Comisionados: José de Jesús Orozco Henríquez, Rosa María Ortiz
Rose-Marie Belle Antoine

Peticionarios: Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Asociación Campesina del Catatumbo, Corporación Reiniciar, Colectivo José Alvear Restrepo, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Colectivo Abogados Luis Carlos Pérez.

País: Colombia

English version available here

Fotographia: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Fotographia: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El 31 de Octubre del 2013, la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos sostuvo una audiencia sobre la situación de las protestas sociales en Colombia. En la audiencia los Peticionarios afirmaron que el gobierno Colombiano suprime fuertemente la protesta social en Colombia. Adicionalmente, los Peticionarios le pidieron al gobierno que provea a los manifestantes con las garantías de seguridad adecuadas para asegurar que sus derechos no serán violados durante estas protestas.

Los Peticionarios notaron que bastantes protestas se han llevado a cabo en Colombia durante este año. Estas protestas han sido organizadas por movimientos de justicia social los cuales previamente se han reunido con el gobierno y han tratado de llegar a acuerdos para mejorar sus condiciones de vida y laborales de sus comunidades. La sociedad Colombiana, como lo explican los Peticionarios, siempre ha visto a las protestas sociales como un mecanismo efectivo para que estos movimientos expresen sus inconformidades al gobierno y al pueblo Colombiano. Sn embargo, recientemente, las protestas sociales han ganado una mala reputación y han llevado a encuentros violentos entre los manifestantes y el ejército y la policía de Colombia.

En la audiencia, los Peticionarios notaron que estos movimientos han pedido al gobierno que se les brinden las garantías constitucionales necesarias para poder protestar pero que la respuesta no ha sido la esperada. Según los peticionarios, el gobierno suprime la protesta social en Colombia no solo de manera física pero también por medio de las políticas que se han dado en los altos niveles del gobierno. Algunas de estas políticas son leyes que criminalizan actividades relacionadas con la protesta social como la obstrucción de las vías públicas. Los Peticionaros notaron como la sociedad Colombiana ha empezado a estigmatizar a estos movimientos de justicia social, vinculando a sus líderes y miembros con movimientos de insurgencia violentos.

Más aun, los Peticionarios dijeron que las fuerzas públicas, el ejecito y la policía, habían cometido violaciones contra los manifestantes en las recientes protestas. Algunas de estas violaciones fueron tratos crueles y degradantes a los manifestantes, grabaciones ilegales a manifestantes, y ataques a periodistas. Adicionalmente, los peticionarios afirmaron que las fuerzas públicas habían matado a 15 personas este año y denunciaron que más de 800 personas fueron heridas en las protestas durante el año. Los Peticionarios también expresaron su preocupación frente al gran número de detenciones que se han presentado, este año ya son casi 3000, notando que muchos de estos arrestos son probablemente arbitrarios e ilegales. Muchos de estos arrestos los cobijaron bajo una nueva ley que le autoriza a la fuerza pública detener a las personas en situaciones de exaltación para protegerlas. Finalmente, los Peticionarios plantaron su preocupación sobre varios de los casos de abuso de fuerza por parte de la fuerza pública que han pasado a la jurisdicción militar penal, abriendo la posibilidad de que estas violaciones queden en la impunidad.

Por otra parte, el gobierno dijo estar dispuesto a dar todas las garantías dadas por la constitución Colombiana, pero mantiene que estas protestas deben ser pacíficas. El gobierno afirmo que mientras la estigmatización de las protestas es inaceptable, tampoco se puede dejar que grupos rebeldes se infiltren en estas protestas. Los Representantes Colombianos abordaron las críticas de los peticionarios sobre las leyes que criminalizan aspectos de la protesta social diciendo que la Corte Suprema de Justicia Colombiana había encontrado que estas leyes estaban dentro del margen constitucional y eran importantes para mantener el orden público. Colombia además noto que el gobierno solo hizo uso de fuerza cuando esto fue necesario,  en las protestas donde hubo acciones violentas, vulnerando los derechos de otros. Por ejemplo, los representes alegaron que en varias de estas protestas hubo terroristas infiltrados que atacaron a la fuerza pública con explosivos caseros. Por último, el gobierno afirmó que la procuraduría Colombiana estaba adelantando una revisión de protocolos de entrenamiento del Escuadrón Móvil Anti Tumultos que concluirá con recomendaciones para garantizar que sus operación respeten los derechos humanos.

Después de las presentaciones de los Peticionarios y del estado de Colombia, el Comisionado Orozco expreso su confusión sobre si la violaciones de derechos humanos de los cuales tanto el gobierno como los peticionarios hablaron hacían parte de los mismos eventos y pidió la aclaración de estos hechos. Orozco también pregunto a los peticionaros si ya habían utilizado todos los recursos internos para consultar la legalidad de las nuevas leyes. Por último, Orozco también le pidió al estado clarificar cuales eras las medidas de protección para los manifestantes durante la protesta. La Comisionaría Antoine expresó su preocupación por la criminalización de la conducta utilizada en las protestas sociales. Ella dijo que esto le parecían pasos inusuales, posiblemente invadiendo ciertas libertades como la de libre asociación, especialmente el prospecto de que la gente pueda ser arrestada por su protección.

A la conclusión de la audiencia, el gobierno colombiano hablo de la necesidad de desarrollar una cultura más fuerte para resolver las diferencias sin necesidad de utilizar la violencia y prometió que iba a solicitar la devolución de los procesos relacionados con abusos por parte de las fuerzas públicas que habían sido transferidos a la jurisdicción penal militar para la corte de jurisdicción civil, respondiendo así a la preocupación de los Peticionarios sobre la posible impunidad de estos procesos.