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Reports of Impunity for Serious Violations of Human Rights in Mexico
by Alejandra Aramayo

Inter-American Commission on Human Rights, via flickr
Inter-American Commission on Human Rights, via flickr

Commissioners: Rosa María Ortiz, James L. Cavallaro, Felipe González

Petitioners: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos (CMDPDH); Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI); Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH); Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC); Center for Justice and International Law (CEJIL); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

State: Mexico

October 30, 2014, Petitioners presented on victims’ lack of access to justice for serious human rights violations in Mexico before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR). Although Mexico’s judicial system was reformed within the last few years, the Petitioners claim that law enforcement officials are involved in human rights violations and that violators have impunity. Petitioners stated that only 1.5% of all complaints actually arrive before a judge. Between 2006 and 2013, the Mexican courts heard 900 cases on violations of human rights, but only four ended in conviction. 

Petitioners began by recommending that the State take steps to quickly investigate pending cases and sanction all perpetrators of human rights violations.  The Petitioners were concerned by the current absence of authority to sanction wrongdoers, the failure in institutions to investigate these cases, and the insufficient resources available to investigate the crimes. The Petitioners allege that these factors limit victims’ access to justice and have resulted in a low number of convictions. They pointed to the mere six convictions related to forced disappearances, while there are recent disappearances of 25,000 individuals. The Petitioners allege that the State has an obligation to investigate these cases quickly and has failed to do so. The Petitioners were also concerned with the sentences that perpetrators received when they were convicted. The Petitioners claimed that perpetrators punished for torture received sentences for less than five years of prison time. Petitioners concluded by asking the Commission to consider the obstacles that impede human rights justice in Mexico and the need for urgent care for victims. Petitioners also requested that the Commission ask the State to comply with its responsibilities.

Mexico responded by claiming it already has an internal process that strengthens the country’s capacities in dealing with the issues Petitioners raise. The State recognized the issue of impunity and stated that it planned to counter it by strengthening the penal and judicial systems. The State outlined its efforts to release a new national code in June 2016 that will greatly expand the penal code to address human rights violations. The State also emphasized that it has adopted the Istanbul Protocol, which serves as international guidelines for the investigation and prosecution of torture. However, the State is developing its own protocols because it claims the Istanbul Protocol does not directly address the situation in Mexico. Additionally, the State will bolster efforts in investigating and prosecuting human rights violations with additional scientific resources. Mexico also claimed that it has shown international compliance regarding torture more than most countries. Mexico concluded by stating that it takes note of all of Petitioners’ requests and that it is doing everything it can to incorporate the necessary changes.

Commissioner Cavallaro asked Petitioners to clarify the statistics of the number of violent acts committed with impunity in Mexico and emphasized the importance of data to enable the State to respond to human rights violations. Commissioner Ortiz wanted to know about other measures available for the State to take regarding these issues. She also stated that if society does not trust the authorities, then the country is in danger. Commissioner González suggested that there should be a different mechanism in place to deal with these issues and asked what the role of the federal government is to control, evaluate, and advance these acts.  

The Petitioners responded to the Commission’s questions by clarifying the statistics it presented. According to the Petitioners, only four out of 1964 complaints related to human rights violations were presented before a judge. The State responded by stating that it takes time for changes to be seen in society, especially since the constitution was reformed only three years ago. The State suggested an open dialogue with the government and NGOs to fix these issues and further reform to the judicial system.

The Commissioners concluded by stating it will continue to monitor this issue with both parties.


Denuncias de impunidad por graves violaciones de derechos humanos en México
escrito y traducido por Alejandra Aramayo

Inter-American Commission on Human Rights, via flickr
Peticionario sosteniendo volante: “#Ayotzinapa no es un caso aislado no fue el narco fue el Estado.”
Cortesía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vía flickr

Comisionados: Rosa María Ortiz, James L. Cavallaro, Felipe González

Peticionarios: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos (CMDPDH); Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI); Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH); Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC); Center for Justice and International Law (CEJIL); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

Estado: México

El 30 de octubre del 2014, los Peticionarios se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para discutir la falta de acceso a la justicia para las personas víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos en México. Aunque el sistema judicial de México fue reformado durante los últimos años, los Peticionarios sostuvieron que los oficiales de la fuerza pública están involucrados en las violaciones de los derechos humanos y que estos tienen impunidad. Los Peticionarios dijeron que solo 1.5% de todas las quejas actuales llegan a oídos de un juez. Aun mas, entre el 2006 y el 2013, los tribunales Mejicanos escucharon 900 casos sobre las violaciones de derechos humanos, pero solo cuatro terminaron en condena.

