Situación de las Radios Comunitarias en Brasil

Comisionados Felipe González, Tracy Robinson, y Rosa-Marie Belle Antoine; además la Relatora Especial para la Libertad de Expresión Catalina Botero

English version available here.

Comisionados: Felipe González; Tracy Robinson; Rose-Marie Belle Antoine; Catalina Botero, Relator Especial de la Libertad de Expresión

Peticionarios: ARTICLE 19, Asociación Mundial de Radios Comunitarias (not present)

País: Brasil

Los peticionarios instaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia del 11 de marzo para proteger el derecho a la libertad de expresión de las estaciones de radios comunitarias en Brasil. Hay más de 4,000 de este tipo de estaciones en Brasil y los peticionarios argumentaron que recientes regulaciones y procesos administrativos como parte de un esfuerzo expansivo de impedir la efectividad de estas estaciones. Las regulaciones en Brasil limitan la frecuencia radial en la que las estaciones pueden operar y ubican a un límite de un kilómetro su alcance. Además, el Estado ubica restricciones sobre el contenido, eliminado actividades como publicidad y defensas. Significativamente, Brasil impone sanciones penales en individuos quienes operan en estaciones sin licencia.

Una representante de la organización civil ARTICLE 19, que enfoca en la libertad de expresión, habló por las partes peticionarias y presentó dos argumentos principales a la Comisión durante la breve audiencia. La representante subrayó la importancia de la radio comunitaria a lo largo del proceso de redemocratización de la década de los 80 y el valor continuo de las estaciones en sembrar comunicación que fortalezca lazos culturales. Sin embargo, el representante argumentó que el proceso regulatorio existe así como existen daños en estos procesos. Primero, ella argumentó que los límites ubicados en el alcance de transmisión son los más estrictos en América Latina y dañan la efectividad de la radio comunitaria, especialmente en más zonas rurales donde las personas pueden dispersarse o están de lo contrario geográficamente no ubicadas centralmente. La capacidad de los grupos para ejercitar la libertad de expresión a través de la programación radial es también perjudicada, los peticionarios afirmaron, que por el contenido de los límites y el sistema de concesión de licencias que puede tomarse mucho tiempo, lo que ella dijo implicaba su segunda gran preocupación—las sanciones penales. Ella apuntó que el retraso a veces fomentaba a los individuos a operar en las estaciones sin aprobación y que era inapropiado perseguir penalmente a quienes operaban en estas estaciones. Ella argumentó que la creencia de los individuos que si las estaciones comunitarias están disponibles, entonces hay  un derecho fundamental para todos los individuos para que tengan el mismo acceso.

Representantes del gobierno brasileño reconocieron que el marcho de trabajo regulatorio necesitaba ajustes, pero refirió a la Comisión los múltiples esfuerzos legislativos en la vía de mejorar el sistema. En la cuestión de la disponibilidad, los representantes brasileños afirmaron que el país ya ha reducido el tiempo de espera, y que en los pasados años el número de licencias concedidas ha aumentado significativamente. Además, en la cuestión de las sanciones para estaciones no autorizadas, los representantes dijeron que el estadio reconoce que un proceso administrativo era más apropiado que el sistema penal y señalaron un número de propuestas que actualmente están bajo consideración animadas al cambio del esquema de aplicación. Sin embargo, los representantes subrayaron la necesidad del Estado de regulaciones claras para ambas cosas, asegurar que las estaciones radiales sean disponibles y que los operadores la usen de manera consistente con el propósito de la radio comunitaria, que es opuesto a una vía para publicidades o promoción de políticas.

Los Comisionados hablaron generalmente en favor de los esfuerzos de reforma, pero subrayaron que habían problemas significativos, apuntando específicamente a las sanciones penales. La Comisionada Rose-Marie Belle Antoine señaló, sin embargo, que a pesar de las reformas regulatorias del Estado, la Comisión requería una contabilidad más completa de cómo la estructura actual afectaba a los individuos. Aunque ella dijo que ella no piensa que el acceso a una licencia radia era un derecho fundamental per se, ella dijo que los derechos protegidos podrían implicarlo si había un efecto desproporcionado en grupos particulares, como las personas indígenas.

