Comisionados: Margarette May Macaulay, Francisco José Eguiguren Praeli, Paulo Vannuchi, Secretario Ejectivo Paulo Abrao

Peticionarios: Centro de Derechos Reproductivos (CRR)

Estado: Chile

El 18 de marzo de 2017, los representantes de derechos humanos de Chile se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para amonestar el tratamiento del Gobierno de Chile de las mujeres embarazadas VIH-positivas, explicando que una de estas mujeres, identificada como “F.S.” (manteniendo el anonimato), había sido esterilizada involuntariamente mientras ella había sido anestesiada, e inconsciente, durante el parto. La audiencia comenzó con una sesión privada acerca del testimonio anónimo de F.S., cuyo resumen está disponible a través del representante de la sociedad civil, el Centro de Derechos Reproductivos (CRR).

La parte pública de la audiencia comenzó con el testimonio experto de un médico chileno sobre el deber de cuidado debido a las madres seropositivas y los procedimientos necesarios para esterilizar a una mujer. El médico enfatizó que los médicos deben la misma responsabilidad de cuidado a las mujeres embarazadas VIH positivas que a todas las mujeres embarazadas, porque cualquier mujer embarazada puede tener una condición médica desconocida que podría afectar al niño. En consecuencia, todas las mujeres son tratadas para asegurarse de que un niño no contraiga tal condición de la madre durante el embarazo y durante el parto. Por otra parte, el médico afirmó que la esterilización debe ser solicitada explícitamente por la mujer que se va a esterilizar. En particular, incluso si los médicos creen que la esterilización es médicamente necesaria, no se les permite llevar a cabo el procedimiento sin la autorización expresa de la mujer.

Primero, los peticionarios hablaron sobre la desigualdad de género y la violencia de género en Chile, y las formas en que las mujeres chilenas con VIH son desproporcionadamente desfavorecidas por esos factores. La percepción errónea común en Chile es que las mujeres seropositivas son trabajadoras del sexo, y suelen aislarse socialmente y económicamente como resultado cuando su condición se hace pública.

En siguiente, los peticionarios hablaron de la experiencia de F.S. con su embarazo, su esterilización involuntaria y su tratamiento posterior. Al recibir la noticia de que ella era seropositiva, F.S. comenzó la atención necesaria para una mujer embarazada con VIH y asistió a la cita de cada médico que se requería. Debido a que ella tiene el VIH, sin embargo, ella tendría que entregar a su niño a través de una cesárea, para lo cual ella requeriría la anestesia. Su hijo llegó antes de lo esperado, y cuando llegó al hospital, el médico que se especializó en el tratamiento de las mujeres con VIH no estaba allí ni estaba disponible. Durante su espera, mientras se cambiaba de habitación en habitación, se encontró con una enfermera que decía que “a las mujeres como usted (VIH-positiva) no se les debería permitir tener hijos.” Después de que F.S. se despertó, le informó que había sido esterilizada, aunque el personal del hospital afirmó que había consentido.

Los peticionarios entonces hablaron sobre el supuesto consentimiento de que F.S. dio al personal del hospital y por qué era insuficiente y coaccionado. El hospital afirmó que F.S. dio su consentimiento para ser esterilizada durante el procedimiento de la cesárea, durante el cual fue anestesiada; sin embargo, bajo la ley del sistema interamericano, una mujer no podía dar su consentimiento debidamente durante la anestesia. Además, los peticionarios afirmaron que no era el personal médico quien podía determinar si ella había dado su consentimiento, o si habría sido en su mayor interés hacerlo; sino, las decisiones sobre su propia integridad corporal debían haber sido tomadas por F.S.

Los peticionarios concluyeron diciendo que a F.S. se le había robado su capacidad de criar más hijos y del disfrute de su único embarazo, por lo que el gobierno de Chile debería compensarla. Por sus lesiones mentales y físicas, la CRR declaró que la F.S. merecía una compensación, pero también que los responsables de haber violado sus derechos e integridad física deberían ser acusados penalmente y que Chile debería implementar medidas preventivas para que tal esterilización nunca volviera a suceder.

Los representantes chilenos comenzaron su porción reafirmando el compromiso del Estado con los derechos humanos y la promoción de la seguridad de las mujeres. Reconocieron que las esterilizaciones forzadas eran contrarias a la ley y declararon que estaban dispuestos a discutir las medidas preventivas y la compensación solicitada por CRR como representantes de la víctima. Además, los representantes manifestaron que Chile está desarrollando su primer plan nacional de derechos humanos. El plan codificaría los derechos que los chilenos podrían esperar, lo que garantizaría que el Estado disponga de un conjunto específico de directrices para navegar por situaciones en las que puedan producirse violaciones. Estas directrices acompañarían la formación práctica para el personal médico a aprender a manejar situaciones en las que pueden ocurrir violaciones.

Comisionado Paulo Vannuchi hizo hincapié en la importancia de que Chile se encargue de las violaciones de los derechos humanos, en particular debido a que, en las Américas los inmigrantes, las mujeres, y las minorías están experimentando un período de un mayor grado de escrutinio. El Comisionado Vannuchi hizo especial hincapié en mencionar que la presidenta de Chile es una mujer con antecedentes médicos que ha sufrido violaciones a los derechos humanos, lo que es aún más importante cuando países como Chile sufren un aumento en los sentimientos contra las minorías y las mujeres. 

Análisis jurídico del autor:

La situación de F.S. en Chile fue una clara violación de su integridad corporal bajo los artículos I y VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Además, en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 4, 7 y 17, a F.S. se violó su integridad corporal, resultando en una incapacidad de quedar embarazada, estropeando así su capacidad para llevar a cabo su vida según sus propios deseos. Este tipo de esterilización forzada, aunque no es sistémica o sancionada, sucede suficientemente frecuente como para ser bien documentada en un informe del CRR explicando que las esterilizaciones se deben a que el gobierno no está siguiendo sus propias directrices. Afortunadamente, porque los representantes chilenos demostraron la voluntad de promulgar las medidas preventivas y proporcionar compensación, parece que F.S. tendrá alguna medida de cierre y que ella tuvo éxito hacia un futuro en el cual ninguna mujer chilena con VIH será esterilizada involuntariamente.