Comisionados: Francisco Egulgren, Paulo Vannuchi, José De Jesus Orozco Henriquez

Peticionarios: COFAVIC, y Vicaria de Derechos Humanos de Caracas, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Estado: Venezuela

Los peticionarios, en una audiencia ante la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIDH) el 22 de marzo de 2017, discutieron agravios en contra del Estado respecto a muertes extrajudiciales cometidas por la policial estatal. Un ejemplo que mencionaron los peticionarios fue la Masacre El Amparo en el 1988 en la cual una unidad militar atacó a catorce pescadores reclamando que eran guerrilleros. Los peticionarios pidieron más información de La Comisión Por La Justicia y La Verdad (La Comisión), formas de prevenir las masacres, más capacitaciones acerca de la tortura y de la fuerza excesiva para la policía, la de-militarización de las prisiones, un comité de supervisión y que los cuerpos de las víctimas sean devueltos a sus familias.

Los peticionarios y el estado de Venezuela acordaron que necesitan procedimientos para evitar futuras masacres. El Estado explicó su deseo para evitar atrocidades en el futuro fue lo que llevó a crear La Comisión Por La Justicia y La Verdad. Sin embargo, los peticionarios resaltaron que estaban preocupados por la corrupción, especialmente dado que la mayoría de los miembros de la Comisión estuvieron conectados al ex presidente Hugo Chávez. Los peticionarios también están preocupados por la falta de supervisión y que el Estado ha fallado en crear protocolos que aborden sanciones para violaciones del pasado.

Los peticionarios expresaron que la Comisión se está demorando demasiado en completar su investigación de las masacres. La Comisión comenzó su trabajo en el 2010.

El Estado argumentó que se ha tardado tanto porque no tiene acceso inmediato a documentos de hace décadas y que tiene que trabajar en contra del tiempo para encontrar a la gente, los documentos y otra información relevante.

Uno de los peticionarios perdió a sus familiares en la masacre y le pidió al Estado que investigue porque ocurrió la matanza. El Estado argumentó que parte de la investigación se estaba enfocando en muertes relacionadas a militares y muertes políticas.

Los peticionarios también expresaron preocupación que los cuerpos y restos de las víctimas no han sido devueltos a sus familiares, sin embargo, no hubo tiempo en la audiencia para referirse a esto.

La CIDH expresó que es importante tener protecciones para que estas masacres no vuelvan a suceder y es importante restaurar la dignidad a las víctimas de estos crímenes.

Análisis Legal del Autor

La masacre de ciudadanos por agentes del estado va en contra de las Convenios de Ginebra, Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Venezuela es Estado Parte de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. En el año 2010, la CIDH reprochó a Venezuela por no sancionar a los responsables de la masacre El Amparo. Por la presión domestica e internacional, es en el mejor interés de Venezuela que mejore sus capacitaciones para los policía en tácticas no-letales. Para cumplir con sus obligaciones legales internacionales, Venezuela debe crear un comité de supervisión para revisar las tácticas de la policía y prevenir masacres futuras. Idealmente, mientras más rápido la Comisión investigue, más rápido sabrán que pasó y como se puede evitar. La Comisión debe facilitar el retorno de los cadáveres y restos de las víctimas a sus familiares.