Zuleika

Q: Primero de todo, ¿me podría contar un poco de usted y cómo llegó al Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS)?

Estudié derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) e hice mis prácticas en DEMUS. Este mes de mayo cumplo 27 años en la organización. Solo he dejado de trabajar en DEMUS en dos ocasiones: cuando me nombraron Directora de la Mujer del entonces Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social en el primer gabinete del gobierno de Humala y cuando postulé al Congreso de la República en el 2016. Después de eso, he trabajado toda mi vida en DEMUS. Empecé mis prácticas allí y nunca me fui. Todavía no era activista feminista en la universidad, pero ya era una activista de formación de izquierda, derechos humanos y la igualdad de la mujer. Mi formación y activismo feminista fue y es en DEMUS.

Q: ¿Cómo ha sido el proceso de litigar los casos de esterilizaciones forzadas? ¿Cuáles han sido las frustraciones de un gobierno que se rehúsa a clasificar las esterilizaciones forzadas como crímenes de lesa humanidad?

Hay momentos de mucha frustración y decepción, pero creo que DEMUS y las personas que trabajamos en la institución, estamos comprometidas con alcanzar la justicia y reparaciones integrales para las víctimas de esterilizaciones forzadas. Esta lucha es parte de nuestro proyecto de vida y sabemos que no va a ser fácil, pero es nuestra contribución para que se pague la deuda histórica que el Estado y la sociedad tenemos para con ellas. Estos casos también le dan un sentido a tu existencia porque es una causa que te permite concretar tu deseo de justicia y de reivindicación a las mujeres indígenas y campesinas. Y ahí el Estado tiene que cumplir con los compromisos con las mujeres indígenas, campesinas y pobres. En este momento hay un contexto y coyuntura adversa para las víctimas y defensoras pero  todavía no ha llegado el final. Sabemos que sí no alcanzamos justicia nacional, tenemos el sistema interamericano y universal. No es que vamos a perder el caso porque hicimos algo mal y por problemas técnicos jurídicos, sabemos que, si perdemos, es porque tenemos a un enemigo que es poderoso y que tiene injerencia política en el sistema de justicia.  Tenemos pruebas indiciarias de ello. Te das cuenta que es así porque los fiscales, sus teorías del caso y sus argumentacione, no toman en cuenta ni siquiera los mínimos estándares alcanzados a nivel internacional de defensa de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad; no citan doctrina ni jurisprudencia alguna.

El caso, yo lo conozco desde las primeras denuncias aparecidas entre 1996 y 1997. Yo ingresé a trabajar a DEMUS en 1990 como practicante. En los años que empezaron las denuncias ya era asistente. En ese tiempo empezaron a llegar casos, como el de un viudo buscando justicia porque a su esposa la presionaron para que se realice  una ligadura de trompas y la señora había muerto por una hemorragia. A ella le dijeron que el post-operatorio era sencillo y que podía regresar a su casa a sus labores normales. La señora vivía en la Amazonía y regresó a su casa, a sus tareas de recolección de agua varias veces al día, se desangró, fue al puesto de salud más cercano, pero murió en el camino por lo lejano del mismo. Ese caso es solo uno de los tantos que llegaron a DEMUS. También hubo otros casos en que las mujeres no reconocían la firma que estaba en el formulario de consentimiento para la esterilización. Todo se hizo de forma compulsiva para cumplir con metas y cuotas, para ganar los incentivos y evitar sanciones, sin garantizar el derecho de consentimiento libre e informado, sin consejería en su idioma materno, que muchas mujeres ni siquiera se dieron cuenta que fueron esterilizadas.

Los casos no solo llegaban a DEMUS, sino a otras organizaciones como el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. El CLADEM-Perú y de la oficina regional, realizamos una investigación concluyente sobre la violación a los derechos humanos que se estaba perpetrando.

Al inicio, se litigaron los casos bajo el derecho penal doméstico y no como violaciones de derechos humanos y derecho penal internacional. Giulia Tamayo, abogada feminista peruana, trabajando en aquel entonces en el CMP Flora Tristán, quién ya falleció, mediante la investigación que realizó para el CLADEM, concluye que no se trataba de crímenes comunes de responsabilidad individual, sino de violaciones de derechos humanos de responsabilidad estatal. Giulia tuvo la visión de investigar las esterilizaciones como violación de derechos humanos de las mujeres y posteriormente como crimen de lesa humanidad,  porque estos crímenes fueron perpetuados por agentes del Estado y en el marco de una política de Estado.

La Iglesia católica se opuso a la política de Fujimori de incorporar las ligaduras de trompas y vasectomías como métodos anticonceptivos legales. Para esta Iglesia, solo Dios puede disponer del cuerpo de las personas. Entonces, empezaron a protestar. El sector progresista de dicha iglesia, se involucró cuando vieron que las mujeres estaban muriendo por las condiciones en que se hacían los procedimientos quirúrgicos. De hecho, un cura de Cajamarca es quien nos buscó por el caso de Mamérita Mestanza, para acompañar a su viudo e hijas/os para la denuncia, investigación y juicio.

