Comisionados: Esmeralda A. de Trotiño, Paulo Vannuchi, Francisco Eguiguren, Edison Lanza

Peticionarios: Sindicatos y Derechos Humanos, Derechos de Trabajadores y Organizaciones de la Sociedad Civil de la provincia de Jujuy, Argentina; Amnistía Internacional

Estado: Argentina

Desde sus cerradas elecciones  en noviembre del 2015, las políticas económicas del Presidente moderado Argentino Mauricio Macri han suscitado protestas en todas partes. El gobernador de la Provincia de Jujuy Argentina apoya las políticas de Macri y se han producido enfrentamientos entre manifestantes y policías que han resultado en arrestos y lesiones de los participantes.

La Provincia de Jujuy fue una fuente de protestas antes de la elección de Macri, especialmente en respuesta a las medidas adoptadas por el grupo Ledesma, propietario de la planta de molino de azúcar más grande del país. En 2011, agentes de la policía de Jujuy sospechados de estar trabajando con la policía privada de Ledesma, llevaron a cabo una orden judicial para desalojar a 500 familias pobres que se habían adentrado en la tierra de Ledesma. La violencia estalló, dejando muertos a tres civiles y a un policía. Sesenta personas fueron tratadas por heridas diversas y varios fueron hospitalizados. Después de las elecciones, la detención en enero de 2016 de Milagro Sala, una destacada activista indígena y contra la pobreza en la provincia de Jujuy, por liderar una manifestación de brazos caídos, provocó más protestas y manifestaciones pidiendo su liberación. En Julio 2016, trabajadores del grupo Ledesma votaron por irse a huelga en protesta por el rechazo de la empresa a “elevar sus sueldos por un 43 por ciento para contrarrestar la depreciación debido a la inflación.” En respuesta, más de 200 policías y agentes de la guardia de frontera arremetieron contra los trabajadores en huelga y algunas organizaciones de solidaridad, disparando gas lacrimógeno y balas de goma. Al menos 80 personas resultaron heridas.

Por causa de estas protestas, los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil pidieron una audiencia ante la Comisión Interamericana de derechos humanos. Estuvieron presentes en las audiencias algunos representantes del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del “Ingenio La Esperanza de San Pedro” (La Esperanza), representantes del  Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma de Jujuy (SOEAIL), del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), del Centro de Profesionales por los derechos humanos (CEPRODH), de Amnistía Internacional, y algunos Abogados y Abogadas en Derechos Humanos y Estudios Sociales del Noroeste Argentino.

Los peticionarios comenzaron discutiendo la protesta de julio de 2016 por salarios más altos en la planta de Ledesma y por los 80 manifestantes heridos. Condenaron la creciente y violenta respuesta policial a todas las protestas de Jujuy y señalaron que la acción policial efectivamente criminaliza actividades de acción social. Además, señalaron que las condiciones en la planta perjudican el medio ambiente y la salud de sus trabajadores y explicaron que esos factores suman al deseo de los trabajadores hacia la huelga y la protesta.

Otras organizaciones de derechos de trabajadores y representantes sindicales dijeron que los trabajadores fueron disciplinados por los supervisores de la planta por participar en actividades sindicales. También acusaron al gobierno local de utilizar “listas negras” para criminalizar a los manifestantes o huelguistas. Concluyeron que el gobierno sólo tiende a intervenir en nombre de la policía o empresas. Los peticionarios pidieron que el gobierno argentino se adhiera a la las normas para la libertad de expresión establecido por la Comisión Interamericana de derechos humanos.

Los representantes que asistieron en nombre del gobierno argentino expresaron su intención de limitar la violencia policial en protestas y huelgas y alentar la participación social. Señalaron que solamente nueve casos de violencia o disturbios en las protestas han llegado ante los tribunales. Los representantes solicitaron el compromiso entre los manifestantes y el gobierno local, instando a los sindicatos a abstenerse de la violencia y respetar los bienes públicos y privados.

Los Comisionados agradecieron a Argentina por afirmar su apoyo a la protesta pública y animaron la creación de un clima en el que se puedan solucionar estos problemas. Instaron a ambos partes que sigan el diálogo y señalaron específicamente la necesidad de un cambio en los procedimientos de respuesta a la ocupación de espacios públicos para las protestas o huelgas.

Análisis del autor:

Por permitir a los gobiernos locales y a la policía a incluir en “listas negras” a miembros de la Unión e de irrumpir violentamente las protestas, Argentina está violando la Declaración de los derechos humanos de las Naciones Unidas. El Artículo 20 de la declaración establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación,” y el Artículo 23  afirma que “toda persona tiene el derecho de formar y afiliarse a los sindicatos para la protección de sus intereses”. Para cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional, el gobierno debe desistir de incluir en sus “listas negras” a  los miembros del sindicato y debe prohibir a las autoridades locales que usan la violencia y las detenciones para anular las huelgas y las protestas pacíficas.