Comisionados: Rose Marie Antoine, Paolo Fraidi, y Tracy Robinson

Peticionarios: Dominican Diversity / Community Hope and International Justice Foundation (FUNCEJI) / Volunteer Network of Friends Always Friends (ReVASA) / Friends Always Friends (ASA) / Active and Participatory People (gayp) / Caribbean Forum for Liberation and Acceptance of Genders and Sexualities (CariFlags)

Estado: la República Dominicana

El 23 de octubre del 2015, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los peticionarios expusieron la discriminación que sufre la comunidad LGBT en la República Dominicana. La audiencia empezó con la presentación de diferentes clips de entrevistas de prensa de varios políticos refiriéndose a la comunidad LGBT con difamaciones odiosas. Los peticionarios argumentaron que el estado oficial dominicano niega el derecho básico a la libertad en contra de la discriminación y violencia para las personas LGBT.

Los peticionarios contaron de primera mano las experiencias de discriminación prevalecientes en los medios de comunicación, servicios de salud, escuelas y en el sistema criminal de justicia.                                                                                                                                     A lo largo de la audiencia, los representantes de la República Dominicana no dieron ninguna respuesta a las alegaciones de inacción del estado con respecto a los abusos de derechos humanos que está encarando. Declararon varias veces que se presentaron en la audiencia con el único propósito de escuchar las peticiones en cuestión.

Los derechos de igualdad en la República Dominicana están fundados en el artículo 39 de la Constitución, la cual declara que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal.” Los peticionarios argumentaron a favor de la inclusión de forma explícita de la identidad sexual y de género dentro del lenguaje del artículo 39. Notaron que la diferencia en la protección se muestra por el hecho que el estado clasifica los crímenes directamente dirigidas a las personas LGBT como crímenes pasionales en lugar de crímenes de odio. Los Peticionarios también señalaron que los niños LGBT son un grupo que sufre abuso a menudo, con el acoso siendo omnipresente en las escuelas dominicanas y sin programas gubernamentales para combatirlo.

Los peticionarios argumentaron que la red de discriminación se extiende a otros sectores del país, como a centros de salud y de documentación. Reportaron que muchas personas LGBT evitan irse a los centros de salud por causa del perjuicio y de la humillación que sufren cuando buscan cuidados para enfermedades venéreas, por tanto incrementando la tasa de muertes por enfermedades curables como la sífilis. Expusieron que los centros de documentación son un otro semillero de discriminación, particularmente para los individuos transgénero quienes son forzados a desmaquillarse y a quitar sus pelucas antes de tomarse la fotografía para su identificación personal. De la misma forma citaron que las personas transgénero reciben una doble dosis de humillación cuando van a votar, ya que no lo pueden hacer si su apariencia física no es igual a la de su identificación. Los peticionarios argumentaron que esta falta de voz ha creado dificultad para las personas LGBT en la búsqueda de empleos legítimos, con muchas personas recurriendo a la prostitución como medio de sobrevivencia.

Loa representantes de la República Dominicana no respondieron a las quejas de los peticionarios. En cambio, prometieron dar un seguimiento a las cuestiones que se presentaron.

Siguiendo los argumentos de los peticionarios y la promesa de seguimiento de la República Dominicana, los comisionados recomendaron que el estado eduque al público sobre la comunidad LGBT. Sugirieron representar positivamente a las personas LGBT a través de un estimulo por parte de los oficiales del estado y de campañas de concientización. También estresaron que el país necesita registrar eficazmente los datos sobre los crímenes de odio

clasificándolos por lo que realmente son. Los comisionados expresaron un desagrado acerca de las respuestas de estado a las cuestiones presentadas. Rose-Marie Antoine declaró “esta cuestión merece respeto y respuesta…..necesitamos otra audiencia y una respuesta más adecuada de parte del estado.”

 Análisis Legal por la Autora

La República Dominicana hace parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. Por tanto, está bajo la jurisdicción de la CIDH y debe conformarse a los artículos de la Convención. Por ejemplo, las personas LGBT víctimas de crímenes de odio o incluso crímenes pasionales, tienen el mismo derecho de igualdad de protección judicial bajo el artículo 25, “aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.” Aún más, se está interfiriendo abusivamente con las vidas privadas de las personas LGBT, especialmente las de los jóvenes, cuando estas se enfrentan a la discriminación en la escuela por parte de la sociedad, en posible violación del artículo 11 de la Convención.

Los peticionarios podrían también argumentar violaciones del artículo 14, derecho de rectificación o respuesta, que declara que “toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.” Como los medios de comunicación han discriminado a la comunidad LGBT, se les debería otorgar a las víctimas la habilidad de abordar esas alegaciones en el mismo foro—los medios de comunicación.

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