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Foto de Luz Palmas Zaldúa (Centro de Estudios Legales y Sociales), Alan Iud, Estela de Carlotto y Taty Almeida (Abuelas de Plaza de Mayo), vía Flickr OAS/Inter-American Comission of Human Rights.

 

Comisionados:  Francisco José Eguiguren Praeli (presidente CIDH), Pablo Vanucci (Unidad memoria, verdad y justicia), Edison Lanza (Relator especial para la libertad de expresión), Claudia Pulido (Secretaria Ejecutiva adjunta).

 

Peticionarios: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo (Abuelas), Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, H.I.J.O.S. Capital, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).

 

Estado: Argentina

 

El 24 de octubre de 2017 tuvo lugar en Montevideo, Uruguay, la audiencia pública sobre el derecho a la memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad en Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 165º período de sesiones.

 

El CELS resaltó el avance que durante los últimos años se venía realizando en el juzgamiento de los responsables de delitos de lesa humanidad, la reparación a las víctimas, la restitución de la identidad de nietas y nietos apropiados, el hallazgo de información y sistematización de archivos y la creación de sitios de memoria. Sin embargo, explicó que el motivo de la audiencia era la preocupación sobre los retrocesos que se ha evidenciado por parte de todos los poderes del Estado desde la asunción del presidente Mauricio Macri. El desmantelamiento de programas que contribuían en las investigaciones judiciales y relevaban información que vinculaba a actores económicos con delitos de la dictadura y la aplicación regímenes carcelarios permisivos y de privilegio para los condenados por delitos de lesa humanidad fueron algunas de las cuestiones mencionadas como ejemplos en esta regresión.

 

El representante de Abuelas, por su parte, llamó la atención sobre un histórico retraso en la resolución de los juicios por lesa humanidad por parte de la Corte Suprema, la Cámara Nacional de Casación Penal y otros tribunales del interior del país, resaltando que la dilación produce que los imputados, por su avanzada edad, sean apartados de las causas y los procedimientos no puedan avanzar en su contra. Señaló además la adopción de criterios regresivos en los casos por crímenes de lesa humanidad, citando como ejemplo la decisión de la Corte Suprema en el fallo “Muiña”. Allí, el superior tribunal violó la prohibición de conmutación de penas al declarar aplicable la llamada “ley del dos por uno” a condenados por crímenes de lesa humanidad. Lo hizo, además sin utilizar el control de convencionalidad y apartándose de estándares internacionales en la materia. Estela de Carlotto concluyó que los hechos aludidos no deben entenderse aislados de un contexto político en el que distintos funcionarios públicos han negado o relativizado el terrorismo de Estado y del número de víctimas, apoyando en su lugar la “teoría de los dos demonios”, conforme la cual lo que ocurrió en Argentina en tiempos de dictadura fue una “guerra” y no terrorismo de Estado.

 

Los representantes del Estado afirmaron que memoria verdad y justifica es una política de estado, y rechazaron la “malintencionada imputación de indiferencia, negacionismo y vaciamiento” fundadas en “falsas…afirmaciones, teñidas de prejuicios y sostenidas en convencimientos ideológicos y partidarios”. Recalcaron que reconocer el contexto de violencia por parte de todos los sectores en el cual surgió la dictadura no es avalar la “teoría de los dos demonios” y que no quieren más “usos espurios en nombre de los derechos humanos”. Por lo demás, manifestaron que la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos interviene en el 90 por ciento de las causas de lesa humanidad en todo el país realizando tareas de contención, acompañamiento, análisis de vulnerabilidad de testigos y víctimas, estudio de estructuras represivas y seguimientos de procesos judiciales. Se sumaron a la preocupación por la dilación de las causas judiciales, pero señalaron que esta dilación no es algo nuevo, sino que es un problema existente hace años. En relación a la decisión de la Corte Suprema en el caso “Muiña”, mencionaron que la Secretaría se opuso a ese criterio citando jurisprudencia de la CIDH.

 

El Comisionado Pablo Vanucchi lamentó la ausencia de una representación del Poder Judicial considerando que muchas de las preocupaciones estuvieron relacionadas con el peligro de la regresividad en ese ámbito. En relación a la cuestión de la relativización en el discurso público del terrorismo de Estado, trazó un paralelismo con el holocausto en la Alemania nazi y opinó que así como la democracia alemana no transige, la nueva democracia argentina, en donde siempre habrá disputas, debe resolverlas sobre la base de un acuerdo común de reconocimiento del terrorismo de Estado, para no volver a la idea de los dos demonios. En el mismo sentido, el presidente de la Comisión Francisco Eguiguren afirmó que el Poder Judicial debe ser independiente, pero mantuvo su preocupación por las decisiones de la Corte Suprema en el caso “Muiña” y “Fontevecchia” y remarcó que hay temas que son una “verdad histórica”, como la dictadura, las desapariciones, los crímenes de lesa humanidad. El Comisionado Edison Lanza alentó al Estado argentino a ser un ejemplo para la región y ayuden a construir estándares, por ejemplo, en la administración de los archivos de la represión.

 

De la presentación de las organizaciones y la respuesta del Estado emerge una pregunta que ha quedado sin respuesta y que los comisionados sugirieron en sus intervenciones: ¿qué define a una política de Estado en defensa y promoción de los derechos a la memoria, la verdad, y la justicia? Sin duda la creación de la Unidad de Memoria, Verdad y Justicia tendrá la tarea de elaborar estándares regionales para dar respuesta a esa pregunta. Por ahora, lo que parece claro es que no basta con que el Estado mencione las acciones desarrolladas por una Secretaría de un Ministerio. El Poder Judicial es parte del Estado y, por lo tanto, está sujeto al escrutinio internacional: con sus decisiones, las cortes también pueden violar derechos y, por eso, deben rendir cuentas, no solo nacional, sino internacionalmente. Por lo demás, en un contexto en que el Estado endilgó a las organizaciones de derechos humanos un uso político partidario de estos, la idea de construir una nueva democracia sobre la base de un acuerdo común respecto de los derechos humanos, se presenta tan acertada, urgente y necesaria como desafiante.