English version available here. Comisionados: José de Jesús Orozco Henríquez, Dinah Shelton, Rosa María Ortiz. Peticionarios: Federación Nacional Achuar del Perú (FENAP) / Grupo de Trabajo Racimos de Ungurahui (GTRU) Estado: Perú En la audiencia de 1 de Noviembre de 2011 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones representando una comunidad indígena de Perú presentaron pruebas alegando violaciones de sus derechos debido a los permisos otorgados por el gobierno para extraer petróleo en territorio ancestral. Los Anchuar viven en cuarentaiún comunidades alrededor del río Pastaza en una cuenca del Amazonas al norte del Perú. Tal comunidad es una sociedad aislada que subsiste de los recursos de la selva amazónica. No obstante los Achuar han habitado ese territorio por generaciones, no poseen títulos de propiedad. En consecuencia, el gobierno peruano ha otorgado permisos de extracción a compañías petroleras. La intervención de los peticionarios inició con el presidente de la Federación Nacional Achuar del Perú (FENAP), quien consideró que la extracción de petróleo es “una amenaza que puede destruir a la comunidad Achuar”. Un representante del Grupo de Trabajo Racimos de Ungurahui (GTRU) indicó que el gobierno de Perú y la comunidad Achua deben establecer “buenas prácticas” con el fin de proteger sus derechos civiles, políticos, culturales y económicos, lo cual se puede derivar del establecimiento de una organización territorial adecuada y de autonomía en la administración de sus territorios. El representante de GTRU expresó su inconformidad sobre las violaciones de los derechos de los Achuar cometidas por el gobierno de Perú. Al respecto, indicó que el establecimiento de Perú como un estado homogéneo impedía el derecho de libre determinación. En adición, expresó que las leyes peruanas, las propuestas, así como las zonas de extracción fueron aprobadas sin consulta previa lo cual viola el derecho a libre determinación reconocido por la Convención 169 de la OIT y la Declaración sobre Derechos de Pueblos Indígenas de la ONU. Para demostrar lo anterior, presentó mapas del territorio Achuar con los territorios en los que se han concedido permisos de extracción. Por último, en referencia a la Corte Constitucional del Perú y a la CIDH, concluyó que la libre determinación está limitada por falta de acceso a tierras. Los peticionarios en conjunto  pidieron que Perú respete y apoye los derechos colectivos de la comunidad Achuar para vivir en sus territorios ancestrales. Para lograr lo anterior, solicitaron el reconocimiento de sus derechos de propiedad, títulos que la avalen, reconocimiento formal de la comunidad, así como respeto en la toma de decisiones sobre administración de sus territorios. Por último, los peticionarios solicitaron reparaciones respecto al daño ambiental, aceptación de las recomendaciones de la CIDH y rendimiento de reportes periódicos al mismo órgano. La respuesta del Estado se centró en la existencia de un gobierno unitario y en la puesta en práctica de los recursos domésticos. El representante comentó que la administración de tierras de los Achuar no es posible jurídicamente porque esos territorios pertenecen al estado, no a los municipios. Consideró que la posibilidad de auto gobernarse no está prohibida pero debe estar prevista en la Constitución y que la petición incorrectamente citó a la Corte Constitucional ya que esa decisión involucraba a un grupo de gente que sí tenía derechos sobre las tierras. Reiteró que los trámites están en proceso y a través de una petición al ministro de Justicia, al igual que un proceso en la que se concederán los títulos de propiedad. Por último indicó que nuevas leyes están siendo adoptadas para regular y sancionar el daño ambiental. El Ministro de asuntos inter-culturales respondió específicamente a las peticiones. Así, expresó que los títulos de propiedad son más amplios que las comunidades indígenas y que la complejidad del tema debe ser estudiada a profundidad en relación a dichas comunidades. Comentó que había un progreso respecto al reconocimiento de personalidad jurídica y que el Estado reconocía el auto-gobierno de los Achuar. Además, indicó que de acuerdo al derecho Achuar sólo el Estado tiene derecho a los recursos naturales, no las entidades privadas, por lo tanto  el Congreso es quien puede autorizar o denegar los permisos de extracción. Asimismo, indicó que las reparaciones por daño ambiental están en trámite y que las empresas petroleras pueden ser responsables por daño al ambiente. Después de una breve sesión de preguntas para clarificar ciertos puntos respecto al daño ambiental y a los recursos al respecto, la audiencia finalizó. Por último, la Comisionada Shelton, quien es a la vez Rapporteur sobre comunidades indígenas, expresó que esa audiencia había sido la mejor desde que ella se desempeñaba en la CIDH. El Human Rights Brief agradece a Alonso Lara por su colaboración en la traducción de este resumen.