Comisionados: Paulo Vanucchi, Margarette May Macaulay, Paulo Abrão (Secretario Ejecutivo)

Peticionarios: Unión Americana de Libertades Civiles (UALC), Consejo Americano de Inmigración (CAI), La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AAAI), Los Derechos Humanos Primero (DHP), laboratorio de innovación de la ley, Instituto de Mujeres Migrantes (IMM), Conferencia Jesuita del Canadá y los Estados Unidos, la iniciativa fronteriza de Kino, Grupo de Trabajo de América Latina (GTAL), lurerana de Servicios de Inmigración y Refugiados (LSIR), la Clínica Jurídica transnacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania, la Clínica de Inmigración en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, la Oficina de Washington para América Latina (OWAL), Comisión de Mujeres Refugiadas (CMR)

Estado: Estados Unidos

Los peticionarios se reunieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 21 de marzo de 2017, para discutir los peligros cada vez mayores y los malos tratos con cuales los solicitantes de asilo se enfrentan en las fronteras de los Estados Unidos. Los peticionarios discutieron una amplia gama de temas, incluso testimonios de ‘tiempos de respuesta’ o ‘expulsiones’ de los solicitantes de asilo en la frontera entre los Estados Unidos y México, el alcance de la aplicación de la ley de inmigración estadounidense a México y violaciones de derechos relacionadas a tal aplicación, y la condiciones abusivas a las cuales son sometidos los migrantes en la instalaciones del Control de Bordes y Aduana de los EEUU (CBP)—donde separan a las familias de los solicitantes de asilo—y el creciente número de solicitantes de asilo en  detención en la frontera sur de los Estados Unidos. Los peticionarios, trece organizaciones en total, señalaron que las prácticas a las que se referían en sus presentaciones estaban en vigor antes de la administración de Trump, pero también reconocieron que las nuevas medidas ejecutivas sobre inmigración ciertamente han exacerbado estos problemas.

A propósito de la administración Trump, el gobierno de los Estados Unidos, en una acción sin precedentes, decidió no enviar ningún representante a esta o cualquiera de las audiencias del 161 Periodo de Sesiones en la CIDH. La Comisionada Macaulay explicó a los asistentes que el gobierno de los Estados Unidos informó a la Comisión el día antes de que las audiencias comenzaran que no iba presentarse en las mismas. La Comisionada describió la decisión como “una lástima.” El órgano regional de derechos humanos había contado con la participación de los Estados Unidos desde su inauguración. Tal medida fue sin precedentes. Los peticionarios, sin un estado para cuestionar, señalaron colectivamente que estaban extremadamente decepcionados de que el gobierno de los Estados Unidos no aprovechara de la oportunidad de trabajar junto a miembros de la sociedad civil, así como de la Comisión, para garantizar los derechos de los migrantes, sobre todo los derechos de los solicitantes de asilo y a sus familias.

Una de las preocupaciones principales planteadas por los peticionarios es que los solicitantes de asilo están siendo devueltos a la frontera o se les da información errónea por parte de los funcionarios del CBP sobre su elegibilidad para el asilo. Los testimonios señalaron numerosos casos en cuales los funcionarios del CBP negaron a los solicitantes de asilo sus derechos a entrevistas de “temor creíble” o rechazaron a los solicitantes de asilo al informarles erróneamente que el asilo era un privilegio concedido sólo a los ciudadanos de ciertos países. El derecho de asilo es un derecho humano internacional y su aplicación indiscriminada está codificada en numerosos leyes nacionales estadounidenses. Los peticionarios atribuyeron tales errores a la mala revisión del CBP de las quejas presentadas al organismo gubernamental, y a las exigencias insuficientes de capacitación de los agentes CBP. Los aprendices no hispanohablantes recibieron apenas ocho semanas de entrenamiento. Los peticionarios consideraron que ese periodo de tiempo no era lo suficientemente largo como para permitir a los oficiales a comprender los matices del miedo, lo cual debería ser un requisito previo claro para quienes trabajan con solicitantes de asilo. Los peticionarios expresaron también a la Comisión que a pesar de que la administración Trump se está preparando para una rápida expansión de la CBP, con planes de añadir aproximadamente 5.000 agentes, más contrataciones inevitablemente  significaría estándares aún más bajos para estos asuntos.

En su respuesta, los Comisionados agradecieron a los peticionarios por sus presentaciones y nuevamente pidieron disculpas por la ausencia de los miembros del gobierno de los Estados Unidos. Los Comisionados también aseguraron a los peticionarios que toda la Comisión estaba muy en desacuerdo con las actividades que estaban ocurriendo en la frontera. El Comisionado Vanucchi señaló que este problema con el tratamiento de los solicitantes de asilo en los Estados Unidos era bastante considerable, por lo cual la Comisión necesitaría la orientación de los peticionarios para desempeñar un papel más importante en la lucha contra estas injusticias. En consecuencia, la Comisionada Macaulay invitó a los peticionarios a enviar recomendaciones adicionales y establecer relaciones sustanciales con la Comisión a fin de facilitar un progreso efectivo en la solución de los problemas a los que se enfrentan los solicitantes de asilo.

Análisis legal por el autor:

El hecho de que ningún representante del gobierno de los Estados Unidos asista a las audiencias de este año deja un gran interrogante en cuanto al número de agencias administrativas que seguirán cumpliendo con los estándares actuales de derechos humanos en el futuro. Las acciones y prácticas reportadas acerca de CBP violan directamente las obligaciones de los Estados Unidos bajo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y otros instrumentos que codifican los derechos humanos acerca a solicitar asilo, a la no devolución, al debido proceso y al derecho a la vida familiar.