Derechos Humanos y Protestas Sociales en Perú

Peticionarios frente a la CIDH (Cortesía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos)

English version available here.

Comisionados: Rose-Marie Belle Antoine, José de Jesús Orozco Henríquez, Dinah Shelton

Peticionarios: Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Center for Justice and International Law (CEJIL), Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)

País: Perú

Los peticionarios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaron que un número de políticas Estatales que resultaban en violencia y supresión de las protestas sociales en Perú, cargos que son fuertemente contrarrestados por la afirmación del Estado que tiene de responsabilidad de proteger a todos los ciudadanos, no sólo los que protestan, sino aquellos a quienes no les gustan las decisiones que a menudo recurren los reclamantes de violaciones a derechos humanos.

En la audiencia del 11 de marzo, los agencias peticionarias describieron una situación donde al menos 24 personas han sido matadas y otras 149 injuriadas durante la administración del presidente Ollanta Humala junto a tácticas usadas para calmar las protestas sociales, incluyendo durante los Estados de Emergencias que el gobierno ha declarado tres veces. Representantes del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Centro de Justicia y Ley Internacional (CEJIL), and Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) además describieron las políticas del gobierno utilizadas por los militares en pueblos pequeños y oficiales de policía contratados para trabajar en empresas privadas, incluyendo corporaciones de minería acusadas de violación de los derechos de los trabajadores. El impacto de esas políticas se promueve, de acuerdo con los peticionarios, por las prácticas oficiales, que los peticionarios dijeron que fracasan en entrar a un diálogo al imponer Estados de Excepción y quienes se comprometen en actividades que fomentan la impunidad, tal como la destrucción de la evidencia penal. Adicionalmente, las sanciones por las protestas sociales pueden ser significantes, los peticionarios argumentaron, que una penalidad mayor puede ser impuesta por el bloqueo del tráfico que para muchos homicidios.

Los representantes de Perú no se enfocaron en quejas específicas, pero se opusieron vehementemente a la idea que el Estado se comprometa en la supresión fundamental de los derechos humanos alegados por los peticionarios. De particular relevancia para el Estado eran los mecanismos nacionales para abordar las quejas de los peticionarios. En lo que se refiere a la falta de dialogo, el Estado profirió una reforma del 2012 que instituía a una oficina del gobierno enfocada en el manejo del conflicto social, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Referente al uso de la fuerza por el Estado, los representantes argumentaron que la corte constitucional de la nación puede revisar esas acciones bajo la constitución nacional y los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, supervisión que previamente había mantenido a las acciones del gobierno. El Estado también dijo que aunque la situación en el país no es la misma que las invocadas las leyes de emergencia de larga duración en la década de 1980 y 1990, como pasos que son a veces necesarios en Perú, donde existe un conflicto social tradicional y confrontaciones. En este clima, los representantes argumentaron que el gobierno también tiene responsabilidad de proteger a las personas quienes son perjudicadas por el bloqueo del tráfico y otras disrupciones causadas por las protestas. Cuando el gobierno se pone de lado con los partes no-protestantes, el Estado alegó, que los demostradores también recurren a reclamos de violaciones a derechos humanos y que por lo tanto la Comisión debería de tomar una posición clara sobre las implicaciones de derechos humanos de los individuos afectados por los protestadores sociales.

Los Comisionados expresaron su preocupación de acuerdo con la acción que el gobierno facilita la oportunidad para las violaciones de derechos, específicamente solicitó más información en los procedimientos involucrados cuando los policías son contratados por empresas privadas y el entrenamiento de fuerzas de seguridad. La Comisionada Rose-Marie Antoine, sin embargo, articuló una cuestión más amplia de la desproporcionada respuesta del gobierno a la protesta social. Señalando que la cuestión de resolver solamente por el método constitucional de interpretación el uso de la fuerzo, ella dijo una cuestión apropiada para la discusión era que los pasos que el Estado ha tomado para asegurar que este alcance el objetivo establecido para una respuesta apropiada a la protesta social.

Situación de la Libertad de Expresión en Perú

Periodo de sesiones 147, Audiencia de la Comisión. Foto por Matthew Lopas (11 de marzo del 2013)

English version available here.

