Comisionados: Francisco Eguiguren, Esmeralda A. de Trontiño, Paulo Vannuchi, y Paulo Abrao

Peticionarios: Organizaciones de la Sociedad Civil de México

Estado: México

Entre 2011 y 2016, México recibió más del 1000% de solicitudes de asilo de personas que huían de la pobreza, la violencia, la corrupción, la extorsión y la falta de oportunidades en su país de origen. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) proyectó que México seguirá viendo el aumento en las solicitudes, que estima que, en el año 2017, México recibirá 22.000 solicitudes de asilo. Aunque México tiene programas para ayudar a las personas que buscan asilo y es parte en muchas convenciones internacionales que requieren la protección de inmigrantes y refugiados, el gobierno mexicano no ofrece apoyo y protección a quienes buscan asilo dentro de sus fronteras.

Organizaciones de la sociedad civil se reunieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puedan solicitar la ayuda de la Comisión y del Gobierno de México para hacer frente a esta situación. Las organizaciones presentaron por primera vez ante la CIDH la situación actual de las personas que buscan asilo en México durante las audiencias de este mes. Las organizaciones solicitaron ayuda de la CIDH y representantes del estado de México para establecer un sistema más efectivo de apoyo y protección a inmigrantes y refugiados. Presentes en las audiencias eran representantes de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo: Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Casa del Migrante de Saltillo; Servicio Jesuita a Migrantes; Asilo acceso al Mercado mexicano; Sin Fronteras, IAP; Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría; Programa de Derechos Humanos, párr Refugiados Programa de Asuntos Migratorios y Clínica Jurídica “Alaíde Foppa”, de la Universidad Iberoamericana.

Los peticionarios abrieron la audiencia proporcionando estadísticas para ilustrar la gravedad de las violaciones de los derechos humanos entre los refugiados que buscan asilo en México. En 2016, más del 90% de las solicitudes de refugiados recibidas por México provenían de ciudadanos que huían de la violencia y la persecución en Honduras, Guatemala o El Salvador, comúnmente denominados “Triángulo Norte de América Central.” Jóvenes y niños no acompañados y acompañados los propietarios que huyen de la extorsión, los testigos que han testificado en contra de criminales condenados por delitos graves y los miembros de la comunidad LGBT están entre las poblaciones más comunes que buscan asilo en México. De las 188.595 personas detenidas en 2016 en México por cuestiones relacionadas con la inmigración, 40.542 eran niños pequeños o adolescentes. De los niños y adolescentes detenidos, el 84% fueron deportados a su país de origen, principalmente a Honduras, Guatemala o El Salvador.

Los peticionarios citan Programa Frontera Sur de México (Plan Integral Frontera Sur) como causa de la estricta política de México de aprehensión, detención y deportación. Los peticionarios argumentaron esta política y las estadísticas presentadas indican que el principal enfoque del gobierno mexicano es la seguridad nacional, no las cuestiones subyacentes de derechos humanos que hacen que estas personas huyan de su país de origen. Los peticionarios destacaron fallas en la implementación y aplicación de la ley de refugiados e inmigración, así como el incumplimiento por parte del gobierno mexicano de sus obligaciones internacionales relativas a los derechos humanos y los derechos de los refugiados. Además, los peticionarios señalaron la necesidad de establecer programas para ayudar a asimilar a la población de refugiados en la cultura mexicana local.

Representantes del Estado de México se comprometieron a establecer un espacio de colaboración para el diálogo entre las autoridades competentes de México y las organizaciones de la sociedad civil. Juntos, este colectivo debería desarrollar un plan de acción para mejorar la atención a la población refugiada en México. Los representantes hicieron hincapié en la difícil situación que enfrenta a México, así como a otros países de América Central y del Sur, de establecer prácticas eficaces para garantizar la protección de los solicitantes de asilo. Sin embargo, los representantes reconocieron el impacto positivo que los refugiados suelen tener en la sociedad y en la economía del país en el que buscan refugio. Por esa razón, los representantes reiteraron la dedicación de México a construir puentes, no muros para inmigrantes y refugiados que buscan asilo en México.

Los comisionados agradecieron a las organizaciones de la sociedad civil ya los representantes del estado de México por su participación en la audiencia e hicieron eco de la necesidad de un esfuerzo de colaboración para proteger a la población refugiada en México, en particular a los niños y adolescentes que buscan asilo.

Análisis legal del autor:

Menos del 1% de los niños detenidos en México por las autoridades de inmigración son reconocidos como refugiados. Aunque el interés del gobierno en la seguridad nacional y el fortalecimiento de sus fronteras es una preocupación válida, el gobierno mexicano no puede asegurar las fronteras de su país a costa de la vida de los refugiados que buscan asilo dentro de sus fronteras. En virtud del artículo 22 de la Convención de los Derechos del Niño, de los que México es parte, México tiene la obligación de la comunidad internacional y de los niños solicitantes de asilo para proporcionar seguridad y protección. El gobierno mexicano debería establecer mejores métodos para garantizar la seguridad de los niños y la mayor población de refugiados dentro de sus fronteras.