Comisionados: James L Cavallero, Esmeralda Arosemana de Troitiño

Peticionarios: Justicia Global, Conectas Derechos Humanos, CEDACA, Instituto Brasileño de Ciencias Criminales (IBCCRIM)

Estado: Brasil

Peticionarios de varias organizaciones brasileñas de derechos humanos aparecieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reportar el incumplimiento continuo del Estado de sus propias leyes y del derecho internacional en su tratamiento de los delincuentes infantiles y adolescentes.

Monique Cruz de Justicia Global proporcionó el trasfondo legislativo del conflicto. En 1990 se aprobó una nueva ley, denominada Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA), que llevó a Brasil a cumplir con la Convención sobre los Derechos del Niño. Para cumplir con la ECA, la encarcelación de las personas jóvenes debe ser la excepción, no la regla. En 2012, Brasil fundó el Sistema Nacional de Servicios Socioeducativos (SINASE), que garantiza servicios socioeducativos para los niños detenidos. Los peticionarios señalaron que ninguna ley se está llevando a cabo correctamente, especialmente con respecto a los niños negros pobres.
Rafael Custodio de Conectas Derechos Humanos señaló que la CIDH ya ha dictado medidas cautelares respecto al trato de los delincuentes juveniles en Brasil. Los peticionarios señalaron que, dado a lo agudo que es este problema en todo el Brasil, los incidentes de violaciones de derechos no están aislados, sino que forman parte de un problema estructural generalizado en todo el país.

Dillyane Ribeiro, de la CEDACA, se enfocó en el tema del encarcelamiento, lo que resulta en sobrepoblación en las cárceles, condiciones de vida deficientes y falta de acceso a servicios. Según la legislación brasileña, si los delincuentes juveniles van a ser encarcelados, debe de ser brevemente. Sin embargo, en la práctica, los menores están encarcelados en más del 80 por ciento de los casos. Este problema está creado por encarcelamiento de delitos no violentos relacionados con drogas y la detención preventiva excesiva. Aunque la detención preventiva está limitada a 45 días por ley, en la práctica, el encarcelamiento regularmente excede ese límite. Los peticionarios citaron instancias de abuso bien documentadas de menores detenidos; incluyendo el aislamiento, los golpes de los guardias y los asesinatos dentro de la prisión. Los peticionarios también mencionaron que muchos jóvenes a quienes se consideran mentalmente inestables son transferidos indefinidamente a una “Unidad de Salud Experimental” en Sao Paolo, donde están sujetos a la detención arbitraria y deprivados de tratamiento de salud mental.

Paulo Malvezzi del IBCCRIM habló sobre la cuestión del retroceso judicial en los derechos de la niñez y la adolescencia. Señaló que 61 de los proyectos de ley propuestos tienen por objeto modificar el sistema de justicia de menores y tendrán efectos sobre la reducción de la edad adulta, el aumento de las detenciones preventivas y la transferencia de menores a cárceles “seguras” para adultos. Los peticionarios solicitaron que la Comisión fuera a Brasil para evaluar la situación y pidieron que el Estado cumpliera con las medidas cautelares existentes.

Cláudia de Fretas Vidigal, Secretaria de Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Ministerio de Derechos Humanos, representó al Estado. En primer lugar, manifestó su conformidad con todos los hechos presentados y la gravedad de esos hechos. Señaló que desde la aprobación de la ECA en 1990 y SINASE en 2012 se han producido algunos avances. La representante expresó estar de acuerdo en que el hacinamiento debe abordarse con alternativas al encarcelamiento y con la disminución de la detención preventiva, pero subrayó que el poder ejecutivo necesita la cooperación del poder judicial para llevar a cabo esas medidas. Afirmó que su oficina está activamente haciendo campaña contra los proyectos de ley regresivos que harían retroceder el progreso de los derechos humanos, sin embargo, su impacto está limitado por el congreso conservador. Destacó la importancia del apoyo internacional y de los grupos nacionales de la sociedad civil.

El Comisionado James L. Cavallaro, Relator de la CIDH para las Personas Privadas de Libertad, primero se ofreció para visitar Brasil y ayudar con las cuestiones presentadas, a lo cual el Estado le dio la bienvenida a los Comisionados de visitar en cualquier momento. El Comisionado Cavallaro estaba muy preocupado por el retroceso legislativo de los derechos humanos. También expresó su preocupación por el hacinamiento y el encarcelamiento de delincuentes no violentos.

Esmeralda Arosemana de Troitiño, relatora de la CIDH sobre los Derechos del Niño, enfatizó la necesidad de que cada organismo federal articule claramente su postura contra la nueva legislación regresiva. También destacó la importancia de cerrar la Unidad de Salud Experimental en Sao Paolo y poner fin a la detención arbitraria de menores con problemas de salud mental.

Análisis Legal de la Autora

Brasil es signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño y, en papel, sus leyes cumplen con esa convención, sin embargo, en la práctica se viola de manera regular y severa los derechos de los niños y adolescentes delincuentes. El artículo 37 estipula que ningún niño será sometido a tortura o trato inhumano y que la prisión o la detención de un niño sólo debe utilizarse como último recurso. El artículo 40 también establece que los delincuentes menores de edad tienen derecho a la presunción de inocencia y, cuando es posible, a resolver problemas ajenos al sistema judicial. Si se aprueba cualquiera de las leyes regresivas propuestas, la legislación brasileña no cumplirá con gran parte de la convención, incluyendo el Artículo 1, que clasifica a los menores de 18 años como niños.