Giulia comenzó a investigar y encontró que, culturalmente, el personal de salud no sentía que estaba haciendo algo mal; decían que estaban cumpliendo órdenes y que además era un beneficio para la mujer tener menos hijos. El personal de salud le enseñó a Giulia las prácticas y procedimientos para la esterilización, incluyendo las metas y cuotas que debían cumplir. Para este tiempo ya existía un movimiento feminista global, luchando para que las esterilizaciones forzadas se consideren crímenes de lesa humanidad. Había indicios que las esterilizaciones forzadas eran generalizadas, sistemáticas, ataque contra la población civil, entonces, los abogados empezaron a buscar jurisprudencia y estándares internacionales para apoyar estos cargos. Eso era un enfoque completamente nuevo y avanzado.

¿Cuáles fueron los momentos que han sido importantes? Cuando firmamos el Acuerdo de Solución Amistosa en el caso de Mamérita Mestanza, el pedido de disculpas públicas del gobierno a la familia y el avance de las reparaciones económicas, en salud y otras, fueron momentos de gratificación muy grande. Cada vez que hemos logrado cambios en el sector de salud a tomar pasos preventivos ha sido muy importante. El Sistema Interamericano ha sido clave en este caso, ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha exigido al Estado, investigue como un caso de violación a los derechos humanos cuando fue archivado el 2009 por prescripción.  El caso fue reabierto en el 2011, luego que la Comisión le llamó la atención al Estado por  investigar como delitos comunes.

He estado con este caso desde el principio y nunca me he sentido aislada porque CLADEM y otras organizaciones del movimiento feminista están involucradas y vigilantes. Cuando en 2014, archivaron el caso parcialmente, logramos que se reabriera otra vez en el 2015, también con apoyo de la CIDH.

Q: ¿Cuáles son los próximos pasos para el caso ya que ha sido archivado nuevamente?

DEMUS y el Instituto para la Defensa Legal (IDL) hemos interpuesto una queja en diciembre 2016, que  debe resolver el fiscal superior Luis Landa, el mismo que acusó en el caso Manta y Vilca sobre violación como crimen de lesa humanidad. Pero, la presión política en este caso es distinta. Todavía no estamos seguras que ganaremos. Estamos ejecutando un plan para fortalecer estrategia y argumentación, así como de incidencia pública y movilización. Hemos logrado que la CIDH remita información sobre estándares internacionales para que sean de conocimiento y aplicación por parte del Ministerio Público.

Q: ¿Cuál sería el rol de la Comisión en los próximos pasos i.e. resolución amistosa? ¿Existe alguna forma que el gobierno cumpla con la solución amistosa? ¿se puede traer otro caso a la CIDH?

Creo que ya estamos llegando a un límite coyuntural en el caso de Mamérita Mestanza, sobre todo por el debilitamiento que ha tenido la CIDH por la crisis económica y el cambio de Relator de Perú, de James Cavallaro a Paulo Vannuchi. Tampoco es que la CIDH no pueda y deba seguir jugando un rol importante.  La CIDH debe ser firme para que el Estado cumpla con las obligaciones contraídas en el ASA del caso Mestanza.

El gobierno ha demostrado que está arrinconado por el fujimorismo el caso de justicia y reparación en caso de esterilizaciones forzadas. Hay temas que no se pueden tocar porque son muy delicados y crean problemas, afirman algun@s funcionari@s. Esterilizaciones forzadas es uno de estos temas. No quieren tocarlo porque crea problemas políticos. No avanzan en el cumplimiento de reformas normativas ofrecidas para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. El REVIESFO Registro de víctimas de esterilizaciones forzadas está estancado. Hay resistencias para adoptar lineamientos y medidas como grupos de trabajo, protocolos, para reparar integralmente a las víctimas de esterilizaciones forzadas en el nuevo Plan de Derechos Humanos.

Nosotras, con la campaña Somos 2074 y muchas más, hemos visto la importancia de la movilización de la ciudadanía y los movimientos sociales. Necesitamos que la sociedad le pida cuentas al Estado y gobierno de turno. Queremos una audiencia temática con la CIDH sobre la esterilización forzada.  Es la tercera vez que la pedimos. Reconocemos que en los archivamiento del 2009 y 2014, la CIDH jugó un rol fundamental en el desarchivamiento del caso y para que se investigara con una perspectiva de derechos humanos y de género, para que se complete la investigación y se tomen en cuenta estándares internacionales. Con relación a los archivamientos del 2016, esperamos también contribuya a ello.

