Comisionados: Francisco José Eguiguren Praeli, James L. Cavallaro

Peticionarios: Solicitados por el Estado de Argentina

Estado: Argentina

Representantes del Estado de Argentina, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 20 de marzo de 2017, presentaron Justicia 2020, un programa que busca desarrollar políticas de la reforma de justicia utilizando el diálogo abierto y la tecnología como plataforma para la participación cívica. El sistema de justicia argentino está plagado de corrupción, abuso de poder judicial e ineficiencia. El Estado reconoce que un sistema judicial justo, objetivo y libre de corrupción, que hace cumplir la ley, es necesario para una democracia próspera.

Justicia 2020 es una plataforma digital que fomenta la transparencia judicial y la discusión entre grupos, incluyendo jueces, abogados, organizaciones de la sociedad civil e individuos. El representante estatal describió los siete ejes del programa: institucional, penal, civil, acceso a la justicia, derechos humanos, gestión y justicia para la comunidad. Todos estos ejes funcionan para garantizar un sistema judicial transparente e independiente en la Argentina, promoviendo la eficiencia en el sistema de justicia penal, implementando nuevos procedimientos civiles y comerciales, promoviendo la igualdad de acceso a la justicia, garantizando la protección de los derechos humanos y mejorando la capacitación de los profesionales legales.

El Estado informó altos niveles de satisfacción con el programa, así como con los resultados. El Estado afirmó que el programa modernizó la gestión del registro, reduciendo los tiempos de procesamiento y facilitando la vida de los ciudadanos. Debido al programa, los datos judiciales son ahora abiertos y transparentes. En el sistema de justicia penal, el programa ha acelerado significativamente los juicios para los detenidos.

Un representante de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación participó vía webcam y discutió la reforma constitucional de 1994. La reforma creó el sistema judicial autónomo moderno en la Argentina. Discutió la necesidad de responsabilizar a los jueces porque el sistema judicial tiene un efecto directo sobre la sociedad. Mencionó varias cuestiones que deben abordarse en Argentina, entre ellas la pobreza, el tráfico de drogas y la impunidad por delitos.

Los peticionarios reconocen los avances que Justicia 2020 ha hecho con respecto al acceso a la justicia; acceso a la información; y creando un sistema eficiente, sin papel. Su principal preocupación fue la participación de la sociedad civil y la efectividad del sistema de justicia penal para reducir la cultura de impunidad en Argentina.

Análisis legal del autor

En virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se requiere que un Estado establezca un sistema mediante el cual un individuo pueda solicitar una solución mediante procesos judiciales conforme con el Artículo 2(3)(b). El poder judicial argentino no ofrece igualdad de acceso a la justicia, y la corrupción afecta al sistema, por lo que las personas no pueden buscar adecuadamente un remedio. Además, una persona arrestada o detenida por una acusación penal tiene derecho a un juicio rápido ante un juez u otra autoridad de conformidad con el Artículo 9(3). El juicio debe ocurrir dentro de un tiempo razonable después de la detención. Los procedimientos penales de Argentina han sido lentos, y los detenidos son a menudo detenidos por un tiempo excesivo antes del juicio.

Justicia 2020 busca abordar las cuestiones a las cuales se enfrenta el poder judicial en Argentina a través de reformas que buscan aumentar la transparencia, la eficiencia y el acceso a la igualdad de justicia. Ha reducido significativamente los tiempos de espera de los criminales para recibir un juicio justo, y el público puede ver los procedimientos y participar en el debate público.