Comisionada Antoine se dirige a los peticionarios (Foto cortesía de la Comision Interamericana de Derechos Humanos en Flickr, licencia bajo CC BY-NC-ND 2.0)
Comisionada Antoine se dirige a los peticionarios (Foto cortesía de la Comision Interamericana de Derechos Humanos en Flickr, licencia bajo CC BY 2.0)
Comisionados: Tracy Robinson, Rose-Marie Antoine, and Felipe Gonzalez Peticionarios: Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ) / Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH)/ Center for Justice and International Law (CEJIL) Estado: Honduras (ausente) Los peticionarios, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 22 de octubre de 2015, argumentaron que la corrupción gubernamental en Honduras afecta no solo la economía, sino también las poblaciones vulnerables del país. Por tanto, los peticionarios pidieron que la CIDH: se dirija al problema, cree un organismo independiente para controlar el gobierno una vez al año para asegurase de que se esté ocupando del problema, y que difunda esos resultados a través los redes sociales. Los peticionarios argumentaron que la corrupción dentro de las más importantes instituciones públicas de Honduras perjudica la legitimidad del gobierno. Notaron que Honduras pierde entre 500 y 600 millones de dólares en recursos cada año, con la corrupción agotando un diez porciento del presupuesto nacional mientras que el setenta porciento de la populación vive en pobreza. Los peticionarios declararon que la ausencia de Honduras de la audiencia era indicativa de la cultura de corrupción evidente y nada apologética del estado. Notaron que en 2014, el estado procesó solo un puñado de los más de 300,000 casos de corrupción pendientes en Honduras. Entre las instituciones supuestamente dañadas por la corrupción del gobierno es el sistema de seguridad social nacional que ayuda con los necesidades sanitarias del país. Los peticionarios argumentaron que el sistema había perdido 350 millones de dólares por causa de la malversación. Como resultado, en 2012, Honduras gastó un promedio de ciento y un dólares en atención sanitaria para cada persona, una desviación significativa de los seis cientos dólares promediados para cada persona en el resto de América Central. Entre el 2013 y el 2014, la cobertura sanitaria de Honduras bajó un veinte porciento. Los peticionarios también alegaron corrupción por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Honduras, quien contribuye a la seguridad alimentaria y a la reducción de la pobreza rural, y por parte del sistema judicial de Honduras. Los peticionarios señalaron que la falta de vigilancia independiente es un problema clave en el país porque los organismos encargados de investigar la corrupción son también los que están robando lo más dinero. Después de explicar el sufrimiento de la población hondureña frente a la corrupción del gobierno, los peticionarios se enfocaron en los obstáculos a la reforma y a la prevención de una solución al problema. Los peticionarios pidieron que Honduras haga públicos sus gastos para que las instituciones puedan responder adecuadamente. Actualmente existen juntas cívicas de supervisión, pero no pueden funcionar porque no pueden acceder a la información que necesitan para hacer investigaciones. La mayoría de las instituciones han sido infiltradas por criminales. Como resultado, no se investigan a más de ochenta porciento de los casos de corrupción. Los peticionarios propusieron que Honduras cree un organismo independiente ad hoc de investigación, parecido al de Guatemala, con el fin de enjuiciar y de desmontar las instituciones corruptas. Los peticionarios concluyeron por pedir a la CIDH que se dirija a la situación a través la creación de un órgano que investigue el país una vez al año para asegurarse de que el país se esté ocupando de su problema de corrupción. También pidieron que la CIDH cree un organismo independiente para la persecución de la corrupción, y que elimine las estructuras de impunidad dentro de Honduras. Por último, los peticionarios pidieron a Honduras que no limite el acceso a la información pública y que divulgue información a través de los redes sociales. La Comisionada Robinson quiso saber más sobre las implicaciones de la seguridad de los ciudadanos, y pidió una evaluación de mecanismos para resolver de manera estructural la corrupción en la fuerza policial y en la administración de la justicia. También quiso saber más sobre las leyes actuales que controlan la colección de información. Comisionado González preguntó sobre la seguridad y si la reasignación de fondos pudiera haber llevado a los problemas financiarías de Honduras. También quiso saber si existía algún mecanismo que podría ser consolidado, y si no, cual seria la recomendación de los peticionarios? Comisionada Antoine mostró sus preocupaciones acerca del impacto de la corrupción sobre la población indígena y acerca de las protecciones de los informantes. Análisis Legal por el Autor Honduras podría ser responsable bajo los artículos veinte y tres y veinte y cinco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos que hablan del derecho de participar en el gobierno y del derecho a protección judicial, respectivamente. Según los peticionarios, con la corrupción alcanzando todas las partes del gobierno y del sistema judicial, los ciudadanos no tienen la libertad de controlar el gobierno, y tampoco tienen mucha confianza en la igualdad del sistema judicial. Los peticionarios notaron que la corrupción puede tener un efecto significativo en las instituciones públicas y puede afectar la participación de una persona en estas instituciones. English Version Available Here 

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