Comisionados: James L. Cavallaro, José de Jesús Orozco Henríquez, Tracy Robinson, Paulo Vannuchi

Peticionarios: Asociación Para la Prevención de la Tortura (APT); Almas Cautivas; Procuración Penitenciaria de la Nación; Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas (SPT).

El viernes 23 de octubre del 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su primera audiencia centrándose en la situación de personas lesbianas, gays, bisexuales, y transexuales (LGBT) detenidas en América Latina. En mayo del 2015, la CIDH declaró sus preocupaciones al respecto durante un comunicado de prensa en respuesta a lo que describió como “información preocupante” sobre el tratado de personas LGBT en las prisiones de América Latina.   Hicieron un llamado a los estados miembros de la OEA a movilizarse rápidamente en la adopción de medidas y el desarrollo de estrategias para proteger a prisioneros LGBT ante la violencia y la discriminación.

EL viernes, la CIDH escuchó peticiones de la Asociación Para la Prevención de la Tortura y: Ari Vera Morales, presidenta de Almas Cautivas, una agencia no-gubernamental en la Ciudad de México; María Santos, Coordinadora de la Unidad Defensora de Género y Diversidad Sexual en Prisiones Federales de Argentina; y Victor Madrigal-Borloz, un reportero especial para el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas. El objetivo de los peticionarios era exponer en detalle los abusos que enfrentan los prisioneros LGBT, destacar los retos, y ofrecer una visión más clara de la situación para poder tomar los siguientes pasos.

Peticionarios detallaron abusos específicos contra los derechos humanos inclusivo la violencia física y psicológica dirigida a los prisioneros LGBT, la negación de las visitas conjúgales para parejas homosexuales, la segregación de mujeres transgénero, la retención de tratamientos médicos y reemplazo de hormonas para esas personas quienes se han sometido a la reasignación de sexo. Srta. Santos subrayó la contradicción que existe entre las leyes argentinas, que en general han tenido un avance positivo en la área de la igualdad en el matrimonio y anti-discriminación, y la realidad del sistema penitenciario donde estas leyes no han sido implementadas. Srta. Morales habló específicamente sobre el fallo de México en reconocer los desafíos y abusos a las que las mujeres transgénero se enfrentan en el sistema penitenciario Mexicano.

Victor Madrigal-Borloz y el SPT compartieron recomendaciones y mejores prácticas para el futuro. El Señor Madrigal-Borloz explicó que actualmente el mayor obstáculo es la falta de datos disponibles los legisladores durante la creación de políticas, directrices, o buenas practicas para sus sistemas penitenciarios. Con eso en mente, el SPT solicitó que la CIDH inste a los estados que erradiquen el castigo por motivos de género, que garanticen la igualdad en trato, y que proporcione entrenamiento y recursos para el personal penitenciario. El SPT le pidió a la CIDH que ratifique el protocolo discrecional del SPT y que promueva y contribuya al proceso de una creación de directrices para la comunidad de personas LGBT.

Cada uno de los Comisionados estuvo de acuerdo que la situación con la que se enfrenta la comunidad de personas LGBT en América Latina es preocupante. Comisionada Robinson expresó que el tema más preocupante es el nivel de criminalización de las personas LGBT y particularmente de las mujeres transgénero. Ella reiteró el llamado a los estados miembros a que revisen sus leyes y políticas. Comisionada Robinson pidió a los peticionarios que proporcionen más información, en particular sobre la situación de lesbianas y los riesgos que existen en detenciones de poco tiempo versus detenciones de largo plazo, y las condiciones de las instalaciones rulares versus las instalaciones urbanas. Después expresó la necesidad de la colección de data para producir un sistema de mejores practicas y directrices. Cada comisionado también expreso la necesidad de la colección de data.

Análisis Legal del Autor

En cuanto a los derechos humanos en general, miembros de la OEA no están cumpliendo sus obligaciones al dejar que la violencia hacia la personas LGBT continúe. La Convención Americana sobre Derechos Humanos proporciona un requisito fundamental del respeto hacia la dignidad humana que esta faltando en los casos de prisioneros LGBT. En el 2008, la CIDH adoptó “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas” que detalla los derechos fundamentales de los prisioneros y prohíbe la discriminación basada en varios factores, incluso la orientación sexual. Estados miembros también fallan no solo en este sentido, sino también bajo el Principio XIX que dicta que bajo ninguna circunstancia “se podrá privar una persona o imponérsele una condición más dura o menos adecuada por el hecho de pertenecer a una categoría distinta.” En el caso de atención medica, el Principio XIX requiere que las personas privadas de su libertad tengan acceso al tratamiento médico y que se les asegure un tratamiento por cualquier problema médico. El fallo constante de proporcionar terapia hormonal esta muy por debajo de este nivel. Sin embargo, en el documento, la CIDH falla en no identificar específicamente a las personas LGBT como uno de los grupos vulnerables. El documento le pide a los estados que cumplan con las necesidades médicas de personas vulnerables y de alto riesgo, como los ancianos, mujeres, niños, personas con discapacidad, personas viviendo con el VIH/SIDAS, y personas con enfermedades terminales, pero no reconoce a las personas transgénero como un grupo vulnerable. El testimonio de la audiencia del viernes pone de relieve a las personas transgénero como un grupo susceptible a la discriminación de atención médica, y por lo tanto, la CIDH debe dirigirse a ese tema.

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