Los Peticionarios empezaron recomendando que el Estado tomara pasos para investigar prontamente los casos que todavía están pendientes y que sancionara a todos los perpetradores de las violaciones de derechos humanos. Los Peticionarios expresaron su preocupación por la actual ausencia de autoridad por parte de quien sanciona a los malhechores, por la falla en investigar estos casos de las instituciones, y por los pocos recursos disponibles para investigar los crímenes. Los Peticionarios alegaron que estos factores limitan el acceso a la justicia para las victimas y han resultado en pocas condenas. Estos señalaron a las seis condenas relacionadas con las desapariciones forzadas, mientras que, todavía siguen las desapariciones de 25,000 individuales. Los Peticionarios alegaron que el Estado tiene una obligación de investigar estos casos diligentemente y que ha fallado en hacerlo. Los Peticionarios también expresaron su preocupación por las condenas que los perpetradores recibieron. Según los Peticionarios, los perpetradores castigados por tortura, recibieron condenas de menos de cinco años de cárcel. Finalmente, los Peticionarios concluyeron pidiéndole a la Comisión que considerara los obstáculos que impiden la justicia en materia de derechos humanos en México y la necesidad de reparaciones urgentes para las víctimas. Estos también pidieron que la Comisión le solicite al Estado que cumpla con sus responsabilidades.

México respondió afirmando que ya tiene un proceso interno que fortalece las capacidades del país en el tratamiento de los problemas que los Peticionarios presentaron. El Estado reconoció el problema de la impunidad y declaro que planea contrarrestarlo fortaleciendo los sistemas judiciales y penales. El Estado delineo sus esfuerzos para lanzar un nuevo código nacional en junio del 2016, el cual va expandir ampliamente el código penal para hacer frente a las violaciones de derechos humanos. El Estado también señalo que adoptó el Protocolo de Estambul, que sirve como una guía internacional para la investigación y el enjuiciamiento de la tortura. Sin embargo, el Estado afirmo también estar desarrollando sus propios protocolos porque el Protocolo de Estambul no se refiere directamente a la situación en México. Adicionalmente, el Estado va reforzar los esfuerzos de investigación y enjuiciamiento de las violaciones de derechos humanos con recursos científicos adicionales. México también declaro estar en conformidad con  las normas internacionales con respeto a la tortura aun por encima de la mayoría de países. México concluyó indicando que tomara nota de todas las solicitaciones de los Peticionarios y que hará todo lo posible para incorporar los cambios necesarios.

El Comisionado Cavallaro pidió a los Peticionarios clarificar sobre las estadísticas de los hechos violentos cometidos con impunidad en México, y enfatizó la importancia de estos datos para permitir que el Estado responda a las violaciones de derechos humanos. La Comisionada Ortiz quería saber que otras medidas están disponibles para el Estado tome en relación con estos problemas. Ella también dijo que si la sociedad no confía en las autoridades, el país esta en peligro. El Comisionado González sugirió que debería haber otro mecanismo para enfrentar estos problemas y preguntó sobre el papel del gobierno federal para controlar, evaluar, y avanzar estos hechos.

Los Peticionarios respondieron a las preguntas de los Comisionados clarificando las estadísticas que presentaron. Según los Peticionarios, solo cuatro de 1964 demandas relacionadas con violaciones de derechos humanos fueron presentadas en frente de un juez. El Estado respondió diciendo que toma tiempo para que los cambios se puedan ver en la sociedad, especialmente desde que la constitución fue recientemente reformada hace solo unos años. El Estado sugirió un dialogo abierto del gobierno con las ONGs para arreglar estos problemas y continuar reformando el sistema judicial.

Los Comisionados concluyeron diciendo que van a continuar monitoreando la situación con ambas partes.