Comisionados: José de Jesús Orozco Henríquez, Dinah Shelton, Catalina Botero, Relator Especial de la Libertad de Expresión

Peticionarios: Instituto de Defensa Legal (IDL)

País: Perú

Los peticionarios en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) buscando la intervención de la Comsión dentro del proceso legislativo en Perú ante que el Estado instituyera una reforma de ley que podría criminalizar acciones consideradas al soporte del terrorismo. En la audiencia del 11 de marzo, representantes del Instituto de Defensa Legal (IDL) acusó que la ley propuesta, en combinación con los recientes cambios legislativos para categorizar como información clasificada  cualquier información relativa a la seguridad nacional y defensa, podría ubicar restricciones en la libertad de expresión en violación a la

Convención Americana de Derechos Humanos. Para prevenir esta posibilidad, los peticionarios pidieron a los comisionados que emitan una declaración condenando aspectos de la propuesta antes de su promulgación, una posibilidad reprendida por los representantes de Perú.

La implicación de la libertad de expresión en referencia a la seguridad nacional une dos problemas planteados por los peticionarios. El enactment of Legislative Decree 1129 en diciembre del 2012 limitó la amplitud del acceso a la información pública, un derecho protegido constitucionalmente que los peticionarios argumentaron que era importante en el desarrollo de la democracia en Perú. Porque el importante Artículo 12 del decreto es amplio y sin factores limitantes, los peticionarios notaron que podría ser altamente restrictivo, especialmente para el periodismo investigativo en Derechos Humanos y la corrupción de sujetos. Los peticionarios notaron que la legislación es relevantemente particular para la Comisión porque la CIDH ha subrayado repetidamente que la libertad de expresión es un derecho particularmente significativo y que la libertad de expresión es esencial en democracia. En el lado del problema de la reforma legislativa, los peticionarios argumentaron que la propuesta de la función ejecutiva para recurrir a sanciones penales por defender, ayudar, y la complicidad con el terrorismo usa un lenguaje tan cambiante y una larga lista de posibles delitos que  podrían involucrar incluso actividades como expresar oposición a la decisión de la corte. Los peticionarios subrayaron que la legislación propuesta es particularmente importante para la CIDH para comentar porque los organismos internacional, incluyendo las Américas, proporcionan un alto nivel de protección en problemas relacionados con sanciones penales.

En respuesta, el gobierno peruano, a través de su chief legal counsel, hizo hincapié principalmente en la importancia de soluciones internas para las reclamaciones de los peticionarios, y se enfocó menos en los particulares de su presentación. El argumentó que Perú tiene un importante rol en el aseguramiento del funcionamiento de la democracia en las instituciones del gobierno; tal es así, que él estableció que un motive inconstitucional ha sido archivado antes que la corte constitucional del país relativa a la restricción en información clasificada y que el organismo será el correcto para determinar la validez de la ley. El adicionalmente señaló que la legislación propuesta está en un estado de reforma, que ha sido cambiada, y que el proceso político incluyendo audiencias y la participación por parte de los legisladores y el público, se desarrollará como producto final.

El afirmó que en los dos problemas el gobierno ha tratado de ser más transparente y reconocer la jurisprudencia de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras que cumple con su rol en la lucha contra el terrorismo

Commissioners questioned both parties on the ability of domestic remedies and how they thought the situations could be resolved domestically. Commissioner Dinah Shelton expressed particular concern on the subject matter encompassed by the draft legislation, noting that it does not define terms like national security. Special Rapporteur for Freedom of Expression Catalina Botero was also troubled by what she saw as a broad scope that did not use a common limiting factor of inciting terrorism, which the petitioners said they would support. Botero told the government representatives that she agreed with the state’s need to fight violence, but that the legislation on such issues must be adjusted to protect freedom of expression and that hearings before the Commission were the correct venue to explore such options.

Los comisionados cuestionaron las dos partes en la capacidad de soluciones internas y cómo ellos pensaron que se podría solucionar a nivel nacional. La Comisionada Dinah Shelton expresó su preocupación particular en el objeto materia de la reforma constitucional, señalando que no se define el término  seguridad nacional. La Relatora Espacial de la Libertad de Expresión Catalina Botero estaba también preocupada por lo que ella había visto como el amplio alcance que no utilizaba un factor limitante común para el incitante terrorismo, a lo que los peticionarios dijeron que ellos iban respaldarla. Botero dijo a los representantes del gobierno que ella estaba de acuerdo con la necesidad del Estado de luchar contra la violencia, pero que la legislación en problemas como aquellos debe ser ajustada a la protección de la libertad de expresión y que las audiencias ante la Comisión eran la vía correcta para explorar dichas opciones.

