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Comisionados: James L. Cavallaro, Esmeralda Arosemena de Troitiño, José de Jesús Orozco Henríquez

Peticionarios: Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), Corporación Jurídica Libertad (CJL), Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), Corporación Reiniciar, Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC), Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)

Estado: Colombia

El 20 de marzo de 2017 los peticionarios representando a varias organizaciones de sociedad civil en Colombia comentaron sobre dos situaciones urgentes de derechos humanos en el país. La audiencia abordó sobre violaciones grosas de derechos humanos y crímenes de guerra que se clasifican bajo el Acuerdo de Paz: la Jurisdicción Especial para la Paz y los derechos de las víctimas. Alejandro Malambo, representante de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), estresó que existe un riesgo que el gobierno ignore su obligación bajo el artículo uno de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (La Convención) y que se reúse a investigar y sancionar delitos perpetrados por agentes del Estado durante el conflicto armado. Los peticionarios subrayaron que estas obligaciones comprenden principios de derecho internacional humanitario. Los peticionarios destacaron el riesgo de no investigar y sancionar a los agentes del estado por crímenes de lesa humanidad bajo los términos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Malambo ofreció provisiones específicas que son inconsistentes con los principios del derecho internacional humanitario.

En particular, los peticionarios describieron las posibles violaciones bajo el artículo veintiocho del Estatuto de Roma de la Corte Internacional Penal en casos donde agentes del estado participaron en ejecuciones extrajudiciales conocidos como positivos faltos. Los peticionarios explicaron que, bajo los términos actuales de la Jurisdicción de la Paz, existe la posibilidad de ignorar violaciones grosas de derechos humanos simplemente porque no existe el elemento de una violación sistematizada. Los peticionaros expresaron su preocupación con la investigación y sanción de terceros participantes, actores privados y públicos que respaldaron a los grupos paramilitares.

El Sr. Harold Vargas, representante de la Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC), discutió el tema de la participación de víctimas bajo la Jurisdicción Especial para la Paz. Él estresó que la participación de las víctimas debe funcionar como una herramienta fundamental para principios duraderos de justicia transicional. Los peticionarios explicaron que aunque la participación de las víctimas es una parte central del Acuerdo de Paz, el Estado ha fallado en involucrar a las víctimas en todas las fases del proceso ya que construyen requisitos estrictos para la Jurisdicción Especial para la Paz que hacen más difícil que las víctimas aboguen por sus derechos.

Veronica Hölker, representante del Comité Permanente (CPDH), enfatizó que las siguientes etapas del proceso de paz presentan una oportunidad para exigir responsabilidades a los agentes del estado por violaciones de derechos humanos y también cumplir con los estándares para la verdad, reconciliación y reparación. Finalmente, los peticionarios aportaron requisitos específicos y recomendaciones para combatir la impunidad y garantizar la participación de las víctimas sea protegido en el desarrollo e implementación de la Jurisdicción para la Paz.

Los representantes del Estado comenzaron su presentación enfatizando que el enfoque del Acuerdo de Paz envuelve un balance entre la justicia y paz. El Estado reiteró que no habrá impunidad y que el gobierno está comprometido al proceso de paz, reconciliación y justicia. La Procuraduría aportó actualizaciones y avances sobre el tema. Además, el Estado anunció que la procuraduría publicará un reporte de casos bajo investigación que serán transferidos a la Jurisdicción Especial para la Paz.

El Comisionado Henríquez pidió al Estado que proporcione datos específicos acerca de la investigación de los agentes del estado y de la responsabilidad de mando. El Comisionado Henríquez también estresó la importancia de incorporar estándares internacionales en materia de enjuiciamiento criminal bajo el conflicto armado, específicamente la responsabilidad individual de los comandantes. Él reiteró el compromiso de la Comisión en el monitoreo y acompañamiento de la implementación del Acuerdo de Paz. Por último, el Comisionado Henríquez indicó la necesidad de clarificar la estructura de la Jurisdicción Especial para la Paz, sus provisiones y su fecha de inicio. Los Comisionados Cavallaro y Arosemena de Trotiño también expresaron preocupaciones sobre la responsabilidad de los comandantes y los estándares que se usaran en la Jurisdicción Especial para la Paz.

Análisis del Autor Legal

El articulo uno de la Convención establece la obligación para respetar los derechos. El sistema interamericano aseguró la aplicación concurrente de estándares de derechos humanos y obligaciones de principios de derecho humanitario. El articulo veintiocho del Estatuto de Roma estableció la responsabilidad de los comandantes y otros superiores por crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros del rango bajo de las fuerzas armadas. Colombia ha ratificado el Estatuto de Roma y las Convenciones de Ginebra y por eso está obligado a aplicar estos principios de derechos humanos.

El sistema interamericano y los estándares internacionales han abordado el tema de la necesidad de la participación de las víctimas a efectos de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El Estado, a través del Representante Permanente de Colombia a la Organización de Estados Americanos, Andrés Gonzáles Díaz, enfatizó la importancia de la participación de las víctimas en el proceso de paz y justicia.