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En la foto, las Comisionadas Margarette May Macaulay y Esmeralda Arosemena de Troitiño y el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, via Flickr, usuario: OAS/ Inter-American Comission of Human Rights

 

Peticionarios: Instituto de Bioética Anis; Centro de Derechos Reproductivos; Yale Global Health Justice Partnership (University); International Planned Parenthood Federation, Western Hemisphere; Ipas; Promsex; Women’s Link Worldwide

 

Comisionada/os: Margarette May Macaulay, Esmeralda Arosemena de Troitiño y Luis Ernesto Vargas Silva.

 

Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales: Soledad García Muñoz.

 

El 25 de octubre de 2017 tuvo lugar en Montevideo (Uruguay) la audiencia pública sobre el virus del Zika y los derechos de las mujeres y de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 165º período de sesiones.

 

El Zika es virus que se contrae a través un mosquito y se transmite sexualmente o través de la mujer embarazada al feto. El virus genera complicaciones neurológicas en el feto y puede producir microcefalia. Hasta la fecha no existen tratamientos de prevención ni de cura, y los niños con Síndrome Congénito de Zika requieren atención médica, apoyos y ajustes para lograr su inclusión social. En América Latina y el Caribe se reportaron cientos de miles de casos sospechosos de infección y, pese a no existir evidencia científica de que la epidemia haya cesado, en noviembre de 2016 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró finalizada la emergencia de salud pública. Lo propio hicieron sucesivamente los Estados, suspendiendo en algunos casos las pocas medidas que se habían adoptado para mitigar las consecuencias de la epidemia. En consecuencia, las organizaciones pidieron a la Comisión que: i) solicite información para la evaluación del enfoque de derechos humanos en la respuesta de los estados al Zika; ii) incluya la temática del Zika en futuros reportes de las relatorías de mujeres, discapacidad, DESC y niña/os; iii) promueva el enfoque de derechos humanos en la respuesta de los estados para futuras epidemias.

 

En Colombia y según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se reportaron un total 98.598 casos sospechosos. En Brasil, por su parte, se reportaron 220.000 casos. En República Dominicana y El Salvador no hay información estadística sobre la cantidad de casos, mientras que en Perú se registraron 402 casos sospechosos. En general, a las deficiencias en la detección del virus se sumó la falta de acceso a la información para la prevención y el tratamiento. En los pocos casos que se realizaron campañas de información, estas fueron limitadas o llegaron tarde. A esto se sumaron las graves barreras para el acceso a los métodos anticonceptivos, e incluso el desabastecimiento de los mismos. En el caso de Perú, si bien el Estado aprobó dos políticas sanitarias, se percibieron serias deficiencias en su implementación.

 

En relación a la posibilidad de interrumpir el embarazo, las organizaciones destacaron que el aborto está penalizado de forma absoluta en Perú, Brasil, República Dominicana y El Salvador con lo cual el Zika expuso a las mujeres a la obligación de enfrentar embarazos que significaron un riesgo a su vida y a su salud. Pero aun en el caso de Colombia en donde la interrupción voluntaria del embarazo está permitida, se evidenció una generalizada falta de conocimiento en las mujeres de su derecho a terminar voluntariamente con sus embarazos.

 

Todas las organizaciones resaltaron que la epidemia tuvo un impacto diferencial en las mujeres y zonas más pobres. En el caso de Brasil, se señaló que la mayoría de las mujeres afectadas son jóvenes, negras e indígenas, principalmente adolescentes entre 14 y 19 años que no poseen educación básica completa. En el caso de República Dominicana, se destacó que gran parte de las mujeres afectadas son inmigrantes provenientes de Haití. Esto demostró que la inacción estatal tuvo un impacto discriminatorio en grupos segregados en razón de su género, clase, nacionalidad y raza.

 

Las representantes de la Comisión y la Relatoría Especial DESC agradecieron a las organizaciones el abordaje de la problemática desde una perspectiva intersectorial. En esta línea, la Relatora Especial DESC señaló que las epidemias suponen un test para las políticas públicas, y prueban la necesidad de incorporar perspectivas de derechos humanos, de género y de pobreza en su diseño e implementación. Por su parte, la Comisionada Esmeralda de Troitiño reafirmó la necesidad de avanzar hacia sistemas de garantías para la niñez que sean articulados y transversales, y advirtió sobre el riesgo de institucionalización de las/os niñas/os con discapacidad afectados por el Zika. La Comisionada Margarette May Macaulay destacó la necesidad de recurrir a la OMS y a la OPS y señaló que es necesario antes de adoptar decisiones signifiquen una interrupción de las acciones contra la epidemia es necesario tener certeza científica.

 

El Comisionado Luis Vargas Silva, a cargo de la recientemente creada Unidad de Discapacidad, reafirmó la necesidad de que se despenalice la interrupción del embarazo en los casos en donde existe “la posibilidad de que los niños [nazcan y crezcan] con un defecto que los [convertiría] en personas con un grado de discapacidad”. Dicha posición fue luego contestada por la representante de una de las organizaciones. Si bien reivindicó el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo, destacó la importancia de que su decisión sea libre e informada. Esto implica que en los casos de embarazos en los que existen posibilidades de que nazca un niño o niña con discapacidad, las mujeres deben ser informadas de manera imparcial y no discriminatoria sobre los servicios disponibles para la atención y apoyo a las personas con discapacidad, así como las medidas que el Estado adopta y adoptará para reducir el estigma social al que el Comisionado se refirió.

 

Como cierre, los peticionarios destacaron el valor de que se esté dando un diálogo entre las organizaciones por los derechos de las mujeres y las organizaciones de personas con discapacidad, y señalaron la importancia de que sea la Comisión quien también lidere ese diálogo entre esos movimientos.