Comisionados: Tracy Robinson, Felipe González, Rose-Marie Belle Antoine

Peticionarios: Cento para la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL por sus siglas en inglés), Washington Office on Latin America (WOLA), Women’s Refugee Commission (WRC), Jesuit Conference of Canada and the United States, Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA), Área de Migraciones, Instituto de Investigaciones y Gerencia Política (INGEP)

Estado: Regional

El 22 de octubre de 2015, los peticionarios afirmaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la externalización de las fronteras debería ser prohibida. Aún más, los peticionarios argumentaron que se les debería impedir a los estados que devuelvan a los refugiados que se encuentren en peligro a sus países de origen, salvo si sea seguro hacerlo. Los peticionarios expresaron sus preocupaciones acerca de la externalización de fronteras y su impacto significativo hacia las mujeres y los niños.

Los peticionarios afirmaron que los países no pueden evitar el procesamiento de las solicitudes de asilo solo para poder evitar examinarlas, y que se deberían investigar las limitaciones sobre los derechos de los migrantes. Los peticionarios señalaron la situación acerca del Programa de la Frontera de Sur de México. Desde su estreno, con el apoyo de los Estado Unidos, las detenciones de los centroamericanos han aumentado por setenta porciento. México intentó prohibir a los migrantes cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos; sin embargo, ante la creciente presión de los Estados Unidos, también ha incrementado sus esfuerzos para impedir a los migrantes cruzar su frontera en el sur, dado que la mayoría de los migrantes que cruzan hacia los Estados Unidos provienen de Centroamérica. Como consecuencia, ha habido un aumento en detenciones en el 2015 y el gobierno ha deportado a algunos migrantes sin verificar si era seguro para ellos regresar a sus países de origen. Los peticionarios afirmaron que el problema fundamental es que los estados no conceden asilo a los migrantes.

Aún más, actualmente, los niños centroamericanos que buscan asilo bajo los programas de protección de los niños refugiados tienen que someterse a una prueba genética con el fin de equiparar sus resultados a los de sus padres que viven en los Estados Unidos. Además, ningún niño ha sido admitido en los Estados Unidos, y algunos no pueden ni siquiera obtener acceso a la solicitud por miedo de una represalia de los carteles de drogas y de sus gobiernos locales. Por tanto, los peticionarios argumentaron que los procesamientos internos no deberían sustituir el asilo en las fronteras ni ser el método principal para que los niños busquen asilo.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) afirma que cada medida que impida el movimiento internacional es injustificada. Los individuos deberían tener el derecho al asilo, y cada deviación de esta obligación viola la Convención del 1951 de los Refugiados. El ACNUR recomienda que cualquier estado que intercepte a los migrantes tiene la responsabilidad de ocuparse de ellos y de darles un trato humano. El ACNUR también afirma que las medidas de intercepción deberían ser diferentes para los que buscan asilo y para los que pueden volver a sus países. Los peticionarios pidieron que se especialice a los agentes sobre el tema, y que los países recopilen más información sobre las personas interceptadas y los prácticas utilizadas para las dichas intercepciones.

El Comisionado González apreció los problemas discutidos en la audiencia y señaló que, durante las visitas de la CIDH a varios países, se observó el uso generalizado de las detenciones para enfrentarse a los migrantes. Querría saber si a los migrantes se redirige a otros países que no sean México ni los países de su alrededor. La Comisionada Antoine se preocupó con obtener más información acerca de las solicitudes de asilo en los aeropuertos y en otras áreas internacionales.

Análisis Legal por el Autor

La libertad de movimiento está consagrada en el Articulo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que dice que “toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales.” Además, según el ACNUR y la Convención del 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, un refugiado es “una persona incapaz o poco dispuesta de regresar a su país de origen por miedo de ser perseguida.” Los países centroamericanos han ratificado ambos tratados y por tanto son obligados de seguirlos. La CIDH debería investigar la posibilidad de rendir cuenta a los países responsables de haber negado refugio a los que buscan asilo y de haber impedido a sus ciudadanos que buscan escapar de la persecución a través de la migración libre.

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