Situación de los Derechos Humanos de las Personas Indígenas Lesbianas, Gays. Transexuales e Intersexuales en América

CIDH

English version available here.

Comisionados: Rose-Marie Belle Antoine, Rosa María Ortiz, Tracy Robinson

Peticionarios: Ronald Céspedes, Nación Quechua (Bolivia), Amaranta Gómez Regalado, Nación Zapoteca (Mexico), Senador Jack Jackson Jr., Navajo Nation (United States)

 

El 16 de marzo del 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo una audiencia temática donde los peticionarios expresaron sus preocupaciones de acuerdo a la situación del trato a lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI) miembros de comunidades indígenas en América, señalando que la mayoría de los individuos sufren discriminación y rechazo por sus propios compañeros de comunidad. Que los individuos LGBTI están buscando, de acuerdo con los peticionarios, su aceptación de la libertad de expresión de su orientación.

Las partes peticionarios vinieron de comunidades indígenas de toda América: Ronald Céspedes, de la nación Quechua en Bolivia; Amaranta Gómez Regalado, de la Nación Zapoteca  in México; y el Senador del Estado de Arizona Jack Jackson Jr., de la Nación de Navajo en los Estados Unidos. Los peticionarios describieron como antes de la colonización, la libertad de expresión de una orientación sexual era un trato común entre los grupos indígenas y que luego de años de estigmación y criticismo brindado por las naciones conquistadoras, las personas LGTBU quieren luchar por su derecho que fue arrebatado desde hace 500 años atrás.

Los peticionarios presentaron estudios que indicaban que cuando las culturas indígenas estaban floreciendo y en su pico, todos los miembros de la comunidad eran permitidos de expresar su sexualidad y elegir sus propias parejas, sin importancia del género. Pero esta situación fue detenida por el periodo colonial porque la tensión cultural con el punto de vista religioso de los Estados conquistadores que condenaban esta práctica de libertad sexual, conduciendo a la represión, persecución, y que los peticionarios describieron como genocidio. Esta vista de lugar por los individuos de LGTBI en la comunidad ha continuado tanto que incluso que los individuos que ahora desean expresar su orientación sexual enfrentan discriminación y exclusión de sus comunidades. Esta situación afecta los derechos de las personas indígenas LGBTI de ser incluida y aceptada en sus comunidades.

En adición a su argumento de acuerdo con las naciones conquistadoras, los peticionarios establecieron que la naturaleza permite que todas las especies practiquen su sexualidad con libertad porque la sexualidad en sí misma es un fenómeno natural. Adicionalmente, la aceptación de la diversidad ancestral implica que el concepto puede ser complementado por el concepto de la aceptación de la sexualidad de las comunidades LGTBI.

Los peticionarios trajeron su situación ante la CIDH para que busque la implementación de mecanismos que permitan a las personas LGTBI ser aceptadas, reconocidas, y estar libres de discriminación en sus comunidades. El objetivo de los peticionarios es mostrar a las comunidades indígenas que históricamente la libertad sexual era aceptada y que era parte de su cultura.

Los peticionarios presentaron a la Comisión un número de solicitudes para proteger a los individuos LGBTI en América: 1) Cooperación internación para la protección de las comunidades LGBTI; 2)Implementación de servicios de salud, iniciativa enfocada principalmente en VIH/SIDA por la vulnerabilidad particular de los individuos LGBTI a esta enfermedad; 3) Protección de los derechos de los LGBTI por reportes permanente de las autoridades de sus países, tomando en consideración el antecedente histórico y la situación actual de los derechos de los LGBTI; 4) La inclusión de la idea de “diversidad ancestral” en el nombre de LGBTI; y 5) La creación de políticas públicas que protejan los derechos de los miembros LGTBI de las comunidades indígenas.

