Comisionados: Rose-Marie Belle Antoine, Rosa María Ortiz, Paulo Vannuchi

Peticionarios: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) / Amazon Watch / Asamblea de los Pueblos del Sur / Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) / Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) / Association for Women’s Rights in Development (AWID) / Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo (CAJAR) / Center for Justice and International Law (CEJIL)/ Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’/ Centro de Derechos Humanos de las Mujeres Chihuahua / Centro Mexicano del Derecho Ambiental (CEMDA) / Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) / Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) /Comisión Mexicana para la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) / Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH) / Comunidad de Derechos Humanos Bolivia / Conectas Direitos Humanos / Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) / Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) / Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) / Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) / Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe (FAU-AL) / Forum Suape / Global Witness / Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos / International Service for Human Rights (ISHR) / JASS Asociadas por lo Justo (JASS) / Justiça Global / Justiça nos Trilhos / Laboratorio de Paz / Movilización de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca por el Cuidado de la Vida en los Territorios Ancestrales / Peace Brigades International (PBI) / Plataforma Internacional Contra la Impunidad / Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN) / Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) / Robert F. Kennedy Human Rights / Terra Mater / La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras Guatemala (UDEFEGUA) / Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) / Instituto Internacional de Derecho y Sociedad

Estados: Brasil, México, Colombia, Chile, Perú

Los peticionarios, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 19 de octubre de 2015, explicaron como la industria extractiva afecta de manera directa a 3,5 billones de personas que viven en países ricos en gas, petróleo, y otros depósitos minerales. Los peticionarios eran defensores de derechos humanos (HRDs por sus siglas en ingles) y ciudadanos de varios países de Centro y Sur América, inclusivo Brasil, Colombia, México, Perú, y Chile. Presentaron historias de violencia y de corrupción bajo las manos de las corporaciones extractivas de las Américas. Algunos de los peticionarios están luchando por su sustento porque las corporaciones están intentando a quitarles sus tierras. Los peticionarios contaron sus relatos personales sobre lo que pasó cuando intentaron defender sus derechos frente a las corporaciones extractivas y a la corrupción gubernamental.

La Mina Carajas de Brasil es la más grande mina de hierro del mundo. Danilo Chammas, un defensor de derechos humanos de Brasil y el peticionario representando Justiça nos Trilhos, informó a la Comisión que las operaciones diarias de la mina han dañado a más de cien comunidades. El Sr. Chammas declaró que los HRDs han sido torturados por protestar el acaparamiento de tierras llevado a cabo por las compañías de extracción. Explicó que las compañías de extracción establecen grupos de vigilancia para monitorizar a los HRDs. Como resultado, defensores de derechos humanos han sido emboscados, y a veces asesinados, por las fuerzas de seguridad. El Sr. Chammar describió un asesinato que ocurrió el 26 de abril de 2015. Los granjeros en la región también han sido objeto de violencia. Una tal granjera atestiguó la muerte de su marido en la presencia de la policía, quien no hizo nada para intervenir. El Sr. Chammas declaró que las corporaciones frecuentemente atacan a los civiles con impunidad. Pidió a la Comisión que proteja a los HRDs que están atrapados en este conflicto.

Otro peticionario, una defensora de derechos humanos colombiana llamada Isabella, dijo que durante los últimos dos años más de doscientos personas han desaparecido de la región desde donde operan las compañías extractivas. También declaró que la tasa de desalojo esta aumentado rápidamente, y que las expulsiones forzadas representan una grave amenaza para los residentes locales. Isabella explicó que la ley no es clara con respecto a cuando se permiten o cuando no se permiten los desalojos. Igual que en Brasil, las corporaciones de extracción de Chile han desplegado seguridad privada para perseguir a los individuos que hablan en contra de las presuntas violaciones. El antiguo director de la Unidad Nacional de Protección de Colombia organizaba encuentros pacíficos entre las corporaciones y las organizaciones de defensores de derechos humanos. Desafortunadamente, explicó Isabella, el director actual ni reconoce que estas reuniones hayan sucedido y se niega en ayudar a los HRDs. Isabella afirmó que hasta que no cambie este modelo corrupto capitalista, el medio ambiento y la gente seguirán siendo destruidos por la industria extractiva.

Una mujer del territorio de Mapuche de Chile describió las experiencias de su familia. Explicó que el gobierno y las fuerzas de seguridad privada la atacaron por protestar la construcción de una carretera sobre la vía navegable de su pueblo. El gobierno tiene previsto construir más carreteras sobre otras vías navegables de su región, y dijo que iba a luchar por sus derechos aunque la cueste su vida. Dijo que su casa fue incendiada varias veces, y su madre fue batida y violada por oponerse a la destrucción del medio ambiente. Pidió a la Comisión que llame la atención a los HRDs quienes están luchando contra las compañías de extracción cuales están violando los derechos humanos.

Los peticionarios pidieron a la Comisión que ayude a la gente enfrentándose a la explotación de las compañías de extracción. Los peticionarios también pidieron a la Comisión que impida que las compañías cometan más violaciones de derechos humanos, tal que la violencia y el acaparamiento de tierras.

Los Comisionados estuvieron de acuerdo que los gobiernos de estos países estaban culpables. La Comisión se mostró consciente de lo que esta sucediendo en estos países, y declaró que seguirá ejerciendo funciones de vigilancia ante posibles violaciones de derechos humanos.

Análisis Legal por el Autor

Muchas de las violaciones de derechos humanos en cuestión, inclusivo las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, y los desplazamientos forzados violan jus cogens, o normas perentorias. Las normas perentorias son derechos humanos inderogables generalmente aceptados en la comunidad internacional. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, ratificada por todos los estados involucrados en esta audiencia, protege el derecho a la vida bajo el cuarto artículo, el derecho al trato humano en el artículo cinco, el derecho a la propiedad bajo el artículo veinte y uno, la libertad de expresión bajo el articulo trece, y la libre reunión bajo el articulo quince. Por tanto, es posible que los estados de esta audiencia estén en contravención de sus obligaciones bajo el derecho consuetudinario internacional y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

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