Comisionados: Margarette May Macaulay (Relator de Guyana y las mujeres) y Esmeralda A. de Troitiño (Relator de los niños y jóvenes)

Peticionarios: ChildLinK , Consejo Nacional de la juventud de Guyana (GNYC) , Sociedad contra la discriminación por orientación Sexual (SASOD)

Estado: Guyana

En una audiencia ante la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) en 22 de marzo del 2017, los peticionarios abogaron a favor de la educación y de la igualdad de derechos de la juventud de Guyana. Los peticionarias sostienen que, si el gobierno no toma acción, las violaciones de los derechos humanos de adolescentes seguirán ocurriendo en Guyana. Los peticionarios afirmaron que la falta de implementación de políticas antidiscriminatorias existentes, la brutalidad policial y el encarcelamiento de la juventud LGBTI, y falta de educación para mujeres embarazadas o post-natales violan las leyes internacionales de derechos humanos.

SASOD presentó hechos y casos donde la juventud LGBTI ha sida discriminada, resultado la privación educativa y otras formas de abuso. Bissoon Twinkle de SASOD argumentó que los jóvenes LGBTI son discriminados en la escuela y son incapaces de obtener o mantener el empleo. La juventud LGBTI frecuentemente abandona la escuela y debido a eso, están sin la educación necesaria para entrar en la fuerza de trabajo que crea una disparidad de empleo e ingreso para sostenerlos. La juventud LGBTI frecuentemente es forzada a entrar al comercio sexual para el trabajo. La mayoría de esos adolescentes vulnerables intentan suicidarse y son cometidos a hospitales o instituciones de salud mental que no reconocen su identidad de género.

Sr. Smith de GRPA alega que ciertos grupos religiosos están avanzando las nociones de discriminación y homofobia contra la juventud LGBTI. También explicó la incapacidad del gobierno en introducir una “política de reinserción integral para adolescentes embarazadas y padres.” El GRPA sostiene que el gobierno de Guyana, específicamente el Ministro de educación, continúa violando derechos de guyanés niños y jóvenes que se encuentran protegidos por la Convención de las Naciones Unidas Sobre los Derechos del Niño (CRC). El gobierno, explicó el Sr. Smith, tiene la obligación de cumplir con estos estándares bajo la CRC y la Constitución guyanesa, cual proporciona un igual derecho a la educación.

Neketa Forde, hablando en nombre de la GNYC (o “Consejo de la juventud”), explicó cómo la legislatura elaboró una política nacional de juventud en el manejo de la conducta de la juventud, pero nunca la finalizó a disposición del público. El Consejo de la Juventud alega a favor de la actualización de la aplicación de la política con un plan de acción para poner mecanismos en lugar para supervisar la rehabilitación y la actividad policial y cuidado de los menores. La Sra. Forde también llamó para la finalización, la publicidad y la implementación del proyecto de Justicia Juvenil 2016 ley para asegurar un plan de acción. Además, la Sra. Forde analizó las deficiencias de la política nacional de juventud, como la falta de plan de reinserción para las madres embarazadas y lactantes en el sistema escolar.

John Inniss, representante de la misión permanente de Guyana a la organización de Estados Americanos (OEA), se disculpó por la ausencia del Embajador y representante permanente de Guyana. El representante gubernamental declaró los convenios a que Guyana es un Estado parte y reconoció ciertas obligaciones. Declarando el reconocimiento de los argumentos de los peticionarios por parte del Gobierno guyanés, el representante describió el deseo del gobierno de ofrecer una “respuesta integral” a las quejas de los peticionarios. Además, pidió más tiempo para proporcionar un plan y pidió disculpas por la incapacidad del gobierno para “hacerlo en este momento.”

En agradecer a ambas partes, los Comisionados alabaron a los peticionarios como jóvenes guyaneses por venir adelante y se refirieron a ellos como el futuro de la dirección del país. Comisionada Macaulay pidió al Gobierno de Guyana, en nombre de la Comisión, que considere firmar y ratificar la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. Dijo que los niños deben ser protegidos y la detención de los menores debe ser un “resultado último y final”. Comisionada Troitiño pidió la revisión de las políticas y la implementación del nuevo acuerdo con adecuada protección de los menores.

Análisis jurídico del autor

Guyana es un Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) , y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes(CAT). Colectivamente, estos convenios establecen estándares para los jóvenes, incluyendo el derecho a la educación, la igualdad, la libertad de pensamiento y derecho a no ser discriminados. La Convención llama de los “tribunales de justicia,” sistema judicial y las instituciones del estado a considerar el “interés superior del niño” y a promulgar la legislación apropiada debajo de los artículos tres y cuatro de la Convención. Artículo 10 de la Convención dispone que las mujeres deben de tener igualdad de oportunidades de empleo. Teniendo en cuenta las violaciones discutidas con respecto a la discriminación de adolescentes y el encarcelamiento en la educación y el sistema de justicia, Guyana no cumple con las normas previstas por los convenios anteriores. Observaciones del representante del Estado no abordaron directamente las preocupaciones de los peticionarios y proporcionaron una respuesta indiferente. Sin una acción oportuna, la CIDH puede perseguir más a Guyana porque el país es un miembro de la OEA. Si el Estado no cumple, como señaló la Comisionada Macaulay, la Comisión puede definitivamente “ir después de” los responsables.