Comisionados: Felipe González, James L Cavallaro, Paulo Vannuchi

Peticionarios: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), Fundar Centro de Análisis e Investigación, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Estado: México

En la audiencia del 20 de Octubre de 2015 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Peticionarios representando derechos humanos en México se dirigieron a los representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) para destacar la implicación del ejército y de la policía federal en ejecuciones extrajudiciales de civiles mexicanos. Los Peticionarios presentaron ejemplos específicos en los cuales el ejército presuntamente ejecutó tanto a individuos como a grupos de civiles. Los Peticionarios de igual manera resaltaron el fracaso subsecuente del gobierno mexicano para investigar estas alegaciones.

Las presuntas ejecuciones militares han surgido dentro de un contexto donde existe alta tensión y desconfianza entre civiles, fuerzas locales y estatales, oficiales del gobierno federal y oficiales militares en la sociedad mexicana. En julio del 2015, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) publicó un informe documentando las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado. Particularmente el reporte detalla como estas violaciones ocurrieron cuando las fuerzas militares ejecutaron a 22 personas, de las cuales 12 eran civiles desarmados, en Tlatlaya, México, el 30 de junio de 2014.

Stephanie Brewer del Centro Prodh clasificó las ejecuciones extrajudiciales como prácticas militares cometidas sin impunidad, sin documentación o investigación. Explicó que entre los años 2012 y 2014, 32,000 oficiales militaros fueron asignados para atender seguridad pública. Durante ese mismo periodo de tiempo, por cada miembro del ejército, 19 civiles fueron asesinados. Citó ejemplos de individuos lesionados que fueron asesinados en momentos de hostilidad, ambulancias a las que se les negaba atender a individuos heridos y escenas de crímenes que se cerraron prematuramente sin investigar. Según el Centro Prodh, el 17 de junio de 2011, el ejército de Veracruz, México, mató a tres civiles desarmados no afiliados con pandillas: Joaquín Figueroa Vásquez, Tito Landa Argüelles, y Raúl Tecatl Cuevas. El gobierno cerró sus casos y los etiquetó como criminales sin proporcionar una explicación que justificara sus muertes.

Gabriela Carrión del Centro Prodh solicitó a la Procuraduría General que investigue las denuncias de ejecución extrajudicial a través del Estado. Enfatizó la importancia de realizar investigaciones exhaustivas por la cadena de mando hasta llegar a los altos funcionarios. Para complementar su solicitud, se refirió a una orden militar escrita que se publicó semanas antes del incidente de Tlatlaya que ordenaba al ejército asesinar a “criminales” durante altas horas de la noche. El Centro Prodh alega que esta orden incitó al ejército a actuar en contra de los civiles.

El asistente de la PGR denunció la precisión de las alegaciones de los Peticionarios y argumentó que el gobierno y el ejército cumplen con los estándares constitucionales y de derechos humanos internacionales. Explicó que la orden militar escrita que ordenaba al ejército a matar “criminales” durante las altas horas de la noche, se debe interpretar en una manera sistemática y comprensiva. El representante de la PGR continuó anunciando que la Comisión entró en un acuerdo con el estado mexicano para investigar estas órdenes y la cadena de comando. El estado también mencionó que detuvieron y se encuentran investigando a cuatro soldados en Zacatecas, México por desapariciones y homicidios. El Estado añadió que estos soldados serán sujetos a procedimientos militares y comparecerán ante tribunales federales.

Los Comisionados expresaron varias inquietudes sobre el futuro de la situación. También comunicaron una declaración poderosa sobre la proporcionalidad de muertes y lesiones. El Comisionado Cavallaro agradeció la disposición del gobierno para escuchar estos casos y discutir las graves desproporcionalidades de las muertes y lesiones civiles en conflictos domésticos que involucran al ejército. Reconoció que la naturaleza del conflicto debe considerar estas discrepancias, pero en los casos donde existen más civiles asesinados que lesionados, hay una clara indicación de ejecución extrajudicial. El Comisionado González expresó su inquietud acerca del futuro del envolvimiento del ejército en la seguridad pública de México. Estresó la importancia de la intervención de la PGR en la situación y preguntó si existen planes para reducir gradualmente la participación del ejército en asuntos públicos.

 Análisis Legal del Autor

 La cuestión de jurisdicción es clave para que el gobierno rinda cuentas sobre las potenciales violaciones de derechos humanos a mexicanos por parte del ejército. Según el informe del Centro Prodh titulado Tlataya a un año: La orden fue abatir, la masacre de Tlatlaya legalmente no puede ser investigada o procesada a través de la jurisdicción militar de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Suprema de Justicia y al Código de Justicia Militar de México. Según los Principios de Prevención Efectiva e Investigación de Ejecuciones Extralegales y Arbitrariasla PGR debería activamente investigar las quejas sustanciosas de ejecuciones extrajudiciales en México.

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