Comisionados: James L. Cavallaro, Esmeralda Arosemena de Troitiño, José de Jesús Orozco Henríquez

Peticionarios: Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (FCSPP), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), Corporación Jurídica Libertad (CJL), Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), Corporación Reiniciar, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Corporación Jurídica Yira Castro, Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJYP), Grupo Interdisciplinario Por los Derechos Humanos (GIDH), Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU)

Estado: Colombia

Los peticionarios señalaron la importancia de que, en el marco de implementación de los acuerdos de paz recientemente firmados, se respeten las garantías de no repetición establecidas bajo las normas internacionales. En particular, los peticionarios subrayaron las medidas específicas que se deben adoptar para combatir a los grupos paramilitares y para investigar el papel de los agentes del Estado en las violaciones de los derechos humanos.

Jomary Ortegón, representante del CAJAR, sostuvo que las garantías de no repetición constituyen un derecho fundamental para todas las víctimas del conflicto armado y de la sociedad en general. Por intermedio de ellas, se promueve la creación de cambios estructurales y de reformas gubernamentales necesarias para atacar los problemas que provocaron o exacerbaron el conflicto.  La señora Ortegón, asimismo, explicó el papel fundamental que juegan las garantías de no repetición para evitar la aparición de nuevos delitos, como los son, las desapariciones forzadas, las torturas y las ejecuciones extrajudiciales.

Los peticionarios explicaron cómo los acuerdos de paz suscritos en diferentes países han incorporado garantías específicas de no repetición y reformas dirigidas a las fuerzas armadas del Estado como parte de los acuerdos. Los peticionarios plantearon cinco medidas concretas que deberían ser discutidas con mayor profundidad a medida que el Estado implementa el Acuerdo de Paz, entre ellas: la reducción de las fuerzas armadas del Estado, así como la adecuación de su jurisdicción militar de conformidad con las normas internacionales; garantías de participación y movilización social; políticas de documentación basadas en recomendaciones internacionales para preservar la memoria histórica; evaluación y reformas de los organismos públicos; y, la revisión de la doctrina de seguridad del Estado para asegurar la protección de los defensores de los derechos humanos.

Franklyn Castañeda, representante de FCSPP, destacó la importancia de analizar tres temas, como lo son: la continuidad de la actividad paramilitar y la negación sistemática del gobierno de reconocer la existencia de los grupos paramilitares; el aumento de la violencia contra la población civil y contra los defensores de los derechos humanos por parte de los grupos paramilitares; así como, la estructuración de un plan que ayude a desmantelar los grupos paramilitares.

El señor Castañeda también subrayó que existen disposiciones específicas en los acuerdos de paz firmados recientemente que abordan la cuestión de los grupos paramilitares, sin embargo, aún no han sido activados, ni implementados. Proporcionó ejemplos de las falacias del gobierno con respecto a estas disposiciones, entre ellos, la ausencia de una unidad especial independiente para investigar y procesar a los miembros de los grupos paramilitares.

Danilo Rueda, representante de CIJYP, argumentó que los grupos paramilitares son capaces de operar debido a la complicidad, omisión y tolerancia por parte de actores privados y estatales. El señor Rueda, asimismo, señaló situaciones específicas en las que grupos armados ilegales continúan operando en varios departamentos del Estado. Los peticionarios solicitaron medidas inmediatas y específicas, como la creación de la unidad especial de investigación; una opinión judicial de la CIDH basada en el artículo 28 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; así como, una investigación sobre los civiles que se beneficiaron de los grupos paramilitares.

Los representantes del Estado explicaron por su parte, que el primer paso dirigido a aplicar las garantías de no repetición se da por intermedio del propio proceso de paz. Los representantes estatales dieron ejemplos concretos de avances positivos y manifestaron la voluntad del Estado de aumentar las medidas de seguridad en las zonas más conflictivas. Expresaron la importancia de dar prioridad a las medidas basadas en los derechos económicos y sociales que contribuyan a asegurar el cumplimiento de las garantías de no repetición. El Estado reafirmó su compromiso de abordar el tema de la impunidad y a elaborar planes estratégicos para investigar y combatir los grupos paramilitares, así como, las actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.

Los Comisionados reconocieron los esfuerzos de Colombia en la implementación de las garantías de no repetición, basadas en los acuerdos de paz. El Comisionado Orozco Henríquez expresó su interés de escuchar la perspectiva de los peticionarios acerca de las medidas aplicadas por el Estado. Indicó que el Estado debe aclarar si se han investigado a terceros, actores privados y agentes del Estado relacionados con la actividad paramilitar. Además, pidió aclaraciones sobre el funcionamiento y desarrollo de la unidad especial de investigación. Los comisionados Orozco Henríquez y De Troitiño expresaron su preocupación por la estigmatización a la que se han visto sometidos los defensores de los derechos humanos, a raíz de las denuncias planteadas, por lo que pidieron aclaraciones al respecto.

Análisis jurídico de la autora

El Sistema Interamericano, a través de su  jurisprudencia, adoptó las garantías generales de no repetición. Recientemente, el Sistema Interamericano abordó el tema de las garantías de no repetición bajo estándares internacionales, concluyendo que la Ley de Amnistía de El Salvador, era incompatible con las obligaciones internacionales. Colombia tiene la obligación de adoptar y aplicar, de manera oportuna, garantías de no repetición que se ajusten a las normas internacionales.

El Sistema Interamericano estableció la aplicación concurrente de las normas y obligaciones de los derechos humanos en los principios del derecho internacional humanitario. El artículo 28 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aborda la responsabilidad de los comandantes y otros superiores. Colombia ratificó el Estatuto de Roma en el año 2002. Como parte del Estatuto de Roma, Colombia tiene la obligación de investigar la responsabilidad penal de los comandantes y otros superiores.