Por: Tamara Castro Marquez

En la mesa de Comisionados:

Francisco José Eguiguren Praeli (Comisonado presidente y Relator sobre los derechos indígenas)

James L. Cavallaro (Comisionado)

María Claudia Pulida (Secretaria Ejecutiva Adjunta)

Peticionarios:

Conjunto de organizaciones vinculadas a los pueblos indígenas y de la sociedad civil

Otras Intervenciones:

Victoria Tauli-Corpuz (Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas)

Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Unidos para Sudamérica

 

A pesar de una larga trayectoria de lucha por sus derechos, los pueblos indígenas de las américas aún enfrentan desafíos y amenazas a su existencia propia. En el 165º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un conjunto de organizaciones vinculadas a los pueblos indígenas y de la sociedad civil presentó intervenciones sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial en la Amazonia y el Gran Chaco. Este conjunto, integrado por representantes de organizaciones de Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Paraguay, y Venezuela, de cierta manera buscó actualizar la información sobre sus respectivos territorios desde la reunión de trabajo que se dio en junio 2017 en Lima, Perú. Esa reunión de trabajo, en la cual participaron representantes de estas organizaciones, de los Estados, la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, y la Comisión interamericana de derechos humanos, trató como proteger a los pueblos en aislamiento voluntario.

Estando ausente la presencia de cualquier representante de los Estados nombrados por las organizaciones peticionarias, la sesión se enfocó en las exposiciones de cada organización sobre la situación actual de su respectivo territorio. También hubo intervención de parte de la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígena y de parte una representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para Sudamérica. Todas las intervenciones enfatizaron las amenazas a la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial. Las amenazas en común en país mencionados son la extracción ilícita de recursos naturales, la integración forzada, y el crimen organizada transnacional. A nivel regional, los peticionarios solicitan la impulsar a los Estados a adoptar medidas para reconocer a los pueblos en aislamiento, adoptar medidas y mecanismos de protección transfronterizos, desarrollar instrumentos para la prevención de contactos no deseables, tipificar contacto forzado como genocidio, prohibir actividades de extracción de recursos naturales en territorios de pueblos en aislamiento voluntario, respetando el principio de no-contacto.

En Brasil las protecciones para los pueblos indígenas en aislamiento han sido insuficientes. Por cierto, se ha visto una incrementación en las violaciones de sus derechos, la destrucción de sus tierras, y problemas ambientales y de salud de los pueblos. En Perú los pueblos se han visto amenazados en cuestión de existencia, vida, y salud, específicamente por altos niveles de mercurio en territorio de los pueblos indígena. En Ecuador los pueblos indígenas de Ecuador se ven amenazados por una reducción de territorio por actividades de terceros como los madereros, petroleros, y personas involucradas en la caza ilegal. En Bolivia se pide un estudio de todos los pueblos en aislamiento, ya que se han identificado cinco pueblos en aislamiento voluntario, cinco en contacto inicial, y la ley que el Estado había establecido para garantizar los derechos, ya no se está ejecutando. En Columbia se han ido identificando más pueblos en aislamiento de lo previamente pensado y estos pueblos se ven amenazados por petroleros, cocaleros, y grupos armados. En Paraguay, los procesos jurídicos, que se han ido impulsando desde 1993, no se han implementados adecuadamente y los pueblos se ven amenazados por la aumentación de la ganadería y la desforestación. En Venezuela, aunque las comunidades indígenas son reconocidas en la Constitución, no hay mención expresa a los pueblos en aislamiento voluntario, ni mucho menos a su protección, que se ve afectada por la minería ilegal.

Victoria Tauli-Corpuz, la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígena, reiteró las ideas que habían salido de la reunión en Lima, Perú en junio. Explicando que los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial experimentan serias amenazas a sus vidas, salud, cultura, territorios, y recursos a causa de actividades de actores externos como mineros ilegales, madereros, y crimen organizada, la relatora subrayó que bajo las Directrices de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial los Estados pueden, y deben, establecer un marco para proteger a esos pueblos. Además, mecanismos de protección debe ser, por naturaleza, esfuerzos transnacionales, ya que los territorios de los pueblos en aislamiento no concuerdan con fronteras nacionales. En el caso específico de la Amazonia y el Gran Chaco, aplican, también, las protecciones establecidas bajo el Convenio no. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio sobre pueblos indígenas y tribales) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por su parte, la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para Sudamérica expresó la importancia de trabajar este tema como una cuestión transfronteriza. Dentro el marco de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, se establece que los pueblos indígenas en aislamiento voluntario tienen, entre otros, el derecho al no contacto, derechos a la tierra, y derecho a salud. Actualmente, por la falta de protecciones institucionales, estos pueblos están en riesgo de desaparición.

Al final de la sesión se hicieron dos preguntas. Primero, ¿qué procesos se han desarrollado para demarcar los territorios de los pueblos indígenas? Segundo, ¿cuáles son algunas de las experiencias positivas con los Estados y sus instituciones? Aquí, en las respuestas, se combinaron las experiencias. Si bien algunos Estados han intentado implementar medidas integrales de protección y respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas en aislamiento, en algunos casos se ha dejado a medias y en otros, como Brasil, esos esfuerzos han sido víctimas recortes del presupuesto nacional y se han quedado sin ejecución. Lo que queda claro es que falta mucho trabajo tanto doméstico como a nivel regional para asegurar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en la Amazonia y el Gran Chaco.