Comisionados: Margarette May Macaulay, James Cavallaro

Peticionarios: Red de Mujeres trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe / Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), Argentina) / Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de la Mujer (ONAEM), Bolivia) / Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer, Chile / Asociación de Mujeres Buscando Libertad (ASMUBULI), Colombia / Asociación de Trabajadoras Sexuales La Sala, Costa Rica / Movimiento Orquídeas del Mar, El Salvador / Organización Mujeres en Superación (OMES), Guatemala / Red Nacional de trabajadoras Sexuales de Nicaragua / Red Nacional de Trabajadoras Sexuales de Honduras / Mujeres con Dignidad y Derechos, Panamá / Unidas en la Esperanza (UNES), Paraguay / Red Nacional de Trabajadoras Sexuales de Perú / Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU), República Dominicana.

Estados: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana

El 18 de marzo del 2017, los peticionarios argumentaron en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por mejores leyes, facilidades, y condiciones de trabajo para las trabajadoras sexuales en las Américas. Los peticionarios incluían a tres mujeres de la organización de trabajadoras sexuales, RedTraSex; y representaban a varios países en Latinoamérica. Cada mujer explicó los problemas actuales por los que atraviesan las trabajadoras sexuales y la ayuda que necesitan de la CIDH para proteger los derechos humanos de las trabajadoras sexuales en las Américas.

Lucy, la secretaria ejecutiva de RedTraSex, explicó que la violencia a la que se enfrentan las trabajadoras sexuales en América se produce por el área gris de la ley que rodea al trabajo sexual. Ella pidió leyes más claras, que distingan el trabajo sexual y el tráfico sexual para crear un ambiente laboral más seguro para las trabajadoras sexuales. Las leyes de la mayoría de los países ni reconocen ni prohíben de manera explícita el trabajo sexual. Lucy argumentó que tener leyes más claras ayudaría a difusar el estigma alrededor del trabajo sexual. Este estigma crea un ambiente laboral hostil para las trabajadoras sexuales, el cual resulta en una compensación inadecuada y en el riesgo de ser abusadas o asesinadas.

La segunda mujer que habló ante los Comisionados fue una trabajadora sexual anónima de Sud América. Ella argumentó que el derecho fundamental de vivir como trabajadora sexual en las Américas estaba siendo violado. Ella dijo que del 2004 al 2013, 238 trabajadoras sexuales habían sido asesinadas en la Republica Dominicana por su trabajo. Algunas de las trabajadoras habían sido asesinadas por reusarse a trabajar para proxenetas o mafias. Ella argumentoó que una ley más clara que reconozca el trabajo sexual como una rama de trabajo respetada iba a ayudar a apoderar a las mujeres en la industria y originar más respeto por las mujeres involucradas.

La tercera mujer quien argumentó ante los Comisionados también era una trabajadora sexual anónima de Sud América. Ella argumentó que la falta de garantías judiciales y de igualdad está causando muertes y abusos a las trabajadoras sexuales; notando adicionalmente que la mayoría del abuso al cual son sujetadas las trabajadoras sexuales viene de parte de oficiales de policía y de las autoridades judiciales. Los oficiales de policía frecuentemente solicitan sexo a las trabajadoras a cambio de que no las arresten. Si las trabajadoras sexuales se quejan con la policía o con oficiales del gobierno, estas son frecuentemente asesinadas o arrestadas. En una encuesta conducida por RedTraSex, nueve de cada diez trabajadoras sexuales identificaron a sus agresores como oficiales de policía y autoridades de la justicia, y ocho de cada diez trabajadoras sexuales dijeron que ellas no hacían denuncias, principalmente, por miedo y desconfianza del sistema judicial.

Los Peticionarios después introdujeron tres maneras en que los Comisionados podían apoyarlas. Primero, los Peticionarios solicitaron nuevas leyes claras que distingan el trabajo sexual del tráfico sexual y la explotación por medio de la promulgación de legislación doméstica y políticas públicas. Segundo, los Peticionarios pidieron ayuda diseñando una nueva política para combatir las violaciones de las nuevas leyes. Tercero, los Peticionarios pidieron ayuda para establecer respeto por las trabajadoras sexuales en las Américas.

Los Comisionados respondieron agradeciéndole a las mujeres por llevar este tema a la luz, y les garantizaron la ayuda que necesitan para buscar justicia y respeto por las trabajadoras sexuales en las Américas. Los Comisionados después preguntaron si había habido algún progreso hacia mejores leyes en los países en donde los peticionarios trabajan. Los peticionarios respondieron que Guatemala, Bolivia, y Colombia habían empezado a evaluar e inicializar leyes para el trabajo sexual. La preocupación principal de los Comisionados fue la falta de información legal que presentaron los Peticionarios. Los Comisionados dijeron que iban a investigar más a fondo los puntos de vista jurídicos del trabajo sexual en cada país de las Américas y que van a tratar de hacer un seguimiento a los países que ya han empezado a mostrar progreso hacia el reconocimiento de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

Análisis Legal de la Autora

Actualmente, en el Caribe, América Central y del Sur no hay leyes que claramente establezcan si el trabajo sexual es legal o ilegal. Consecuentemente, varios derechos humanos fundamentales de las trabajadoras sexuales están siendo violados. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, y el derecho a un juicio judicial justo fueron mencionados por los Peticionarios como los tres derechos humanos más importantes que se les estaban violando. Estos derechos son garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), y cada país de la Américas necesita crear leyes claras que definan el trabajo sexual como trabajo que es legal y necesitan establecer políticas que castiguen a quienes no sigan esas leyes.