Comisionados: José de Jesús Orozco Henríquez, James L. Cavallaro, Francisco José Eguiguren Praeli

 Peticionarios: Comunicando y Capacitando Mujeres Trans (COMCAVIS Trans), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Center for Justice and International Law (CEJIL)

Estado: El Salvador

En marzo 22 del 2017, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Peticionarios discutieron los problemas a los cuales se enfrentan las personas LGBTI en El Salvador, tal como los crímenes por odio contra la comunidad LGBTI, el fallo del sistema jurídico en proporcionar acceso a la justicia para la comunidad LGBTI y de realizar investigaciones adecuadas, y los ataque contra los defensores de derechos LGBTI y la criminalización de los mismos.

Bianca Rodríguez, representante de la sociedad civil y miembro de la comunidad transgénero, mencionó que, en los primeros dos meses del 2017, se cometieron catorce crímenes por odio contra la comunidad LGBTI. Estos crímenes implicaron tortura y mutilación genital, demostrando la altura del perjuicio que sigue existiendo en la sociedad salvadoreña. Durante los últimos trece años, aproximadamente 600 personas LGBTI fueron víctimas de crímenes por odio. En mayo del 2015, Francela Mendez, una activista y una mujer transexual, fue golpeada y estrangulada. Además, las mujeres transexuales forman el grupo más afectado por el tráfico sexual, en parte porque sus familias niegan aceptarlas, expulsándolas hacia un ciclo de violencia y criminalización. Las estampas de la sociedad y la negación por parte del Estado a reconocer las identidades de género de las personas transexuales contribuyen a la violencia en contra de la comunidad LGBTI. Los perjuicios se suelen notar en la retórica religiosa y política de El Salvador.

Carolin Bellosa y Ambar Alfaro, dos otras representantes de la sociedad civil, discutieron la intolerancia y la discriminación dirigidas hacia la comunidad LGBTI. La indiferencia acerca de los derechos fundamentales de las personas LGBTI contribuye a la hostilidad y aumenta el número de ataques en contra de esta comunidad. Además, los defensores de los derechos LGBTI suelen ser atacados. Después de un tal ataque, las personas transexuales tienen acceso limitado a la justicia, y el lamentable esfuerzo del gobierno de investigar estos ataques no resulta en muchas acciones penales. Porque los autores de estos delitos disfrutan de la impunidad, no se sienten impedidos de cometer tales crímenes de odio en el futuro.

El gobierno respondió a los peticionarios con una detallada explicación de los pasos que ha dado para avanzar los derechos de los transexuales y para incluir a la comunidad LGBTI en la sociedad salvadoreña, tal como la creación en mayo del 2010 del Directorado Nacional para la Diversidad Sexual dentro del Secretariado de la Inclusión Social. Este año, el gobierno presentó el Decreto Ejecutivo No. 56, dirigido hacia la prevención de todas formas de discriminación de identidad, y específicamente dirigido a proteger a la comunidad LGBTI. Este tipo de decreto es sin precedentes. En 2015, los legisladores de El Salvador cambiaron el código penal como para que aborde directamente los crímenes por odio. El gobierno subrayó que reconoce la importancia de las investigaciones de crimines de odio contra la comunidad LGBTI y ha pedido que un fiscal general participe en todas tales investigaciones. El gobierno afirmó que los avances discutidos representaron solo algunos de los cambios adoptados para superar la dificultad de incluir a la comunidad LGBTI en la sociedad salvadoreña.

Los Comisionados parecieron interesados, sobre todo, con la percepción pública de la comunidad LGBTI y con los continuos prejuicios que llevan a la discriminación y a la violencia generalizadas.

Análisis legal por la autora

Las Naciones Unidas han establecido que la discriminación basada en la orientación sexual y en la identidad de género es prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exige que todos los Estados reconozcan a las personas como iguales ante la ley, y protejan contra la discriminación en contra de algún grupo en particular. El Comité de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, en su decisión en Toonen v. Australia, afirmó que las protecciones contra la discriminación, cuales provienen del Artículo 2, párrafo 1, y del Artículo 26 del Pacto antes mencionado, también incluyen protección en contra de la discriminación contra la orientación sexual. Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha pedido a los Estados que garantice el derecho a la vida de cada persona a través de investigaciones completas y rápidas de los asesinatos cometidos por discriminación contra la orientación sexual.

El Salvador no reconoce el derecho de las personas transexuales a cambiar sus nombres y géneros en sus documentos nacionales de identidad. La negación del gobierno a que las personas transexuales se puedan auto-identificar viola el Artículo 26 del Pacto antes mencionado, cual exige a cada Estado que garantice la protección contra la discriminación.

La cultura de impunidad que impregna los crímenes por odio contra la comunidad LGBTI demuestra los fallos del Estado en la protección del derecho a la vida y a la seguridad de cada persona de acuerdo con los Artículos 6 y 9 del Pacto.