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San José, Costa Rica – En una de las pocas audiencias públicas para el 100 período de sesiones y el último caso que involucra a Venezuela antes de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención) se hace oficial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH, Corte ) escuchará argumentos del disidente político y profesor de derecho constitucional Allan R. Brewer Carías y del gobierno venezolano el 3 y 4 de septiembre de 2013. Profesor Brewer Carías es acusado por el gobierno de Venezuela de redactar el “Decreto Carmona,” el documento de gobierno propuesto por los orquestadores de golpe de estado de abril de 2002 que derrocó brevemente a Chávez. Después de que Chávez fue restituido, el gobierno llevó a cabo una serie de maniobras políticas y judiciales contra Brewer Carías los cual, según Brewer Carías, garantizaron que él no podía tener un juicio justo y que le obligaba a abandonar a los Estados Unidos en 2005. Brewer Carías y sus representantes pretenden ilustrar ante la Corte IDH como la falta de independencia procesal y judicial en el sistema de justicia venezolano llevó a su persecución y a violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El gobierno venezolano, sin embargo, sostiene que los derechos de Brewer Carías no han sido violados y pide a la Corte IDH respetar sus sistemas judiciales y fiscales soberanos.

Allan Brewer Carías, profesor de derecho constitucional y opositor político de Chávez desde que llegó al poder en 1999, afirma que es víctima de la falta de independencia judicial en el sistema de justicia venezolano. La oposición de Brewer Carías a Chávez nunca ha sido un secreto, sin embargo, refuta firmemente las acusaciones del gobierno venezolano que intentó derrocar al entonces presidente Chávez durante el intento de golpe de 2002 junto con las acusaciones de que él jugó un papel destacado en la redacción del Decreto Carmona. Después de la restitución de Chávez, una Comisión Parlamentaria Especial investigó quienes orquestaron el golpe de Estado. Una ley de amnistía promulgada en 2007 con carácter retroactivo perdonó los demás participantes presuntos en el golpe de Estado. Sin embargo, Brewer Carías, quien se encontraba fuera de Venezuela cuando se aprobó la ley, nunca recibió el beneficio de la amnistía. Él alega que la acusación de Chávez y del gobierno de Venezuela contra él nació de motivaciones personales. En 2005, un fiscal provisional formalmente acusó a Brewer Carías de “conspiración para cambiar violentamente la Constitución de la redacción del Decreto Carmona.”

En 2007, después de salir de Venezuela porque creía que no podría recibir un juicio justo, Brewer Carías presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, la Comisión) indicando que el gobierno venezolano había violado sus derechos en virtud de la Convención. En particular, señaló que el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 fue manifiestamente violado por la falta de independencia judicial. De acuerdo con el Informe de Admisibilidad de la Comisión, durante toda la fase de investigación del caso Brewer Carías en Venezuela, se le negó en varias ocasiones al imputado un acceso significativo a su expediente, el derecho a interrogar a los testigos en su contra y el derecho a presentar pruebas de que él no redactó el Decreto Carmona. Él alega que los jueces que gobernaron a su favor o fiscales que ejercieron la independencia según lo dispuesto en las normas internacionales fueron posteriormente despedidos de sus puestos de trabajo con resultó que al menos cuatro fiscales provisionales diferentes fueron asignados al caso. Aunque Brewer Carías negó reiteradamente las acusaciones en su contra en una serie de declaraciones públicas durante la fase investigadora del juicio los funcionarios venezolanos, entre ellos el Ministerio Público, le acusaron públicamente de la redacción del Decreto Carmona. A su salida de Venezuela, se emitió una orden de arresto contra él con el gobierno solicitando que INTERPOL efectuase la orden, solicitación que finalmente se negó cumplir. Recientemente, el gobierno venezolano ha reiterado las acusaciones contra Brewer Carías en su carta de denunciación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de septiembre 2012.

El gobierno venezolano, sin embargo, sostiene que los derechos de Brewer Carías no han sido violados. El gobierno señala que se le dio acceso a los documentos en su caso penal en Venezuela. Además, el juicio se mantiene en suspenso debido a su ausencia del país porque el gobierno se niega a anular el procedimiento hasta que vuelva Brewer Carías. El gobierno añade que Brewer Carías fue concedido todas las protecciones formales de un juicio imparcial, las cuales no significa que el acusado recibe resoluciones judiciales a su favor sino que el individuo goza de la posibilidad de un acceso eficaz al sistema de justicia para defender sus argumentos y asegurar una respuesta del estado basado en la ley. El Estado, por lo tanto, afirma que las presuntas violaciones carecen de fundamento porque las leyes venezolanas brindan protección judicial.

La Comisión desestimó varios cargos de la petición de Brewer-Carías pero estuvo de acuerdo con él en que Venezuela había violado varios de sus derechos, incluido el derecho a un tribunal competente e imparcial (artículo 8(1)) y el derecho a la protección judicial (artículo 25). En su decisión sobre el fondo, la Comisión señaló que debido a que “la persecución de Allan [Brewer Carías] se llevó a cabo por los fiscales y jueces temporales . . . las garantías de independencia e imparcialidad eran escasas.” Señaló también que la jurisprudencia establecida por la Corte IDH, la Corte Europea de Derechos Humanos y los Principios Básicos de la ONU sobre la Independencia del Poder Judicial indican que un adecuado proceso de nombramiento, la no remoción de los jueces y la ausencia de presiones externas son garantías de suma importancia a la independencia judicial. Cuando Venezuela se negó a poner remedio a estos supuestos errores después de la decisión de la Comisión de 2009, la CIDH remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Numerosos organizaciones de derechos humanos, estado de derecho e intergubernamentales han denunciado la falta de independencia del poder judicial en Venezuela. En un informe de 2009 sobre los Derechos Humanos en Venezuela, la CIDH señaló que los jueces en Venezuela pueden ser nombrados o removidos a la sola discreción del Tribunal Supremo de Justicia, amenazando así su independencia e imparcialidad. La Comisión destacó además las preocupaciones de la provisionalidad de los jueces, lo cual afecta su autonomía, afirmando que el problema de los nombramientos judiciales provisionales se ha incrementado y agravado desde que el proceso de reestructuración judicial se inició con la promulgación de la Constitución de Venezuela de 1999. La Corte decidirá si está de acuerdo con que el poder judicial de Venezuela ha negado la derecha Brewer Carías ante un tribunal competente e imparcial así como a la protección judicial después de las audiencias públicas el 3 y 4 de septiembre. La salida de Venezuela de la jurisdicción de la Corte complica aún más la cuestión sobre si el Estado cumplirá con la sentencia definitiva de la Corte.

* Las autoras son miembros del UNROW Human Rights Impact Litigation Clinic observando el caso Allan R. Brewer Carías v. La Republica Bolivariana de Venezuela en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los miembros del UNROW Human Rights Impact Litigation Clinic y el Human Rights Brief contribuyeron investigación and redación adicional en Washington, D.C.