En respuesta a la presentación, la Comisionada Rosa María Ortiz pidió a los peticionarios como ellos proponen que la Comisión implemente la tolerancia de la libertad de sexualidad en comunidades indígenas, señalando que la CIDH ha empezado hacer esfuerzo , pero que queda mucho por hacer. Ella agregó que aunque las intervenciones han sido dirigidas a la no-discriminación, está claro que esta discriminación ocurre inclusive cuando está prohibida.

Los peticionarios concluyeron afirmando que ellos están abiertos al diálogo con los gobiernos y que lo que ellos realmente quieren es el reconocimiento de sus derechos.

Perito de la Defensa Lucha por Dejar sin Fundamento la Teoría de Responsabilidad de Mando de la Fiscalía

The courtroom defense table with (from left to right) José Mauricio Rodríguez Sánchez, his attorney, José Efraín Ríos Montt, and his attorney. Photo by Christina M. Fetterhoff/Human Rights Brief.

El primer testigo pericial de la defensa subió al estrado el décimotercero día del juicio del ex-dictador de Guatemala, José Efraín Ríos Montt. El martes 9 de abril del 2013, Ríos Montt, quien enfrenta cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad en relación con los acontecimientos de la Guerra Civil de Guatemala mientras él estaba en el poder, tuvo su primera oportunidad de presentar un testigo pericial, en medio de mucha confusión en la sala de la jueza Yassmin Barrios. El perito de la defensa cuestionó la teoría de la fiscalía de la “responsabilidad de mando,” afirmando que el antiguo npresidente de facto no estaba específicamente a cargo de las operaciones militares durante su gobierno del 1982–1983. Bajo la teoría de la responsabilidad de mando, un líder que es el comandante militar estaría responsable por los actos de sus tropas, incluso cuando él mismo no cometió atrocidades. Sin embargo, a la luz de la evidencia decisiva de la fiscalía, la defensa se enfrenta retos importantes en cuestionar el cargo de la responsabilidad de mando bajo el texto de la Constitución de Guatemala y las teorías de responsabilidad de mando internacionalmente aceptadas.

Los fiscales esperan poder demostrar, a través de una recreación meticulosa de la cadena de mando militar, que Ríos Montt tuvo conocimiento de la masacre de indígenas mayas y otros en las tierras altas de Guatemala. A través de la teoría de la responsabilidad de mando, los fiscales esperan condendar a Ríos Montt y a su co-acusado, el director de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez Sánchez, por su papel en dirigir el acoso de los pueblos indígenas de las comunidades Maya-Ixil en el departamento del noreste de Quiché para su destrucción; la quema de casas y cosechas; y la matanza y maltrato de hombres, mujeres y niños en una campaña de tierra quemada contra las guerrillas izquierdistas.

Carlos Leonel Méndez, un ex-ingeniero del ejército guatemalteco y el primer perito de la defensa desde que el juicio se inició en marzo, afirmó que las potencias militares del presidente se limitaron a “la movilización de tropas y la promoción de los soldados” a los rangos más altos. Méndez añadió que Ríos Montt actuó de acuerdo con esos poderes durante sus diecisiete meses de gobierno. Declaró que “el Presidente estaba como alto mando del ejército, pero el alto mando del ejército no era para comandar el ejército.” Méndez explicó que el presidente manda órdenes a todos sus ministros que, a su vez, mandan los órdenes al jefe de la base central del ejército y después se baja la cadena de mando. Según Méndez, quien ahora es abogado, es el personal del base central del ejército y no el presidente que definió las estrategias para mandar a las unidades de campo. El equipo de defensa de Ríos Montt argumentó que él no tenía control de las estrategias del campo de batalla y así no puede ser responsable por el genocidio, que la Comisión de las Naciones Unidas para el Esclarecimiento Histórico (CEH) determinó sí tuvo lugar durante un episodio oscuro de la historia del país bajo su gobierno.

