Comisionados: Presidenta de la Comisión, Rose-Marie Belle Antoine; Felipe González; Rosa Maria Ortiz; Elizabeth Abi-Mershed

Peticionarios: Centro Bono, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL por sus siglas en inglés), The Socio-Cultural Movement for Haitian Workers, Dominican Haitian Womens Movement, Robert F. Kennedy Center for Justice & Human Rights

Estado: República Dominicana

El 23 de octubre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia acerca del derecho a la nacionalidad en la República Dominicana. La audiencia resultó desde una decisión judicial por la Corte Constitucional de la República Dominicana, la Ley 168-13, que privó de ciudadanía a los dominicanos nacidos allí pero cuyos padres son residentes ilegales del país. La mayoría de estos dominicanos son de origen haitiano. La Ley 168-13 dejó a muchas personas apátridas. Sucesivo a la Ley 168-13, el Presidente Medina de la República Dominicana aprobó la Ley 169-14 para proporcionar una vía hacia la ciudadanía para los que se quedaron apátridas por la Ley 168-13. La Ley 169-14 divide a los privados de nacionalidad en dos categorías, Grupo A y Grupo B. Los miembros del Grupo A son los cuyo nacimiento fue registrado y cuya ciudadanía ha sido reconocida después de un proceso de regularización de la Junta Central Electoral. Los del Grupo B son las personas cuyos nacimientos nunca fueron registrados y quienes tienen que obtener una licencia de residencia con el fin de solicitar la naturalización después de dos años.

Los peticionarios, miembros de la sociedad civil, discutieron la discriminación y los obstáculos a los que se enfrentan los dominicanos de origen haitiano en obtener documentos de identificación por cause de las Leyes 168-13 y 169-14. Discutieron que las personas privadas de ciudadanía no la pueden recuperar automáticamente. Sino, la Junta Central Electoral audita el Registro Civil para segregar y excluir a los dominicanos nacidos de padres extranjeros. Como resultado, a muchas personas se han negado certificados de nacimiento y les ha resultado muy difícil acceder a la justicia, obtener permisos de conducir, obtener seguro médico, etc. Los del Grupo B han sido arbitrariamente privado de su nacionalidad y han sido convertidos en “extranjeros.” La sociedad civil pide al gobierno que evalúe la Ley 169-14, inclusivo su eficiencia; que concluya las practicas discriminatorias de la junta electoral; que adopte medidas efectivas para prevenir que las personas nacidas en la República Dominicana se queden apátridas; y que cree un grupo de diálogo al nivel nacional para resolver los problemas de desnacionalización.

La República Dominicana empezó por afirmar que tiene dos grandes preocupaciones. Primero, que son convencidos de que la Comisión tiene una posición estática y una idea unilateral acerca del problema de inmigración y nacionalidad en la República Dominicana. Segundo, argumentó que ha sido objeto a un trato diferente en comparación a otros estados que se enfrentan a los mismos problemas. El estado argumentó que ha adoptado políticas apoyadas por la mayoría de sus ciudadanos, quienes respectan las leyes dominicanas y los derechos humanos. Afirmó que los incidentes aislados no deberían eclipsar los beneficios de la ley y que ha resuelto la situación en aprobar la Ley 169-14. Además, subrayó que no había sucedido ninguna catástrofe humanitaria ni una depuración étnica, como había sido previsto. Después de la finalización del plazo de inscripción, el antiguo procedimiento de inmigración entró en vigor una vez más, y los que no se registraron se están enfrentando a la deportación.

La Presidenta de la Comisión, Rose-Marie Belle Antoine, respondió a la primera preocupación de la República Dominicana afirmando que la Comisión no participa en la discriminación. La Comisionada Ortiz preguntó por qué si la Ley 169-14 reconoce a las personas desnacionalizadas como ciudadanos ellos no reciben su ciudadanía automáticamente y están en vez sometidos a una registración separada de la que se utiliza para las otras personas nacidas en la República Dominicana. Por último, el Comisionado González pidió una clarificación acerca de la situación de las personas que no se registraron con el gobierno.

Los peticionarios respondieron que al Estado le falta la voluntad política para arreglar la situación de la gente apátrida. Argumentaron que la nacionalidad debería ser concedida rápidamente, sin embargo después de diecisiete meses el gobierno aún está en el proceso de proporcionar documentos de identificación a la gente apátrida. El Estado rechazó la observación de que le falta voluntad política y afirmó que ha progresado mucho. Concluyó por destacar que existen remedios y mecanismos para los que sienten que sus derechos fuesen socavados.

Análisis Legal por la Autora

El derecho a la nacionalidad es un derecho humano fundamental. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por la República Dominicana, reconoce este derecho fundamental. El Artículo 20 afirma que “toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra.” Aún más, el Artículo 20 establece que nadie puede ser privado de manera arbitraria de su nacionalidad. La Ley 168-13 es una posible violación del Artículo 20 porque priva la ciudadanía de los dominicanos nacidos dentro del país y los deja apátridas. La mayoría de estas personas son de origen haitiano y, a pesar de que nacieron la República Dominicana y de que fueron reconocidos como ciudadanos a la hora de su nacimiento, las ley les ha privado de su ciudadanía. Aunque la Ley 169-14 intenta resolver el problema de la apátridia, es posible que viole el Artículo 20 porque categorización dentro de los Grupos A y B priva a las personas de su nacionalidad en una manera arbitraria, sin que importe que fueron declaradas ciudadanos a la hora de su nacimiento, e impone una gran carga para el restablecimiento de ciudadanía. Aún más, los miembros del Grupo B han sido convertidos en extranjeros dentro de su propio país, y se enfrentan a la deportación.

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