Comisionados: James L Cavallero, Esmeralda Arosemana de Troitiño

Peticionarios: Instituto Brasileño de Ciencias criminales (IBBCRM), Conectas Derechos Humanos, Justicia Global

Estado: Brasil

En marzo 22 del 2017, Peticionarios representando organizaciones de la sociedad civil de Brasil presentaron los problemas acerca de superpoblación y violencia en el sistema carcelario de Brasil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Paulo Malvezzi del IBBCRM describió la gravedad y omnipresensencia de los abusos de derechos humanos en las cárceles brasileñas. Contó muchos de los casos de tortura, violencia, superpoblación, y falta de acceso a servicios legales y de salud cuales han sido bastantemente documentados. También notó que las poblaciones mas afectadas son las indígenas, los extranjeros, los homosexuales y las mujeres transgénero, mientras que la autoridad blanca y masculina protege a los autores de estos delitos en vez de castigarlos.

Rafael Custodio, representante de Conectas Derechos Humanos, habló sobre las recientas rebeliones violentas en las cárceles, notando que, en los primeros quince días del 2017, 130 personas fueron asesinadas dentro del sistema carcelario. Subrayó que estas rebeliones violentas resultan de los abusos de derechos humanos cometidos por el Estado. En respuesta a los recientes asesinatos, los funcionarios públicos han hecho comentarios crueles e insensibles, y han anunciado varias medidas para aliviar el problema, tal que la construcción de nuevas cárceles, la expansión estructural de las cárceles ya existentes, y la autorización de la intervención por parte del ejercito. Custodio declaró que, en su opinión, estas medidas crearan aún más violaciones de derechos humanos.

Isabel Lima, de la Justicia Global, recordó que la CIDH pidió una audiencia acerca del sistema carcelario en el 2010, y que los problemas de la superpoblación, las violaciones de los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia han continuado y han empeorado desde ese entonces. Aunque Brasil estrenó, hace dos años, un sistema de audiencias acerca de la causa probable, con el fin de reducir la detención preventiva, este esfuerzo no ha tenido éxito. Ella también habló sobre los problemas de la violencia policial, observando que los denuncios de violencia son muchos, y las investigaciones pocas. Ofreció algunas recomendaciones al Estado, incluso la reducción de los castigos, la reforma de las leyes respecto a las drogas, la prohibición de la privatización de las cárceles, y la desmilitarización de la policía.

Marco Antônio Severo Silva, del Departamento Nacional del Sistema Penitenciario, respondió por parte del Estado brasileño. Intentó clarificar la noción de una “política de encarcelamiento masivo,” argumentado que no existe ninguna tal política, y que los altos niveles de encarcelamiento proveen de las discrepancias entre las políticas de varias administraciones. Notó que la expansión de los conductos clasificados como crímenes puede ser la causa del aumento del encarcelamiento, y que son los grupos delictivos organizados dentro de las cárceles los culpables para las rebeliones violentas. Expresó preocupaciones por parte del Estado acerca del encarcelamiento masivo y de la violencia en las cárceles, y propuso algunas soluciones, tal que la expansión de las cárceles y la contratación de más personal de seguridad para reducir la violencia. También mencionó algunos cambios recientes al código penal que alentarán soluciones alternativas a la detención.

El Comisionado James Cavallaro, Relator para la Personas Privadas de Libertad, expresó sus preocupaciones acerca de los problemas generalizados de violencia policial y de la falta de interés de los funcionarios públicos en los asesinatos dentro de las cárceles. Desacreditó la idea que no haya ninguna política de encarcelamiento masivo por llamar la atención a la realidad del encarcelamiento masivo, ilustrada por el hecho de que el encarcelamiento se ha sextuplicado desde 1990, mientras que la taza de asesinatos solo se ha duplicado. Por último, pidió al Estado que se encargue de la causa del encarcelamiento masivo en vez de enfocarse en la expansión de las cárceles y la contratación de más personal. Comisionada Esmeralda Arosemana de Troitiño subrayó la importancia de la cooperación entre la rama ejecutiva y la rama judicial del Estado para resolver estos problemas.

Análisis Legal por la Autora

Principio I de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas declara que “toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente.” Principio III prohíbe la detención arbitraria; Principios X a XIII proporcionan los derechos a los servicios de salud, a ropa, a comida, a higiene, y a actividades educacionales y culturales para todas las personas privadas de libertad; el Principio XVIII prohíbe la superpoblación en las cárceles; y el principio XXIII pide la prevención de la violencia dentro de las cárceles. Brasil está vinculado por estos principios y está, de momento, violando los principios antes mencionados y otros por causa de la innecesaria detención preventiva, los malos condiciones en las cárceles, y la violencia generalizada en las mismas.