Comisionados: Primer Vice-Presidenta, Margarette May Macauley, Esmeralda Arosemena de Troitiño, James L. Cavallaro

Peticionarios: Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Red Brasileña Afro LGBT

Estado: Brasil

En la mañana del miércoles 22 de marzo de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia para conocer los casos de violencia contra miembros de la comunidad LGBTI negra en Brasil. Los peticionarios señalaron que los incidentes de violencia contra las víctimas LGBTI no se reportan, a pesar de que la comunidad LGBT todavía representa una alta proporción de los incidentes de violencia denunciados. Los peticionarios describieron esto como “violencia homofóbica.” Argumentaron que a pesar de la legislación brasileña que regula ampliamente la igualdad racial, los ciudadanos negros siguen siendo víctimas de discriminación. Los peticionarios expresaron también su preocupación por que los estudios sobre discriminación étnica no incluyen estadísticas de las víctimas que forman parte de la comunidad LGBTI. Sin embargo, señalaron que con relación a los homicidios de transexuales, las estadísticas muestran que más del cincuenta y tres por ciento eran negros. Los peticionarios declararon además que Brasil es responsable del cuarenta por ciento de todas las muertes transgénero en el mundo. Los peticionarios argumentaron que, aparte de una línea directa para que las víctimas llamen, no existen mecanismos para combatir la violencia o para ayudar a las víctimas. También expresaron su preocupación por la falta de información y la falta de estadísticas estatales sobre las muertes causadas por las autoridades.

Seguidamente, los peticionarios declararon que a pesar de nuevas acciones desplegadas por el Estado, ninguna de estas políticas protege expresamente a las personas LGBTI. Finalmente, sostuvieron que no existe en Brasil una ley de identidad de género, lo que contribuye para que estos crímenes de odio continúen impunemente.

El Estado reconoció que contrarrestar la violencia contra las personas LGBTI negras ha sido todo un desafío. Sin embargo, explicó que se han implementado una serie de agencias y políticas sociales, tales como una Administración de Derechos Humanos, que abordan las preocupaciones de los peticionarios con respecto a la igualdad racial. El Estado expresó la necesidad de desarrollar políticas relacionadas con el racismo institucional, e incluir a la comunidad LGBTI en ese proceso. El Estado argumentó que para abordar estas cuestiones, debe centrarse en los estudios de los niños, alegando que si las generaciones más jóvenes aceptan más a la comunidad LGBTI, la discriminación LGBTI en Brasil dejará de existir.

Los Comisionados formularon una serie de preguntas al final de la audiencia para facilitar la discusión en una fecha posterior. El Comisionado Cavallaro preguntó al Estado qué progresos se han logrado en los últimos cuatro o cinco meses; cuáles son las nuevas políticas federales vigentes y qué se debe hacer para lograr el pleno reconocimiento de la identidad de género. La Comisionada Arosemena de Troitiño afirmó que las políticas públicas requieren un enfoque integrado en el que el Estado evalúe toda la situación, no sólo el problema específico. Por último, la Primer Vicepresidenta Macauley instó a Brasil a ratificar e implementar la Convención Interamericana contra todas las formas de Discriminación e Intolerancia (A-69). También afirmó que, a pesar de que el Estado ordena a sus estudiantes que aprendan Historia Africana, la comunidad negra debe participar en la creación del plan de estudios. También preguntó por el nivel de capacitación en derechos humanos que el Estado otorga a las fuerzas del orden público. Por último, afirmó que unos de los aspectos más importantes de las políticas públicas es el monitoreo, y pregunta cómo monitorea el Estado el impacto de las nuevas políticas.

Tanto el Estado como los Peticionarios expresaron su deseo de trabajar juntos para abordar esta situación. El Estado, en particular, expresó su intención de ratificar oportunamente la Convención Interamericana A-69 para abordar esta forma de violencia y discriminación.

Análisis jurídico del autor

Si Brasil no se ocupa de la violencia motivada por prejuicios cometida contra su pueblo, infringirá las Resoluciones 17/19, 27/32, y 32/2 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estas resoluciones, sobre las cuales Brasil demostró un fuerte apoyo, proporcionan obligaciones legales fundamentales para proteger los derechos de las personas LGBT, incluyendo: la protección de los individuos contra la violencia homofóbica y transfóbica; la prevención de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes; la derogación de las leyes que penalizan la homosexualidad y a las personas transgénero; la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género; así como, la salvaguardia de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica de todas las personas LGBT.