Comisionados: Margarette May Macaulay, Paulo Vannuchi, Esmeralda A. De Trotino

Peticionarios: Instituto Promoviendo Desarrollo Social (IPRODES)

Estado: Perú

En marzo 21 del 2017, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH), los peticionarios, Instituto Promoviendo Desarrollo Social (Instituto para la promoción del Desarrollo Social o IPRODES), alegaron para un presupuesto público estable y proporcional para abordar mejor el tráfico de niños y adolescentes. El tráfico de niños y jóvenes es un problema que se ha corrido desenfrenado por todo Perú. Además de esta propuesta de presupuesto, los peticionarios pidieron la formación de una base de datos para monitorear las victimas menores para asegurarse de que, ya que estén rescatados, no sean traficados otra vez. Finalmente, los peticionarios empujaron para el establecimiento de un programa o sistema, que proporcionará acceso a la justicia a los niños más rápidamente y más eficientement. Los principales objetivos del sistema propuesto son garantizar el acceso a abogados y fiscales especializados, e además capacitar a los jueces, para que puedan manejar mejor ese tipo de casos complejos y sensibles.

El portavoz de IPRODES, Ronald Gamarra Herrara, acusó al gobierno peruano de faltar la voluntad para prevenir la violencia contra niñas y niños y luego posteriormente no abordar los problemas que esos niños tienen con acceso a un sistema de justicia que entienda sus necesidades. Argumentó que, dado a las cortas sentencias de prisión de los que han sido condenados por traficar niños, los traficantes esencialmente actúan con impunidad.

Además, criticó el programa de institucionalización que muchas regiones dentro de Perú usan. Institucionalización es un programa que coloca a los niños rescatados de la trata en instituciones con otros niños anteriormente víctimas de la trata, en lugar de devolver a los niños a sus familias. El portavoz de IPRODES declaró que la institucionalización estigmatiza a los niños que han sido víctimas de la trata y está vinculada a una alta tasa de re-victimización. En última instancia, IPRODES vinculó a estos programas de fallar a la alarmante falta de apoyo financiero a medidas más eficientes para prevenir el tráfico de seres humanos.

Representando Perú, Iván Bazán Chacón, el diputado supranacional del país dijo que el estado actualmente está trabajando en una nueva e importante medida para abordar el problema de reducción de presupuesto en el área de tráfico de seres humanos. Reconoció que el tráfico de seres humanos ha sido un problema cada vez mayor que plaga el estado porque los traficantes ven Perú como país de tránsito, donde los niños pueden ser recogidos o dejados. Él también discutió los programas que ya están en lugar para limitar las operaciones actuales de tráfico y prevenir futuras. Además, el fiscal adjunto anunció que el estado está desarrollando un plan nacional para atacar la trata de seres humanos para el período 2017-2021.

Comisionados Paulo Vannuchi, Margarette May Macaulay y Esmeralda Arosemena de Troitiño estaban preocupados con el complejo marco detrás de las organizaciones de tráfico humano. Comisionada Esmeralda de Troitiño discutió la fuerza económica detrás de redes de tráfico humano, afectando los esfuerzos de prevención y persecución. En consecuencia, enfatizó la necesidad de un sistema nacional integral de protección de los niños. También expresó preocupación sobre el historial de re-victimización en el Perú. Como resultado, ella imploró al estado que investigue como garantizar efectivamente que los niños rescatados de estas redes estén protegidos y sus derechos mantenidos. A continuación, Comisionada Margarette May Macaulay insistió en la importancia de un presupuesto suficiente y de la fuerte voluntad política necesaria para abordar este tema múltiple.

En resumen, los peticionarios pidieron un mayor apoyo del gobierno para mostrar su voluntad de combatir el tráfico de niños y adolescentes, enfatizando la importancia de la ayuda financiera para lograr esta iniciativa. El estado del Perú reconoce las deficiencias de las actuales instituciones en su lugar y un compromiso para pedir un presupuesto más robusto a este problema generalizado.

Análisis jurídico del autor

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aceptada por Perú, la esclavitud y la trata de esclavos “en todas sus formas” están prohibidas. El trata de personas viola el artículo 6, que reconoce el derecho al reconocimiento de los ciudadanos “como una persona ante la ley” y el artículo 5, que dice que “nadie podrá ser sometido a… tratos crueles, inhumanos o degradantes.” La Convención Americana sobre derechos humanos refleja de estos mismos principios en Artículo 6: libertad de la esclavitud y Artículo 7: derecho a la libertad Personal  Lo más importante, la situación actual del tráfico de niños en Perú viola los Derechos del Niño según el artículo 19 de la Convención Americana sobre derechos humanos, que establece que todos los niños “tiene derecho a las medidas de protección requeridas por su condición de.” Así, es de interés de Perú para combatir el tráfico humano, como el país está violando sus obligaciones internacionales.