Comisionados: Francisco José Eguiguren Praeli, Paulo Vannuchi, Margarette May Macaulay

Peticionarios: Isamu Carlos “Arte” Shibayama, Kenichi Javier Shibayama, Takeshi Jorge Shibayama, La peruanaProyecto de Historia Oral Japonesa

Estado: Estados Unidos

Tema: Solicitantes japoneses y peruanos que buscan reparación por su reclusión durante la Segunda Guerra Mundial

El 21 de marzo de 2017, en una audiencia sobre méritos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Peticionarios argumentaron que merecen una reparación adecuada por los actos cometidos por los Estados Unidos en contra de ellos y sus compañeros japoneses-peruanos durante la Segunda Guerra Mundial. No fue hasta 1988, cuando los EEUU promulgaron la Ley de libertades civiles (CLA), que los EEUU reconocieron esta injusticia, presentaron disculpas, y compensaron a cada persona recluida con un pago de $20.000. Sin embargo, los Peticionarios, japoneses-peruanos que fueron sacados de sus hogares e internados, argumentan que nunca recibieron una reparación adecuada.

Muchos japoneses-peruanos fueron sacados de sus hogares y transportados a campos de concentración estadounidenses o usados en intercambios de rehenes y enviados de regreso a Japón. Los abuelos de los Peticionarios fueron utilizados en un intercambio de rehenes, y los Peticionarios nunca volvieron a verlos. A principios de 1944, los Peticionarios fueron llevados de Perú a los Estados Unidos, y posteriormente fueron colocados en un campo de concentración hasta principios de 1946. A su llegada a los Estados Unidos, sus pasaportes y documentos de ciudadanía fueron confiscados. En 1992, la oficina de administración de reparaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos notificó a los Peticionarios que no cumplían los requisitos para la restitución bajo el CLA porque no eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes extranjeros en el momento de reclusión. El grupo de Peticionarios se unió a una Demanda colectiva contra los EEUU que ha concedido a cada uno de los Peticionarios $5,000. Sin embargo, los Peticionarios rechazaron el acuerdo. Los Peticionarios presentaron una demanda separada, la cual fue transferida a la Corte de Reclamaciones Federales de los Estados Unidos. La corte encontró que los Peticionarios no eran elegibles para la reparación bajo el CLA. A partir de allí presentaron su caso a la CIDH, en 2003, alegando que los EEUU violaron sus derechos en virtud de los artículos I, II, V, VIII, XII, XIV, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre.

Los Estados Unidos no tuvieron representantes en la audiencia de la CIDH. El Estado respondió a la petición inicial con el argumento de que la petición debe ser declarada inadmisible porque la Comisión no es competente para conocer el tema, ratione temporis, ya que los hechos alegados ocurrieron antes de la creación de la Comisión y de la “Declaración Americana.”  El Estado también argumentó que aunque la Comisión tuviese competencia ratione temporis, la Petición seguiría siendo inadmisible porque los Peticionarios han fallado en agotar todos los recursos domésticos porque los Peticionarios no apelaron al Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal. Los Comisionados lamentaron la ausencia de representantes del Estado. Los Peticionarios respondieron al argumento del Estado de inadmisibilidad en su petición, citando al Artículo 23 de las Reglas de Procedimiento de la CIDH.

Los Peticionarios argumentaron que los Estados Unidos llevaron a cabo procedimientos fraudulentos en los que pidieron a los Peticionarios que entregaran sus documentos de ciudadanía, y que los EEUU luego confiscaron estos documentos al llegar a la instalación de reclusión en 1944. El Estado reclamó que los Peticionarios tenían estatus ilegal y negó la ciudadanía de los Peticionarios varias veces. Cuando la Comisionada Macaulay preguntó cuáles eran las demandas de reparación, la hija de una peticionaria, Bekki Shibayama, le contestó que quería que su estatus ilegal fuera retirado de su expediente, que la verdad sobre cómo el gobierno tomó esas decisiones fuera vinculada al público, y que información sobre la reclusión y el maltrato de los japoneses-peruanos se enseñe en las escuelas y se agregue a los libros de texto la historia.

Grace Shimizu, Directora  del Proyecto de Historia Oral Peruana Japonesa, declaró que estos crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos dejaron a los Peticionarios apátridas. Suplicó a la Comisión que examinara  todos los recursos disponibles y que no limitara la reparación de los Peticionarios a la reparación concedida a los japoneses-americanos en el marco del CLR. Sostuvo que las normas de reparación no deberían reducirse en situaciones como estas. Paul Mills, abogado de uno de los peticionarios, pidió a la Comisión que acelere la evaluación con arreglo al Artículo 29 del Reglamento de Procedimiento.

La Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed, preguntó a los Peticionarios si previamente solicitaron reparación por medio de cualquier otra acción legal. El peticionario Shibayama argumentó que se le había negado la reparación del Estado varias veces, ya sea negando la ciudadanía o por falta de reparación a través del CLA. La petición recibida en 2003 argumentó que los Peticionarios no apelaron su caso debido a que el Tribunal de Apelación estaba sujeto a las mismas restricciones legislativas as las cuales se enfrentaron en la Corte de Reclamaciones. Los Peticionarios argumentaron que han agotado todos los recursos internos porque no hay ninguna perspectiva razonable de éxito en los tribunales estadounidenses.

Análisis Jurídico del Autor

Artículo VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre sostiene que cada ser humano tiene el derecho a no abandonar el estado del cual es nacional, excepto por su propia voluntad. Los artículos XVIII y XXVI protegen el derecho de todo ser humano a un juicio justo y al debido proceso. Los hechos acerca de una violación de la Declaración Americana son aparentemente indiscutibles. Además de la Declaración Americana, los Estados Unidos también están obligados por muchos otros tratados a corregir estas violaciones de los derechos humanos. Los EEUU son Estado Parte de la Convención contra la Tortura, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , y el Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. De acuerdo con el Artículo 29 del Reglamento de Procedimiento, la Comisión puede agilizar la petición cuando la presunta víctima es una persona mayor—Art Shibayama tiene 83 años. Los Estados Unidos están atados a sus obligaciones en virtud del marco regional de derechos humanos y sus obligaciones jurídicas internacionales y deben proporcionar una reparación adecuada por el sufrimiento infligido a los Peticionarios.