Q: ¿Cuál sería la mejor forma de reparar a las víctimas? ¿Qué prefieren las víctimas? (un caso judicial o reparaciones materiales o simbólicas o ambas cosas)

Gracias a organizaciones como el Movimiento Amplio de Mujeres-Línea Fundacional, las mujeres se han organizado en provincias tales como Anta y otras en Cuzco y Huancabamba en Piura. Dichas organizaciones de víctimas han formado una Asociación Nacional de Víctimas de Esterilización Forzada. Igualmente, hay organización de víctimas en Chumbivilca- Cuzco se están formando nuevos grupos en Ayacucho, donde se esterilizaron muchas mujeres que pensaron que les habían “mandado una plaga”. Ese proceso organizativo les ha permitido poder decir con claridad qué quieren. Ellas quieren justicia y definitivamente quieren condena, no solo de actores directos, sino también los autores mediatos. En la parte de reparaciones, ellas dicen que las económicas y simbólicas pueden venir después, pero primero quieren acceso a la salud sexual y reproductiva, física y mental.

Uno de los acuerdos, de la reunión de trabajo ante la CIDH de seguimiento del cumplimiento del ASA del caso Mestanza llevada a cabo el 2 de diciembre en Panamá, fue que el gobierno convocara a las víctimas y a la sociedad civil a una reunión exploratoria para poder crear un grupo de trabajo que diseñe una política de reparación integral. El gobierno solo ha convocado una vez a la sociedad civil pero no a las víctimas con quién dijo mantiene diálogo pero el objetivo es institucionalizar mecanismos de participación y servicios como parte de una política de reparación.

Las mujeres se han vuelto las protagonistas de muchas campañas y han coordinado campañas con organizaciones de derechos humanos como Amnistía International, Proyecto Quipu, Alfombra Roja, Somos 2074 y muchas más, según sus afinidades. Producto de todas estas campaña e incidencia pública, se logró el REVIESFO Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas a fines del gobierno de Humala.

Cuando Paulo Cavallaro, comisionado de la CIDH, fue Relator de Perú, le preguntó al Estado Peruano ¿qué falta para repararlas?, ¿por qué están esperando que se habrá juicio? El Estado y representantes del gobierno de Humala, le dijo que era porque no sabía cuántas mujeres habían sido afectadas. Cavallaro le respondió que empiecen por un registro, tal como lo había recomendado la Defensoría del Pueblo. El Alto comisionado de derechos humanos de la ONU también recomendó la creación del Registro. El Parlamento Andino también se ha pronunciado. Las Campañas de las mujeres organizadas demandaron el Registro y lo lograron.

En el 2011, el MIMP realizó un par de consultorías para conocer las demandas de las mujeres sobre reparaciones. Además, de las reparaciones en salud, requieren reparaciones simbólicas y económicas, que permita su revalorización personal, familiar y comunal. Muchas mujeres fueron abandonadas por sus esposos después de su esterilización, porque ya no eran ‘atractivas’ para sus esposos. Las mujeres también se estaban enfermando por la esterilización y no podían trabajar. Las víctimas quieren reconocimiento, participación y reparaciones integrales, empezando por reparaciones en salud, del Estado y gobierno de turno  y cuando el grupo de trabajo se establezca, veremos que más exigen.

Q: ¿Tienes algún consejo para los profesionales jóvenes en el mundo de los derechos humanos?

Hay momentos en el que no existen las herramientas legales y el desarrollo doctrinario y jurisprduencial, pero precisamente el derecho es elaboración, es creación de las personas y tiene que ver mucho con forzar al sistema y aprovechar las fisuras. Yo no aprendí teoría feminista del derecho en la universidad, yo lo aprendí en la práctica, en las ONG’s, en las redes como CLADEM, IWRAH y otras donde vamos enseñándonos cómo identificar lo patriarcal y androcéntrico del derecho, pero también las ventajas y oportunidad para transformar el derecho.

Creo las nuevas generaciones tienen ventajas, porque ya se estudia en las universidades derecho con perspectiva de género, hay jurisprudencia y casos emblemáticos que se analizan, muchos de ellos provienen de Perú que son prueba del derecho como herramienta de cambio, pero también hay violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad que son invisibles y no se ve el daño a las mujeres, a su cuerpo, a la sociedad. No vamos a progresar como sociedad, mientras estos casos no tengan justicia, mientras no se sepa la verdad y no se repare. Eso uno se lo debe a sí misma como parte de la sociedad. Tú no puedes hablar de democracia, igualdad y autonomía plena para tod@s, mientras estos crímenes queden impunes y siga la violencia de género. Estos tipos de casos ponen a prueba las bases de la democracia y de los contenidos de derechos humanos. Eso es lo que estamos peleando, tener una sociedad donde todos y todas podamos ser libres e iguales  realmente.