En el contexto del derecho internacional humanitario, bajo lo cual los comandantes tienen un deber de asegurarse de que sus tropas respeten la ley durante los conflictos armados y hostilidades, la responsabilidad de mando se ha convertido en una doctrina legal con una importancia significativa para los juicios sobre genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Bajo los Convenios de Ginebra, un comandante que o ordena o no previene los crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra o genocidio, puede ser considerado penalmente responsable. El Estatuto de Roma, que establece el marco legal para la Corte Penal Internacional e incluye la iteración internacional más reciente de la doctrina de responsabilidad de mando, prive dos modos de responsabilidad. Primero, una persona puede ser responsable directamente o indirectamente como un actor principal bajo Artículo 25 por cometer actos a través de otra u ordenar las acciones. Segundo, una persona puede ser responsable en una menor capacidad como comandante bajo Artículo 28 si sabía o debería haber sabido de las acciones de sus soldados. Con respeto a estas normas legales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Plan de Masacre Sánchez, señaló que un informe del año 1996 del Defensor del Pueblo de Guatemala para los Derechos Humanos concluyó que los altos funcionarios del régimen de Ríos Montt no protegieron la población indígena e intentaron encubrir los crímenes que llevaron a cabo como parte de una política estatal premeditada.

Cualquier análisis de responsabilidad de mando requiere, entre otras cosas, un examen del nivel de conocimiento del acusado sobre los actos criminales que cometieron o estuvieron a punto de cometer sus subordinados y si se les sancionó los actos o si estuviera consciente de que los actos fueron llevado a cabo. Dicha revisión del mens rea del acusado dependería de su papel en la cadena de mando de las fuerzas armadas; los poderes otorgados en él por su título; su posición o rango en el gobierno; si su posición es militar o civil y si poseía poder de facto o de jure. Sin duda es relevante para esta última consideración que el artículo 183(c) de la Constitución de Guatemala estipula que el Presidente ejerce “el mando de las fuerzas armadas de la Nación con todas las funciones y poderes relacionadas.” Tal definición implica responsabilidad sobre la estructura de mando de los militares, incluyendo sus operaciones normales.

La fiscalía presentó dos piezas de evidencia particularmente importantes en contra de Ríos Montt. Como apoyo para su acusación, la fiscalía presentó los registros de la “Operación Sofía,” una “campaña deliberada de contrainsurgencia” de masacre de cientos de mayas. Los registros de los militares detallan la “responsabilidad oficial” por lo que la CEH llamó “genocidio” contra el pueblo indígena y demostran que la operación se llevó a cabo como parte de la estrategia militar de tierra quemada de Ríos Montt. En segundo lugar, la fiscalía apoyó su acusación con imágenes de Ríos Montt admitiendo que tenía responsabilidad de mando—una admisión a la cual la defensa tendrá que esforzarse para responder.

Ante la evidencia de la fiscalía, el texto de la Constitución de Guatemala, y la jurisprudencia internacional sobre responsabilidad de mando, el perito de la defensa tenía que superar obstáculos importantes. La teoría de la defensa que Ríos Montt no ordenó el ejército de tal manera que se incurre la responsabilidad por los asesinatos extrajudiciales y el genocidio contra los campesinos mayas no toma en cuenta las directrices nacionales e internacionales de hace tiempo sobre el asunto. Aunque la jurisprudencia de los tribunales internacionales no es directamente obligatoria para Guatemala, la teoría de la responsabilidad de mando se considera generalmente como cuestión de derecho internacional consuetudinario y debe ser aplicado por el sistema judicial del estado.

Ali Beydoun observó este testimonio en la Ciudad de Guatemala. El personal de UNROW Human Rights Impact Litigation Clinic y Human Rights Brief contribuyeron investigación adicional en Washington, D.C.

* Ali Beydoun, Esq., es director y supervisor de UNROW Human Rights Impact Litigation Clinic en Washington College of Law. El trabajo a cerca de litigación internacional de Ali incluye una demanda colectiva contra Henry Kissinger y víctimas del gobierno chileno buscando indemnización para las muertes injustas de sus familiars, representar ciudadanos estadounidenses encarcelados en virtud de órdenes de detención de inmigración illegal, investigaciones y presentaciones ante las Naciones Unidas en favor de las víctimas Tamiles del genocidio de 2009, y Chagossians que buscan reparación por el exilio forzado y la tortura por parte de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y el Reino Unido. Ali ha dado conferencias sobre sus casos de derechos humanos en la Universidad de Madras en Chennai, India, Universidad Nacional de Itapúa en Encarnación, Paraguay, Universidad de Centro América en San Salvador, El Salvador y varias facultades de derecho estadounidenses.