimentará los ataques xenofóbicos extrajudiciales, amenazando a la entera comunidad extranjera. El aumento del discurso contra-inmigrantes y la implementación de leyes contra la inmigración solo pondrá en peligro a la comunidad más vulnerable de la población inmigrante de Argentina.