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El juicio del ex-dictador de Guatemala José Efraín Ríos Montt y el ex-Director de Inteligencia Mauricio Rodríguez Sánchez entró en su decimocuarto día el 10 de abril del 2013.

La Jueza Yassmin Barrios escuchó el testimonio de ocho peritos más, incluyendo a tres expertos de la defensa que ofrecieron testimonio sobre temas de la cadena de mando así como la historia de la insurgencia guerrillera en Guatemala. El ambiente en la sala del tribunal varió entre civilizado y altamente tenso y las conclusiones de los expertos no lograron dilucidar cualquier aspecto de este caso cada vez más complejo. La defensa intentó refutar la teoría de la fiscalía de la responsabilidad de mando contra los dos acusados, ofreciendo una serie de testigos para disipar la noción de que los acusados ordenaron directamente las campañas militares de la década de 1980 que resultaron en la muerte de más de 1.700 indígenas. Por su parte, los testigos de la defensa afirmaron que los acusados tenían el mero conocimiento de tales masacres. Bajo ciertas directrices internacionales de la responsabilidad del mando, establecidas recientemente por la jurisprudencia y los estatutos de los tribunales penales internacionales, el mero conocimiento y la falta de castigo a los subordinados es suficiente para establecer la responsabilidad de mando de los superiores por la conducta de sus tropas.

José Luis Quilo Ayuso, un testigo importante de la defensa, ofreció su opinión experta sobre la cadena de mando y el asunto de la responsabilidad superior. Antes de su retiro de las fuerzas armadas, Ayuso sirvió bajo Ríos Montt a principios del 1970. A partir de 1983-1984, pasó tiempo en el área del país Quiché, en la misma región geográfica donde se llevaron a cabo muchas de las presuntas matanzas contra el pueblo maya Ixil. Demostrando sus credenciales, Ayuso declaró que recibió entrenamiento en la Universidad Nacional de Defensa en Washington, D.C., que selecciona y prepara a militares y a civiles en liderazgo en desarrollo de la estrategia de seguridad nacional. El testimonio experto de Ayuso contenía conclusiones específicas acerca de las estructuras de poder creadas por las leyes militares y los mandatos de las diversas posiciones y títulos políticas y militares. Ayuso expresó su opinión que el Jefe del Estado Mayor, cargo que no tuvo Ríos Montt o Sánchez Rodríguez en 1982 o 1983, es la persona que da instrucciones escritas a los comandantes militares, quienes a su vez deciden y llevan a cabo las operaciones de las fuerzas armadas.

Ayuso caracterizó a Rios Montt como el Comandante en General, opinando que bajo la ley, Ríos Montt sólo podía fijar la política militar a nivel nacional y no era responsable de las campañas militares durante su mandato del 1982-1983. Dijo que el Estado Mayor y no el Comandante en General ni el Ministro de Defensa poseían el mandato de emitir órdenes y, más abajo en la cadena de mando, los Comandantes de las Zonas eran los responsables de la aplicación de dichas órdenes. Ayuso declaró que el Comandante en General tiene el mando y declaró que las órdenes de los planes operativos no pasaron por el nivel del Comandante en General. Cuando se le pidió explicar quién formó el Alto Mando, Ayuso respondió que el Comandante en General, el Ministro de Defensa, y el Jefe del Estado Mayor lo hicieron, y que Ríos Montt ocupó las dos primeras de estas posiciones. Ayuso luego indicó que, aunque ciertos planes operativos militares mencionan el Comandante en General, sólo significa que la información se le transmitió, y no que él dio la orden.

Ayuso también testificó con respecto a Rodríguez Sánchez, quien se desempeñó como Jefe de Inteligencia del Estado Mayor en la década de 1980, y dijo que él estaba fuera de la cadena de mando, y por lo tanto no pudo dar órdenes a los comandantes militares de campaña. Según la ley, los jefes de las secciones sólo hacen recomendaciones al Jefe del Estado Mayor. Cuando la fiscalía le preguntó por qué la firma del Jefe de Inteligencia aparecía en documentos sobre operaciones militares, Ayuso declaró que sólo era una forma de autentificar el acuse de recibo. Sin embargo, en su opinión experta, una firma implica el conocimiento oficial de una política o funcionamiento, creando así la posibilidad de responsabilidad bajo una teoría de la responsabilidad de mando. Ayuso dijo que el Jefe o Director de Inteligencia (también conocido como “G-2”) ayudó al Jefe del Estado Mayor recopilando información acerca de enemigos y amenazas de seguridad en su contra. Indicó que principalmente, su trabajo consistía en mantener toda la información recopilada por las diferentes secciones del ejército.

El Artículo 28 del Estatuto de Roma—que estableció la Corte Penal Internacional, el primer tribunal penal internacional permanente para juzgar a los individuos acusados de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio o crímenes de agresión—permite la posibilidad de responsabilizar a los comandantes por las acciones de sus subordinados con el mero conocimiento. Específicamente, establece que un comandante militar puede ser penalmente responsable por los crímenes cometidos por sus subordinados bajo su autoridad efectiva en cuanto “sabía o, a causa de las circunstancias en el momento, debería haber sabido que las fuerzas estaban cometiendo o se proponían cometer esos delitos.” Es más, el comandante militar puede ser considerado responsable si él “no ha tomado todas las medidas necesarias y razonables . . . para prevenir o reprimir la comisión o para poner el asunto a las autoridades competentes para su investigación y enjuiciamiento.” De acuerdo con esa norma, que es similar al Artículo 7 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia y el Artículo 6 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, un comandante asume responsabilidad al tener conocimiento de los hechos delictivos y al no tomar medidas para castigar a los responsables. El testimonio de Ayuso implica que Ríos Montt y Sánchez Rodríguez tenían tal conocimiento.

El testimonio de los expertos presentó evidencia que cuestiona la teoría de la fiscalía sobre la responsabilidad de los acusados por la masacre de los Ixiles-Maya perpetrada por el ejército guatemalteco. Sin embargo, un análisis cuidadoso de las normas internacionales sobre la responsabilidad comandante y la responsabilidad del superior por los actos de sus subordinados abre las puertas a la rendición de cuentas y justicia para los sobrevivientes de estas atrocidades. Aunque técnicamente el tribunal no está obligado a seguir las normas internacionales de responsabilidad penal en sus juicios nacionales, el caso representa una oportunidad para desarrollar una ley nacional para adjudicar futuras violaciones.

Ali Beydoun observó este testimonio en la ciudad de Guatemala. El personal de UNROW Human Rights Impact Litigation Clinic y Human Rights Brief contribuyen investigación adicional en Washington, D.C.

* Ali Beydoun, Esq., es director y supervisor de UNROW Human Rights Impact Litigation Clinic en Washington College of Law. El trabajo a cerca de litigación internacional de Ali incluye una demanda colectiva contra Henry Kissinger y víctimas del gobierno chileno buscando indemnización para las muertes injustas de sus familiars, representar ciudadanos estadounidenses encarcelados en virtud de órdenes de detención de inmigración illegal, investigaciones y presentaciones ante las Naciones Unidas en favor de las víctimas Tamiles del genocidio de 2009, y Chagossians que buscan reparación por el exilio forzado y la tortura por parte de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y el Reino Unido. Ali ha dado conferencias sobre sus casos de derechos humanos en la Universidad de Madras en Chennai, India, Universidad Nacional de Itapúa en Encarnación, Paraguay, Universidad de Centro América en San Salvador, El Salvador y varias facultades de derecho estadounidenses.